El legislador y Candidato a Senador Nacional Julio Martínez mantuvo un importante encuentro con el Presidente de la UCR Nacional Ernesto Sanz, el titular del bloque de diputados nacionales Ricardo Gil Lavedra y el Presidente de la Comisión de Justicia de la cámara baja del Congreso Nacional Juan Pedro Tunessi para evaluar la posibilidad de intervención federal del máximo órgano judicial de la provincia. La semana pasada los miembros del opositor Frente Cívico denunciaron, conferencia de prensa mediante, el rechazo de la última presentación efectuada por la irregular designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Dijo que buscarán ante la Corte Suprema y el Congreso porque no se cumplimentaron los pasos legales previstos en el Decreto 473 que data del año 2004 y fue dictaminado durante el gobierno de Angel Maza. Es por ello que se llevó a cabo la reunión entre las máximas autoridades partidarias y legislativas del radicalismo nacional. “Cuando nosotros reclamamos sobre el Decreto 473 nos dijeron que estaba derogado pero nunca fue publicado en el Boletín Oficial su derogación” argumentó Martínez. También denunció la violación a la Ley de Etica Pública “el Diputado Pocho Brizuela votó a favor de su hermano, lo cual taxativamente ésta ley lo prohíbe”. Comentó que ante ésta última acción hicieron una presentación la cual fue rechazada y que por la misma presentarán un recurso ante la Corte Suprema. Inés Brizuela y Doria dijo “que luego de presentado el amparo y del rechazo inlímine que hace el Superior Tribunal en forma unipersonal de nuestra presentación planteamos un recurso de reposición como lo manda nuestra ley procesal, se ha integrado el tribunal con 5 jueces como lo manda la Constitución y han resuelto rechazar también éste remedio sosteniendo el primer argumento, un argumento que no resiste el más mínimo análisis jurídico ni político porque lo curioso es que dicen que como partido político la UCR no está legitimada para demandar la vigencia del orden constitucional ni del sistema democrático”. A su vez se preguntó “¿si un partido político, una herramienta esencial del sistema democrático porque así lo establece la Constitución Provincial y Nacional no está habilitado para demandar el respeto a la ley y la Constitución, entonces quien está habilitado y cuales son las garantías que tienen los ciudadanos comunes que tienen del respeto a la ley y la constitución?”. Finalizó diciendo que lo más preocupante es que “en ésta segunda etapa los jueces van más allá y respecto a la no publicación del decreto derogatorio del 473 que establecía el régimen de publicidad dicen que no es obligación del estado publicar las leyes. Esto nos sorprende porque no hay un solo tomo de ninguna biblioteca en el mundo que pueda sostener ese argumento. Están modificando el código civil que es la ley de fondo que está dictado por el Congreso de la Nación”. En la reunión mantenida con los representantes de la UCR se acordó tomar los antecedentes de otras provincias como Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes y también la situación que vivió en los distritos de Santa Cruz y San Luis.
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