Aunque la provincia busca que se mejoren los incentivos fiscales para aquellas empresas que deseen radicarse a futuro, el gobierno local ha fijado como prioridad la consolidación del decreto objetado judicialmente por Mendoza, para que se aplique. En ese sentido, Yoma dijo que, en el plano político, el Congreso respalda la legitimidad del decreto que firmó Cristina Kirchner y que la postura de los legisladores mendocinos no tiene fuerza. Por su parte, el secretario de Industria e Inversiones del gobierno, Miguel De Gaetano, confirmó que la provincia insistirá ante la Nación para que el decreto que extiende la promoción industrial incluya atractivos fiscales para las nuevas empresas que quieran radicarse. “5.500 millones de pesos de cupo fiscal y quince años de plazo son los ejes de ese reclamo”, admitió De Gaetano, quien dijo ser “optimista” porque entiende que “hay decisión política nacional en corregir el decreto” 699, pese a la postura de la ministro de Industria Débora Giorgi. En el decreto y por influencia de Giorgi, la Nación dispuso que las empresas nuevas que pretendan radicarse en la provincia solo se beneficiarán con un subsidio del 40 por ciento de la masa salarial de los empleos que generen. Pero no podrán desgravar los impuestos a las ganancias e IVA como lo contempla el régimen actual que caduca en 2012. “Hay que hacerle entender a la Nación que tal como está el decreto es difícil que vengan a radicarse nuevas empresas”, admitió De Gaetano, quien adelantó que junto al diputado nacional Jorge Yoma, se reunirá en Buenos Aires con asesores de Giorgi para plantearle el reclamo que la provincia ya consensuó con los técnicos de la Unión de Industrias Riojanas, UNIR. Mientras tanto la Legislatura votó una ley de adhesión de la provincia al decreto firmado el 20 de mayo pasado por la presidente Cristina Kirchner, aunque reclamando las correcciones que permitirían atraer nuevos emprendimientos.
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