martes, 14 de febrero de 2012

CARPA RECLAMA AUXILIO OFICIAL PARA AVANZAR CON LA COSECHA 2012.

Es este sentido, la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios mostró su “preocupación por el desfinanciamiento del sector” de cara a la Vendimia que ya comenzó con uvas tempranas, y dijo que pese a realizar gestiones ante el gobierno provincial, no hubo respuestas positivas. Luego, criticó las inspecciones laborales en las fincas al sostener que las normas vigentes que benefician a los trabajadores golondrinas que se ocupan de la cosecha hoy son de “dificilísimo cumplimiento”. En el editorial del reciente Boletín Informativo de CARPA (Cámara Riojana de Productores Agropecuarios) se pone de manifiesto la “preocupación por el desfinanciamiento del sector” de la cara a la Vendimia 2012 que ya comenzó con uvas tempranas. Denuncia que la situación se mantiene, ya que “pese a las gestiones que desde hace tiempo se realizan con el gobierno provincial aún no se consigue una solución”. También muestra temor por las inspecciones laborales, al sostener que las normas vigentes son de “dificilísimo cumplimiento”. “Estamos frente a una crisis floreciente, porque el exceso de oferta que hubo el año pasado hizo bajar el precio del vino y por ende también el de la uva. Los costos internos subieron de una manera más que considerable y la situación llevó a que el viticultor esté desfinanciado”, resume CARPA. No obstante, señala que “tenemos expectativas en que la coyuntura no tan positiva para la producción a nivel país, cuyo pronóstico estima una disminución de alrededor del 10 por ciento (de la vendimia) en las provincias de Mendoza y San Juan, mejoraría los precios que se manejan en el sector”. Subraya luego que “estas son las incongruencias de la economía y del libre juego de la oferta y la demanda, que cuando una cosecha es buena en términos de producción, resulta negativa en términos de rentabilidad”. Asimismo puntualizó que a lo expuesto “se debe agregar las crecientes exigencias en materia de seguridad laboral, que exceden lo acordado oportunamente para acoger adecuadamente a los cosecheros”. Asegura que “estamos transitando por una etapa en la que los mercados, y la sociedad nos piden el cumplimiento de normas totalmente acordes con la evolución de las sociedades que avanzan hacia un mejor estado de sus integrantes, por ejemplo la exigencia para el alojamiento de los cosecheros, las buenas prácticas alimentarias, el trabajo en blanco, etc., temas que hacen aún más difícil el afrontar la crisis”. Al mismo tiempo sostuvo que “no se trata de que estemos en contra de todas esas normas, todo lo contrario, sino que todas ellas tienen puntos de dificilísimo e inclusive imposible cumplimiento ante la baja rentabilidad de la actividad y nos ponen en el riesgo de situaciones muy comprometidas y que pueden traernos altísimos costos por no poderlas cumplir adecuadamente”. Por último señala que “la compleja normativa nos expone además a que no se tome con el criterio adecuado el control de dichas normas, con los consecuentes perjuicios que ocasionan”. Cabe señalar que el tono del documento aparece endurecido con relación al anterior, toda vez que cerraba con la esperanza de que “que en abril podremos juntos brindar por el final de otra excelente vendimia”, de ser atendidas sus peticiones.

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