La senadora Ada Maza habría alertado el viernes pasado al ministro del Interior, Florencio Randazzo, sobre la situación judicial de su hermano, el ex gobernador de La Rioja, Angel Maza, quien junto a varios de sus ex colaboradores fueron citados por la justicia provincial para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga los hechos vandálicos y toma del edificio de la Casa de Gobierno en marzo de 2007. En esa oportunidad, el ex mandatario resistió el desalojo, junto a un grupo de seguidores, luego de que la Legislatura lo suspendió a consecuencia de un juicio político por "mal desempeño de sus funciones". La citación de Maza y ex funcionarios fue dispuesta por el juez penal de la Capital, Daniel Barría, en la causa caratulada "Maza Angel Eduardo y otros-, Sedición, Incendio y Otros". La senadora habría denunciado una supuesta persecución política contra el sector que lidera su hermano ante Randazzo, ya que los dirigentes mazistas Martín Illanes y César "Tito" Cáceres fueron citados por el juez, para que este lunes presten declaración indagatoria en la causa. Este martes será el turno para Maza; su hermano, el ex secretario de Desarrollo Social, Jorge Maza y el ex dirigente Hugo Sánchez, quienes deberán presentarse a declarar por la misma causa. Mientras tanto, los abogados defensores de Maza recusarían al juez, mientras temen que el ex gobernador junto a los demás convocados por la justicia- sean detenidos por Barría. Además Maza tiene previsto presentar este miércoles, a las 20, su libro en el Club Social, sito en Joaquín V. González 33 de esta ciudad Capital. “Este libro refleja, exclusivamente eso, mi verdad, la que nació a la luz de los hechos vividos y padecidos por la provincia en los primeros meses del año 2007” , dice Maza en la invitación que curso a medios de prensa. El 13 de marzo de 2007, tras un juicio político impulsado por la mayoría de los 23 legisladores que integraban la Cámara de Diputados, todos justicialistas aunque de distintas líneas internas, Maza fue suspendido en el ejercicio de su cargo imputado por una expropiación de tierras supuestamente ilegal en la zona sur de la Capital, donde se construía la actual Avenida de Circunvalación. En la tarde ese día, una comisión legislativa intentó notificarlo pero Maza, junto a un grupo de militantes y efectivos policiales que le respondían, se encerró en el edificio de Casa de Gobierno, donde sus militantes, durante la noche, provocaron destrozos en oficinas y quemaron parte del área de Hacienda, dañando computadoras e información de archivo. Finalmente, el 14 de marzo por la mañana Maza aceptó el desalojo y fue retirado por sus propios efectivos policiales de la custodia. Un mes después, la Legislatura aprobó su destitución definitiva y lo inhabilitó por cinco años para el ejercicio de cargos públicos. Este mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un amparo presentado por Maza y, casi dos años y medio después, revocó la inhabilitación al sostener que no había sido planteada cuando se lo acusó ante la Legislatura provincial y que, de esa manera, se violó el derecho de defensa en el juicio político que se le siguió. La inhabilitación del ex gobernador había sido incluida en su fallo por la Sala de Sentencia de la Cámara de Diputados riojana, medida luego confirmada por el máximo tribunal de la provincia. Esto lo dejó fuera de carrera en la elección que se haría ese año para elegir a su sucesor. La medida benefició al actual gobernador provincial, Luis Beder Herrera, que triunfó luego en la elección.
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