La reunión se llevará a cabo a partir de las 20 en el Salón Auditórium de la Secretaría de Tierras donde habitualmente se realizan las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. En la ocasión participarán el fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Angel Avila y el Fiscal General, Claudio Ana, quienes recibirán un extenso informe y la exposición de toda la política territorial que está implementando el Estado a través de la Secretaría de Tierras, además de la situación vinculada con la venta de tierras en el departamento Chilecito. El miércoles último los diputados recibieron un informe del titular de Tierras, Ariel Puy Soria, y resolvieron convocar a una reunión con la participación de los demás organismos del Estado. "Hay que ser prudentes ante la situación", había dicho el diputado y presidente de la Comisión de Viviendas y Tenencia de la Tierra, Angel Páez, anticipando la conformación de una Comisión Investigadora. En esa oportunidad se advirtió que "la intención es investigar todos los hechos, las acciones relacionadas con la venta de tierras o con los juicios de información posesoria", dejando entrever que la Comisión estaría integrada también por la oposición. Se pudo conocer que la decisión es llegar a fondo de la cuestión y quien tenga responsabilidades comprobadas sea apartado de sus funciones a través de las vías instituciones respectivas. La situación por las supuestas irregularidades en la venta de tierras de Chilecito, tomó un giro al conocerse y profundizarse la conexión político judicial que habría en los actores, especialmente en las tierras conocidas como "de El Paimán". El común denominador sería el buffet de abogados donde se realizarían las operaciones inmobiliarias de los lotes de El Paimán y de la venta de las tierras de Valle Hermoso, departamento Vinchina, el cual está integrado, entre otros, por el renunciado defensor del pueblo de Chilecito, el fiscal de Estado Municipal, ambos con una estrecha vinculación con el concejal Ramón Carrizo autor de la ordenanza para la creación del Banco de Tierras Municipal e impulsor para la modificación de la ley del IMTI. Una de las primeras personas involucradas en este conflicto fue el secretario del Juzgado de Paz Letrado, Mario Massud, que habría solicitado licencia en su cargo. Quien se adjudica la propiedad de las tierras de El Paimán, María Kammerath Gordillo, fue quien públicamente apareció para denunciar la existencia de maniobras tendientes a quedarse con terrenos en clara connivencia entre el poder político y judicial de Chilecito. Desde las áreas respectivas, se dejó trascender que la hija de Massud tendría a su nombre nueve lotes en ese predio, así como la esposa del fiscal Daniel Nader, hermano de la actual secretaria de Gobierno de la provincia. La familia del fiscal ya habría estado sospechada tiempo atrás en el conflictivo proceso de las tierras del Cable Carril. También aparecería en ese plano de El Paimán una hermana del concejal Ramón Carrizo y hasta el recientemente renunciado defensor del pueblo de Chilecito, Pablo Michel, que habría vendido lotes de ese predio. Las derivaciones que podría tener este resonante caso podrían ser impensables, de acuerdo con lo que se pudo conocer porque estarían dadas las condiciones para iniciar varios juicios políticos a jueces, fiscales y destituciones de funcionarios vinculados a la Justicia chileciteña.
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