ANGEL MAZA PODRIA RECIBIR ENTRE DOS AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN.

Por lo visto, ni la Justicia ni el Ministerio Público Fiscal riojanos se olvidaron de los expedientes que penden como una espada de Damocles sobre la cabeza del ex gobernador Angel Maza, por varias causas a las que les falta mucho tiempo para sus respectivas prescripciones. El fallo “reivindicatorio” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó al ex primer mandatario a ocupar cargos públicos –luego de su interdicción por la Legislatura local- está teñido del patronímico que más sonó en la era K: Fernández, Aníbal y Alberto, quienes alguna vez fogonearon la intervención a La Rioja, sólo para prohijar a un gobernador que quería serlo por cuarta vez. Si es verdad que la justicia en La Rioja comenzó caminar, difícilmente el hombre que copó y ordenó la quema de la Casa de Gobierno, la toma de la Legislatura y el desvío de fondos extracoparticipables, entre otros temas, se salve de otra inhabilitación. Más allá de algunos vericuetos formales que hubieron en la destitución de Angel Maza, que van de la mano al sistema desordenado que tenemos tanto en el orden legislativo como en el judicial ¿quién puede dudar de que la toma de la Legislatura y de la Casa de Gobierno no existió? El Palacio Legislativo y la sede gubernamental, son los símbolos más preciados de la democracia que nos rige. Ambos fueron incendiados, destrozados, consciente y premeditadamente y con la anuencia del por entonces gobernador Angel Eduardo Maza. Escuchar de su boca “pedido de reparación” al Estado, es un salivazo, un insulto a todos los ciudadanos; una desproporción; una imagen exacerbada de sí mismo. Tal vez se haya tomado en serio que él era “el ojo sobre la pirámide” según El Perfil de un Líder, libro que él mismo patrocinó. Esas fallas formales en la destitución de Angel Maza que se citó en párrafo ut supra y que la Corte Suprema de Justicia “corrigió”, mucho se parecen a la sentencia de la Cámara Tercera en el caso Arrosas que absolvió a un padre violador de sus tres hijos, simplemente por pruritos legales, aunque felizmente el Superior Tribunal de Justicia provincial, también corrigió, convirtiéndose en Tribunal de Mérito y condenando al degenerado a 22 años de cárcel. Del mismo modo, si es verdad que la buena administración de justicia le dará a cada uno lo suyo en la provincia, no puede menos que condenar a Angel Maza y consiguientemente inhabilitarlo por el tiempo paralelo a esa condena. Luego de su suspensión, Angel Eduardo Maza se dirigió desde la Legislatura a la Casa de Gobierno, presidiendo una larga caravana de jóvenes, muchos de ellos niños aún, con la intención, ya elaborada días antes (según el Plan Servilleta), de copar la Casa de las Tejas y resistir hasta que el presidente Néstor Kirchner intervenga la provincia. No sólo eso: tomó el micrófono ante unas trescientas personas y lo dijo con todas las letras: “Se hace necesaria la intervención federal”. En tanto que las oficinas nacionales le eran esquivas a Beder Herrera, Didí había aceitado sus relaciones con casi todo el elenco nacional, particularmente los hermanos putativos Fernández, Aníbal y Alberto, y otro hoy caído en desgracia, Emilio Pérsico, que había pontificado en una visita a La Rioja, que a Maza no había que tocarlo. Ese fatídico 13 de marzo conspicuos personajes de la administración Maza esperaban la “pueblada” de unas veinte mil personas que harían tronar las bellaquerías de un Beder que aparentemente llevaba las de perder, con tamaño apoyo local, rulos que le dicen, más el apoyo nacional. Pero como con el dedo y la lengua se hace un potrero y algunos trabajan con la lengua y el culo, de las veinte mil, que nunca fueron, sólo se contaron en la Plaza 25 de Mayo no más de trescientos asalariados dispuestos a vivar a Maza, vivarlo nomás, pero no ir hasta la tumba con él. El expediente sobre el copamiento a la Casa de Gobierno lleva el Nº 45228 – Letra “M”- Caratulado: “Maza Angel Eduardo – Continuación arbitraria en el ejercicio del cargo”, y fue elevado el once de junio de 2009 al juez de Instrucción Héctor Barría, con el consiguiente pedido de juicio al ex