LA NACION APELÓ LA SUSPENSIÓN DE LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL.

El abogado sanrafaelino Hugo López Guillén -en representación del Poder Ejecutivo Nacional- presentó el jueves pasado ante el juez federal de San Rafael, Raúl Acosta la apelación a la medida cautelar dispuesta por el magistrado contra el decreto 699 de extensión de la promoción industrial. Se trata de un escrito de 50 fojas que ingresó al juzgado, cuya notificación efectiva -por razones de cumplimiento de requisitos formales- no llegará a la Cámara de Comercio de San Rafael (promotora del amparo contra el 699) hasta la semana entrante. Según pudo conocer Los Andes, el escrito apunta a "voltear" la medida cautelar otorgada sobre la base de dos principales argumentos: "el decreto 699 es válido y constitucional porque se dictó en uso de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional" y "la Cámara de Comercio de San Rafael no tiene legitimidad para presentarse solicitando una medida cautelar, ya que no tiene un interés afectado porque el decreto 699 no está confeccionado para un caso concreto". La presentación de la Nación recién trascendió informalmente este lunes en San Rafael, cuando responsables jurídicos de la cámara empresaria sanrafaelina detectaron la novedad, durante una revisión de expedientes en tribunales. El tema fue confirmado por la Casa de Gobierno, hacia el mediodía tras la reunión del Gabinete provincial. "La Cámara de San Rafael ha informado que el Estado nacional apeló la medida. Esta apelación va a ser contestada y no suspende la medida cautelar dictada por el juzgado de San Rafael" por lo que que el congelamiento "sigue vigente hasta que un tribunal superior se pronuncie", dijo el secretario legal y técnico de la Gobernación, Fernando Simón. Esta apelación no se trasladará a la Provincia por no ser parte directa en este expediente específico, sino en uno mayor ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que no sólo pide la suspensión transitoria del decreto sino su invalidez total. El secretario de Promoción Industrial, Javier Espina, aseguró que "ninguna empresa seria puede estar haciendo un plan de negocios sobre la base del decreto 699, ya que es confuso, vago, impreciso y encima no está vigente. Sólo habla de La Rioja y no menciona a las otras provincias. El único sistema de promoción industrial que todavía está vigente finalizará en 2012", manifestó. Por su parte el ministro de Gobierno, Mario Adaro, rescató "la postura de los partidos políticos" ya que "más allá de algunas apreciaciones públicas aisladas de algunos legisladores, estamos todos en el mismo camino". Y confirmó que en la reciente reunión de presidentes de partidos políticos (a la que asistieron el radical César Biffi y el peronista Rubén Miranda) se acordó que "nadie va a buscar un rédito electoral o político" con la promoción industrial. Asimismo, Adaro destacó que "lo más saludable es que ante distintas posturas en ámbitos federales, la Corte se pronuncie rápidamente". Por su parte el abogado de la Cámara de San Rafael, Pablo Callejas, confirmó que -una vez notificada y en los dos días siguientes- la Cámara contestará la apelación de la Nación mediante un escrito que "ratificará lo dicho anteriormente y buscará desvirtuar las consideraciones del Estado Nacional". Callejas también confirmó que la organización empresaria sanrafaelina "apelará el fallo del juez federal Leopoldo Rago Gallo (que consideró "vigente" el decreto 699), si reciben una notificación del magistrado". La apelación de la Nación a la decisión del juez Raúl Acosta, llevará el planteo a la Cámara Federal de Mendoza (que tiene dos salas y funciona en Avenida España y Pedro Molina de Mendoza Capital) la que deberá expedirse sobre el tema, sin plazos. Y se descuenta que -sea cual fuere la decisión de la Cámara de Mendoza- el tema llegará por apelación de una u otra parte a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.