La senadora Teresita Quintela impulsa una modificación a la ley 23.091, que postula la creación de una Organización Estatal de Viviendas para Alquilar. Propone cambios en el precio de la locación, la prórroga del plazo de los contratos y la forma de pago establecida, que permite blanquear una masa monetaria que no suele tributar, y que con unas 430.000 viviendas alquiladas solamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, alcanza un volumen anual muy importante (más de 3.500 millones de pesos) que se bancarizarán. Según la legisladora "hoy el mercado de los alquileres no funciona con las leyes de la Oferta y la Demanda, pues sus precios aumentan vertiginosamente cuando la demanda crece, pero no bajan prácticamente nada cuando esta decae. Tampoco hay simetría entre las situaciones de los locadores que generalmente pueden prescindir de esos ingresos y de los inquilinos que necesitan desesperadamente un lugar donde habitar. A esto se agregó el hecho de que las prácticas actuales son cada vez más abusivas con las personas que necesitan una vivienda". Por otra parte, la calidad de las viviendas urbanas, los estudios profesionales y los pequeños locales comerciales que se alquilan no están en las mejores condiciones porque se ahorran costos para obtener el mayor beneficio, por ese motivo también es necesario instalar nuevos estándares de calidad en la oferta, y la participación del Estado en este mercado es el método más adecuado. Quintela dice además que es necesaria la intervención del Estado en el mercado porque es enorme el déficit de viviendas, situación, que la oferta comercial no logra satisfacer, pues en las actuales condiciones de financiamiento, los planes para pagar una vivienda mediante la obtención de una hipoteca sobre la misma fracasan en forma reiterada. "El Estado tiene la obligación de realizar inversiones a largo plazo para solucionar este problema, ofreciendo construcciones adecuadas, a precios accesibles y por plazos apropiados a las necesidades de la población, para lo cual se ha creado la Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar, que tendrá la responsabilidad de construir anualmente 10 millones de metros cuadrados destinados a viviendas urbanas, estudios profesionales y locales comerciales. Según el proyecto el precio de estos alquileres no dependerá de un mercado que no funciona, sino del costo de cada unidad (precio del terreno más costo de la construcción) dividido por 150 para determinar el precio mensual de la locación, lo cual permite recuperar la totalidad del capital invertido en 12,5 años, y seguir manteniendo la propiedad del bien. En el caso de las unidades actualmente alquiladas, este valor se tomará de acuerdo a la Tasación Fiscal o Revalúo Urbano de cada municipio, pudiendo el locador solicitar que este valor se actualice anualmente. El plazo de las locaciones será ampliado a 5 años para las viviendas y a 6 años para los estudios y locales comerciales. La renovación de plazos será automática, a menos que el locador tenga motivos fundados para no hacerlo. "De esta manera se solucionan los graves problemas que tienen las familias y los trabajadores que deben cambiar de lugar y de barrio cada 2 o tres años, alterando su vida por la voluntad de un tercero". Las garantías para poder alquilar será solucionada en forma obligatoria por el banco que el futuro locatario elija, que cobrará por ello un mes de alquiler realizando una forma de Seguro de Caución con este motivo.
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