El fiscal Federal Darío Illanes apeló la detención domiciliaria que autorizó el juez Herrera Piedrabuena en la causa por delitos de lesa humanidad al ex juez Roberto Catalán y que tendrá que resolver la Cámara Federal de Córdoba. Por su parte los ex presos políticos expresaron su rechazo a esta decisión considerando este tipo de reclusión como un privilegio. La detención domiciliaria del ex juez Roberto Catalán fue autorizada por el juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena el martes 22 de junio fue apelada por el fiscal Federal Darío Illanes una semana después. Catalán se encuentra imputado en la mega causa sobre violación de domicilio, apremios y privación ilegítima de la libertad que tiene como principal involucrado a Luciano Benjamín Menéndez condenado recientemente a cadena perpetua. Catalán junto a más de 60 imputados forma parte de la investigación donde ya declararon más de 60 personas, entre ellos ex presos políticos que acusan al juez y algunos de cuyos testimonios también están en informe Final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de 1984. En relación a la apelación sobre la detención domiciliaria de Catalán, el fiscal Illanes confirmó a que el martes (ayer) hizo la presentación legal rechazando la decisión de Piedrabuena. La apelación es girada a la Cámara Federal de Córdoba quien deberá responder en los próximos días el pedido de la fiscalía. Illanes, además de Fiscal Federal en la etapa de instrucción de esta megacausa, se desempeña como Fiscal General en las causas que investigan los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville y la del soldado Villafañez que se encuentran más avanzadas en el Tribunal Oral Federal. “La libertad domiciliaria al ex juez Catalán es la pervivencia de la impunidad”, señalaron los integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con la firma de Rogelio De Leonardi, Eduardo Chavarria, Miguel Guerrero y Carlos Laciar. A través de un comunicado de prensa dijeron que la detención domiciliaria de Catalán es “una nueva cachetada para los ex presos políticos, los familiares de desaparecidos y las organizaciones sociales que desde el retorno de la democracia vienen denunciando y luchando para que la justicia se ponga a la altura del momento histórico, enviando a la cárcel a los genocidas que azolaron nuestro país durante la dictadura”. Además, señalaron que “cuando luego de 27 años de democracia, desde el gobierno nacional, la Corte Suprema y el Poder Legislativo, se concluyó que lo ocurrido en la Argentina a partir del golpe de estado de 1976 fue un genocidio, la Justicia Federal Riojana le otorgo la “prisión domiciliaria” a este personaje que tiene el nefasto privilegio de ser el símbolo de la represión en La Rioja”. Los integrantes de la CTA recordaron que La Rioja tiene 32 desaparecidos, familias mutiladas por la intolerancia y crímenes como el de Carlos de Dios Murias, Gabriel Longeville, Wenceslao Pedernera y Monseñor Angelelli “que son la impronta de sangre y de impunidad que acompaña a los Catalán, Menéndez, Estrella, Chiarello, Bruja Romero, Goenaga, Vilte, Britos entre otros, por donde quiera que vallan”. Por último la CTA expresó “su mas enérgico repudio a esta nueva afrenta contra la sociedad riojana, que no solo debe soportar la vergüenza de caminar al lado de estos genocidas, también el tener que aceptar que uno de ellos que hasta ayer nomás disfrutaba de las mesas de los bares céntricos, hoy “casualmente” cuando es indagado y se ordena su detención se enferma”.
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