LA JUSTICIA BUSCA RECUPERAR LOS VIDEOS DAÑADOS POR LA TOMA DE LA LEGISLATURA.

Los videos que la justicia penal había incorporado como prueba de la toma de la Legislatura a manos de ex funcionarios y militantes del mazismo en diciembre del año pasado, fueron dañados para impedir su reproducción y ahora los fiscales del caso iniciaron una investigación para esclarecer el caso. Así lo confirmaron fuentes cercanas al procurador general Claudio Ana, quien recibió la denuncia hecha por los fiscales Gustavo Zalazar y Hugo Montivero. Se trata de los videos que la justicia recogió de los distintos medios de comunicación audiovisual en diciembre del año pasado, y en los que se observa a ex funcionarios y militantes alineados con el ex gobernador Ángel Maza invadiendo el recinto legislativo, rompiendo bancas y el sistema de audio, entre otros incidentes. Según fuentes de la Procuración General, esas cintas estaban bajo custodia del juzgado de instrucción que inició la investigación y los daños provocados fueron notados por los funcionarios judiciales la semana pasada, cuando pretendieron exhibirlos durante el juicio oral y público que condenó al ex jefe de la policía de Maza, Julio Nieto, a dos años de prisión en suspenso por no haber enviado refuerzos para impedir la toma del recinto. De todos modos, si los medios de comunicación -canales de TV y diarios de papel- mantienen sus archivos en orden, esas imágenes pueden recuperarse rápidamente. Es que, en estos casos, la prueba no es de la justicia sino, en realidad, de los medios que filmaron los incidentes. Igualmente, la justicia intentará determinar puntualmente los hechos, porque los fiscales creen que las cintas fueron dañadas para que no pueda precisarse la identidad de funcionarios y militantes que participaron de la toma del recinto.Sin embargo, copias de esas imágenes televisivas y fotográficas, abundan. La Legislatura fue tomada por el mazismo el 14 de diciembre del año pasado, para impedir que los diputados sesionen. Ese día, el bederismo amenazaba con votar una enmienda constitucional para derogar la reelección indefinida de gobernador y vice y el mazismo sostenía que se trataba de desplazar del poder al ex mandatario, finalmente destituído.