El gobierno decidió aplazar una semana la audiencia pública prevista para el próximo miércoles 4 de noviembre, con el objeto de analizar la situación que atraviesa el servicio de agua potable y cloacas concesionado a la empresa Aguas de La Rioja, adelantaron a Riojavirtual fuentes oficiales. Actualmente, el gobierno mantiene suspendida la concesión luego que una serie de auditorías técnicas y financieras demostraron irregularidades, falta de inversión, endeudamiento, incapacidad de cobro y deficiencias en la prestación. El Ente Único de Control de las Privatizaciones decidió este viernes demorar la audiencia una semana mas, en fecha a confirmar, debido a que debe responder una serie de planteos y objecciones hechos por la privatizada, que defiende su capacidad de administrar el servicio y rechaza la decisión del gobierno de intervenirla. Con la finalidad de acumular documentación y elementos probatorios suficientes para tal objetivo, es que el Eucop decidió aplazar la audiencia pública en la que instituciones estatales y privadas, partidos políticos y ciudadanos comunes podrán participar para dar su opinión sobre el funcionamiento de la empresa y del servicio. El Ministerio de Infraestructura está supervisando los procedimientos en representación del Ejecutivo provincial y el Eucop informará en las próximas horas cual será la fecha definitiva de la audiencia pública. El resultado de esa audiencia no es vinculante en cuanto a la decisión que finalmente tome el gobierno sobre el futuro del servicio concesionado en Capital, Chilecito y Chamical. Pero fuentes del Ejecutivo aseguraron a Riojavirtual que el gobernador Luis Beder Herrera ‘tendrá en cuenta la opinión de los usuarios y los informes oficiales sobre la real situación de la compañía’. El Eucop, unos días después de concluída la audiencia pública, debe elevarle al Gobernador un informe con las conclusiones, en donde puede sugerir una determinación. Distintas fuentes consultadas no descartan que, finalmente y como lo viene anticipando Riojavirtual hace mas de un mes, el gobierno decida dejar caer la concesión y despedir a Aguas de La Rioja, para formar una empresa estatal bajo la modalidad de sociedad anónima e incorporar en el futuro capital privado a la gestión. La suspensión que el gobierno aplicó sobre la concesión de la empresa vence a fines de diciembre, pero el Ejecutivo podría prorrogarla hasta tomar una determinación concreta.
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