mandatario. En sus fundamentos la pieza recuerda que “el día 13 de marzo de 2007 la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados dispone la suspensión del señor Angel Eduardo Maza en el cargo que ejercía de Gobernador de la Provincia de La Rioja, medida esta que le fue notificada el mismo día, a horas 20”. “No obstante ello –continúa- el procesado Maza continuó en el ejercicio de su función luego de notificado de tal decisión legítima y emanada de la autoridad competente, dictando incluso el decreto 516, de fecha 13 de marzo de 2007”. En este decreto clave para conocer el estado de impunidad que rodeaba al ex gobernador, Maza, se arrogaba así mismo funciones de gobernador cuando ya no lo era, pasando por alto la interdicción dictada en su contra por la Cámara de Diputados. Según el oficio, Maza comunicó esta decisión unilateral “al gobierno nacional y a los distintos gobiernos provinciales de que la titularidad del gobierno de la provincia de La Rioja continúa siendo ejercida por él”. Especifica que “el día 13 de marzo de 2007, a horas veintiuna comparece por ante el Ministerio Fiscal el señor Sergio Casas en su carácter de Vicepresidente Primero de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, formulando denuncia penal en la que indica que ese mismo día, a horas 20, el señor Angel Eduardo Maza fue notificado en la Residencia Oficial Nº 1 de la suspensión dispuesta por la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados en el juicio político incoado en su contra”. Otro párrafo de la acusación dice que no obstante esta suspensión y la correspondiente notificación, decide “permanecer en el cargo como gobernador redactando el Decreto 516. Este conocido y polémico decreto rechaza en su artículo primero “la decisión de suspender al Gobernador de la Provincia por la Legislatura Provincial” y en su artículo 2º comunica al “Gobierno Nacional y los distintos Gobiernos Provinciales que la titularidad del gobierno de la provincia de La Rioja, continúa siendo ejercida por Angel Eduardo Maza, con todas sus facultades y atribuciones inherentes a su cargo”. La continuación arbitraria en el ejercicio del cargo -acreditada por otros elementos probatorios independientes, como ser las denuncias de los arrepentidos ante la justicia quienes habían sido filmados además en los desmanes- dio como resultado la orden de desalojar el edificio gubernamental por parte del juez de turno, Miguel Angel Morales, que a la postre no sabía a qué “jefe” de policía enviarle los respectivos oficios, por lo que habría determinado hacerlo al “Jefe” de Policía que le respondía a Maza, Jorge Nieto, y también al “Jefe” de Policía que le respondía a Beder, el actual titular de esa fuerza, Luis Angulo. El atrincheramiento en la casa de Gobierno con sus huestes, está acreditada también por las declaraciones testimoniales de quienes habían sido filmados y como último recurso para salvarse, decidieron aportar el conocimiento que tenían de la cosa a la Justicia. De estas declaraciones surgen de qué modo la “muchachada” entraban a casa de Gobierno con armas y bombas molotov dentro de los bombos, con absoluto conocimiento del ya suspendido Gobernador “quien se paseaba por el salón Oeste de la Casa de Gobierno mirando los bolsos con todos estos elementos y ordenando lo que se iba a hacer”. Esa conducta de Maza está contemplada en el artículo 246 del Código Penal, como un delito de Continuación Arbitraria en el Ejercicio del Cargo, además de los efectos colaterales que surgen de esa desobediencia: caos, destrozos, incendios, violencia, a la sede de Gobierno. Por esto al ex gobernador le correspondería dos años a de prisión en suspenso (el delito es excarcelable) y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero además están las otras causas: el de la toma de la Legislatura, y el desvío de fondos extracoparticipables a cuentas particulares, y los delitos que se podrían desprender de ellos. Según las fuentes más altas de la Justicia, estas causas llegarán a juicio, por lo que difícilmente prospere la intención del ex gobernador de pedir “resarcimiento” al Estado. Y de llegar a juicio: ¿sería absuelto con todo este cúmulo de cosas? .