Desde que se comenzó a hablar del escándalo de la "venta ilegal" de las tierras en Chilecito, los medios vienen siguiendo sus alternativas y si bien algunos no salen de su asombro, a la mayoría de la población no les sorprendió, porque era vox populi lo que sucedía y se sospechaba que tarde o temprano esto iba a estallar. Ahora la pregunta que flota en el aire es qué va a pasar con los involucrados en estos supuestos hechos delictivos, sean integrantes de buffets de abogados, autoridades, funcionarios judiciales, entre otras personalidades; involucradas por las denuncias no sólo de María Kammerath Gordillo, quien reclama por esos terrenos, aduciendo títulos y antecedentes que serían indiscutibles. Los vecinos se han expresado por los medios pidiendo se investigue y se llegue al fondo de esta cuestión, y que todos aquellos que habrían incurrido en estas maniobras tengan su justo castigo. Por lo pronto, se opina deberían alejarse de sus cargos por estar envueltos en este tipo de escándalos, al menos hasta que culmine la investigación. Están involucrados funcionarios importantes de los tres poderes, por lo que se podría estar hablando de una asociación ilícita y debe ser investigada para que no quede solo en un golpe mediático ya que los denunciados son entre otros un asesor municipal, Tomás Márquez, el concejal Ramón Carrizo; el secretario de Juzgado Paz Letrado, doctor Mario Masud; el Defensor del Pueblo renunciante (aunque el Concejo todavía no la trató, o sea que sigue en funciones), Pablo Michel; el fiscal Daniel Nader, también se pone en tela de juicio la actuación del juez de instrucción Alfredo Ramos, sobre todo en la causa de la denuncia que desemboca en la detención de Kammerath Gordillo. En cuanto al buffet de abogados locales, no sólo están involucrados en esta causa, sino también en la escandalosa venta de tierras de Valle Hermoso, donde también la actuación de la Justicia fue muy cuestionada. Además cabe aclarar que tanto Michel como Carrizo pertenecen al sector político que lidera el diputado Enrique Molina, quien en las elecciones legislativas del año pasado había sellado una alianza con el intendente Lázaro Fonzalida, la secretaria de gobierno Graciela Nader y el diputado Julio Pedroza. Pero estas pertenencias tienen que quedar de lado, los que son autoridades no deben entorpecer el proceso de investigación que se ha comenzado, al contrario deberían colaborar. Las cosas deben quedar en claro para el bien de la comunidad, porque aquí hay gente que habría comprado esas tierras de buena fe; gente trabajadora y humilde, que perseguían el sueño de una casa propia y si hubo delito los responsables tendrían que ser castigados con todo el rigor de la ley.
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