La defensa a la minería que emergió esta semana del Gobierno y los principales estados productores no se basa sólo en cuestiones políticas. Por el contrario, existe una realidad económica de alto potencial de desarrollo y generación de divisas (factor clave en esta nueva etapa de la “Era K”) que las autoridades nacionales y provinciales no quieren dejar pasar. El complejo exportador de oro y cobre es el quinto mayor de la Argentina y en los próximos años podría incluso sobrepasar al cerealero. Y en el mismo sentido, la producción de litio argentina, fundamental para toda la industria tecnológica, se ubica en el cuarto puesto a nivel mundial con una participación del 11%. Estos son algunos de los datos que se desprenden de un informe realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que muestra que entre 1993 y 2009, el sector multiplicó en más de siete veces sus ventas al exterior y que en 2010 acumularon US$ 3.535 millones. Un botín de dólares que el Gobierno no quiere dejar pasar, según informó el diario Perfil. Al igual que en el caso de los hidrocarburos, las titulares de los recursos y las que obtienen las regalías de la actividad son las provincias. Para muchos de esos distritos, la minería tiene una participación importante en sus Productos Brutos Geográficos (PBG). En Catamarca, por ejemplo, donde el pueblo se está manifestando en contra de la explotación de los yacimientos y tanto los responsables de Bajo la Alumbrera como la propia gobernadora, Lucía Corpacci, insisten en que allí no se utiliza cianuro, el 23% de PBG se explica por esta industria. A nivel nacional, el impacto directo sobre el PBI no es tan alto (sólo el 3,3%), pero la actividad explica el 20% de la recaudación del impuesto a las Ganancias de las Sociedades, indica el estudio. “Y el potencial que la minería tiene para crecer en los próximos treinta o cuarenta años es altísimo”, dice Jorge Colina, economista de Idesa. El estudio refleja cómo, a través de mecanismos de control más eficientes, cooperación entre las autoridades locales y nacionales, las empresas y un desarrollo sustentable de la actividad se puede generar un crecimiento, tanto de las zonas afectadas directamente por la extracción como de toda la economía. “Es un gran negocio para el país, pero hay que trabajar pensando en el largo plazo para crear valor para todos los actores, principalmente, para las sociedades y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente”, completa Colina. A diferencia de otras industrias, los plazos que maneja la minería requieren no solo de un marco regulatorio estable (el código minero argentino data de 1992), sino también de acceso a financiación de largo plazo. Desde que se descubre un yacimiento hasta que las compañías comienzan a operarlos y obtener rédito, el proceso demora cómo mínimo siete años. Y el ciclo de negocios se extiende por treinta o cuarenta años. Es por ello que Colina afirma que el potencial que la actividad representa para la Argentina es tan importante. “Todavía no alcanzamos el desarrollo pleno. Si las cosas se hacen bien, podríamos crecer durante todo ese tiempo”, completa el economista. El desafío radica justamente en “hacer las cosas bien”. Una de las principales críticas que reciben las compañías mineras es que cuando los ciclos terminan, la generación de valor para los pueblos es nula. “Lo que se necesita es un trabajo en conjunto de los Estados nacional y provinciales, las universidades, las compañías y de toda la sociedad para generar un marco de responsabilidad que beneficie a todos”, dice Colina. En ese sentido, el estudio de Idesa resalta los buenos resultados que los fondos fiduciarios aportan a la ecuación, especialmente, para los gobiernos locales. Este instrumento preserva las ganancias generadas por la actividad en el largo plazo y ajenas a los ciclos políticos. “E incluso permite fijar el destino que se le dará a esos fondos, lo que ayuda a transparentar la actividad”, dice Colina. Entre 1950 y 1980 había sólo cinco en funcionamiento en el país relacionados con la minería. Pero desde la década del 80, la cifra trepó hasta un total de 61. Y entre 2000 y 2008, se establecieron 27 nuevos fondos.
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