Bajo el argumento de salvar las fuentes laborales, la Legislatura autorizó la compra de una empresa del departamento Arauco, con base en la localidad de Aimogasta, con suspensión de sus operaciones por parte del Banco Central de la República Argentina, como así también sus directivos; con una deuda irrecuperable en el Banco de la Nación Argentina; con embargos y juicios ejecutivos, según la documentación que pudo acceder Noticias NOA. Se trata de la empresa olivícola arauqueña Principal S.A., tras el interés demostrado por el propio intendente, Gustavo Minuzzi, ante el bloque de diputados justicialistas y el gobierno provincial. En junio, durante el tratamiento legislativo, el diputado por Chilecito, Julio Pedroza impulsó, fundamentó y obtuvo la sanción de su proyecto de ley por el cual se autoriza al Ejecutivo a adquirir por contratación directa la olivícola arauqueña Principal S.A., a fin de evitar que su cierre deje improductivas 200 hectáreas de olivos, sin trabajo a su personal y perjudique la cadena productiva en tres departamentos, Arauco, Castro Barros y San Blas de los Sauces La sanción fue respaldada por los diputados Mario Guzmán Soria y Sergio Casas, quienes apuntaron la posibilidad de que en manos del Estado pueda convertirse en “empresa testigo” de la actividad olivícola riojana y los perjuicios que su cese acarrearía a los departamentos citados. En esos días, el intendente de Arauco, Gustavo Minuzzi, recibió en su despacho a trabajadores de la empresa, acompañados por la delegada del STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación) ante rumores sobre la pérdida de su fuente de trabajo. En la oportunidad Minuzzi prometió interesar al gobernador Luis Beder Herrera para mantener la fábrica en funcionamiento. La última información anterior, hasta el proyecto presentado por Pedroza en la Legislatura, fue que el jefe comunal arauqueño había acompañado al gobernador a la Capital Federal para entrevistar a sus accionistas. Según El Independiente, Principal S.A. exporta la mayor parte de su elaboración de aceitunas de mesa, para lo cual cuenta con un autoclave que le permite envasarlas en latas libres de cualquier contaminación, aptas para entrar al exigente mercado estadounidense. En lo que va de su gestión, el actual Gobierno creó varias empresas del Estado, bajo la figura de sociedades anónimas o fideicomisos, pero Principal S.A. se convertiría en la primera empresa privada en pasar a manos del Estado. Sería también el primer emprendimiento estatal capaz de regular la olivicultura provincial, luego de una larga serie de intentos por cooperativizar a los productores de Arauco y construir instalaciones que no dieron los resultados esperados. Según la Comunicación “C” 46205 del Banco Central de la República Argentina, que lleva la firma de Roberto Provinzano (Inspector General de Control de Cambios de la Gerencia de Control de Entidades no Financieras) y Jorge Lombardi (Gerente de Control de Entidades no Financieras), la empresa Principal S.A. tiene suspendida sus operaciones. A través de esa comunicación, la entidad bancaria madre pide que “sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio o, en su caso, a su anulación, a nombre a por cuenta de Principal S.A., CUIT N° 30-66045568-6, Estaturo Social del 17/09/92, inscripto el 30/04/93 en el Registro Público de Comercio de La Rioja, bajo el número 979/998, del libro 47”. Y además para “Carlos Alberto Baigorria, presidente, Libreta de Enrolamiento N° 5.541.642, CUIT N° 20-05541642-8 con domicilio en Pelegio B. Luna 942, piso 6°, en La Rioja”, dice el informe del Banco Central de la República Argentina. También afirma que “deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encontraren pendientes de aviso a los corresponsales” y destaca que “estas medidas precautorias son aplicadas de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 19.359 de Régimen Penal Cambiario”. A su vez, el Banco de la Nación Argentina le reclama a la empresa Principal S.A. una deuda de $ 931.800 siendo calificada en situación “5” en marzo de 2004, ya que es un importe irrecuperable. También tiene siete cheques rechazados sin fondos por $ 165.343,74 y afirma que “no ha sido recuperado el último cheque rechazado en junio de 2008”. Además hay 13 embargos firmes de la AFIP por $ 756.470,93, siendo el último embargo en abril. También tiene un juicio ejecutivo de Consolidar ART de octubre de 2008; de Sierras del Vilgo de diciembre de 20005; y una ejecución prendaria de Rosato Santiago de noviembre de 2006.
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