Si bien Moya y los vocales al igual que el resto de funcionarios del Gobierno provincial, presentaron la renuncia a sus cargos al Gobernador, hasta la fecha no han sido notificados por la aceptación de la dimisión o por la confirmación en sus cargos. Tras la renuncia aceptada del presidente, al frente del ente queda el vicepresidente, Félix Moya quien manifestó a que "nosotros vamos a continuar -junto a los vocales- trabajando y redoblando los esfuerzos para esta época estival" Acerca de las versiones que ponen en jaque la continuidad del ente, Moya argumentó que son facultades y decisiones que debe tomar el Gobernador de la Provincia. Al tiempo que aseguró que, en una etapa de reorganización estatal, se le puede cambiar el nombre, continuar con el mismo o modificarlo pero cuando se trata de servicios "siempre tiene que haber un área que controle y regule su prestación". Moya reiteró que la decisión está sujeta al gobernador Beder Herrera y reafirmó el compromiso de seguir trabajando en estos meses de verano "donde tenemos que redoblar los esfuerzos para asegurar que las empresas cumplan con los servicios". Por otra parte, señaló como dos aspectos fundamentales para el Ente que deben ser considerados por la Provincia el avance en la línea minera y la necesidad de que las normas sean actualizadas en lo concerniente a las aplicación de multas, teniendo en cuenta que las mismas datan del año 1995 y resultan obsoletas. Según Moya, "hoy a la empresa le conviene que le hagan las multas y no efectuar una inversión" y añadió que "no es para condenar o matar a la empresa", sino para corregir políticas que en materia de inversión deben hacerse. Ante la consulta de los avances en materia energética que persigue el Gobierno provincial, Moya consideró que "la Provincia tiene que generar todas las condiciones de competitivdad necesarias para que los empresarios inviertan en La Rioja". Del mismo modo, precisó que "el gobernador Beder Herrera ha interpretado esa necesidad y está haciendo los diligenciamientos necesarios para poner mayor énfasis en que las empresas vengan a la Provincia y tengan un pie de igualdad en agua, energía eléctrica, impuestos que les permitan radicarse aquí y que no busquen otras provincias" En alusión a la revisión de los contratos celebrados entre el Gobierno y las empresas privatizadas, Moya afirmó que es un paso fundamental y necesario y consideró importante la actualización de las multas y la revisión de las etapas de inversiones que debe realizar la empresa. Respecto a las multas a las empresas privatizadas, indicó que permanentemente se le está notificando a las empresas por irregularidades en la prestación del servicio. Por último señaló que está en sus etapa final un expediente mediante el cual la empresa EDELAR debe pagar por artefactos dañados a 26 usuarios que suma un total de 50 mil pesos.
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