LA CGT LOCAL AGILIZA LAS ACCIONES POR LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL.

La CGT La Rioja mantendrá este martes dos reuniones clave con el gobierno y los empresarios radicados, con el objeto de pedir que se agilicen las gestiones en procura de salvar el régimen de promoción industrial que se extingue en 2012 y del cual dependen medio centenar de empresas y unos 10 mil operarios. A las 11,30 la central obrera recibirá en la sede del sindicato de Camioneros al secretario de Industria e Inversiones del gobierno, Miguel De Gaetano. Por la tarde, la cúpula sindical encabezada por Jorge Reynoso visitará la sede UNIR, en el parque industrial, para analizar la situación con el empresariado que encabeza José Brizuela. Los gremios -al igual que los empresarios- están preocupados por la falta de definiciones concretas que el gobierno de Cristina Kirchner tiene en torno del régimen promocional. Durante la semana pasada, el gobernador Luis Beder Herrera planteó el tema al jefe de Gabinete, Aníbal Férnández y al ministro de Economía, Amado Boudou. Antes, los diputados nacionales riojanos habían acordado con la titular de la cartera de Producción, Débora Giorgi, el armado de un proyecto provincial de desarrollo integral que debería incluir una solución para las empresas radicadas. Subsidios al transporte de la producción, a los fletes y los combustibles podrían ser algunas iniciativas que integrarían ese plan para ‘disimular’ algunos beneficios fiscales que las empresas radicadas tienen actualmente pero que generan resistencia en el resto de los distritos. Mas allá de la solución técnica que se encuentre o no, la paciencia de los gremialistas empieza a sofocarlos. Es que depende de sus gestiones el futuro de 10 mil familias trabajadoras y no se avizora, al menos por ahora, ninguna solución concreta. Esa incertidumbre está generando también mucha inseguridad jurídica en las empresas, porque dilatan o desisten de avanzar con proyectos de inversión ante la situación planteada. Fuentes cercanas a la casa rosada, hicieron saber que no existe voluntad política de la Nación en conceder una prórroga similar a la que se extendió para Tierra del Fuego, por quince años, durante la gestión de Néstor Kirchner.