El fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, advirtió que los abogados que están cumpliendo la función de jueces "buscan provocar de nuevo la sensación de un pedido de intervención federal en la provincia", al hacer referencia a una cédula dirigida al Tribunal Superior de Justicia en la estos conjueces, no sólo piden "despacho y tiempo" para ejercer una función que ya terminó, sino que señalan que debe notificarse al presidente de la Nación, a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Interior en un tema que es estrictamente provincial. El tema está relacionado con el fallo judicial que ordena al Gobierno a pagar un aumento salarial al personal de la Función Judicial, incluidos los jueces. "El hecho de que uno recurra o no recurra, no significa de que esté consintiendo y de que encuentre la razón", por el contrario "disiento absolutamente", consideró Mercado Luna, quien además correrá vista de la situación planteada a la Cámara de Diputados de la provincia.
¿Qué quieren provocar con esto? Se preguntó el fiscal de Estado y afirmó que evidentemente "buscan provocar de nuevo la sensación de un pedido de intervención federal en la provincia". "No hay fallo que yo haya visto que tenga que notificarse a la Nación en un tema provincial, acá no hay conflicto de poderes", aseguró Mercado Luna.
El representante legal del Estado se mostró sorprendido por la notificación de una cédula dirigida "por estos abogados que están ejerciendo la función de jueces, sólo por inhibición de los jueces naturales", al Tribunal Superior de Justicia pidiendo la provisión del despacho por el tiempo que duren los obrados "…a los fines de dar reuniones de sus miembros y dar audiencia que soliciten". "El juicio terminó", puntualizó Mercado Luna y explicó que "ellos mismos están diciendo y publicando de que el fallo está firme". "No puedo concebir cómo vienen pidiendo estos abogados, que sólo para este juicio han ejercido como jueces, un despacho", afirmó el fiscal de Estado y se preguntó: "por qué tiempo? cuándo se van a ir? Dijo Mercado Luna que "además, han perdido la jurisdicción" y explicó en detalle que cuando un juez, cuyo cargo está ejercido por un abogado, tiene la obligación de ser juez en aquellos fallos donde los demás se inhiban, dicta sentencia y terminó el juicio. Explicó también Mercado Luna, en declaraciones a radio Independiente que "después, si se ejecuta la sentencia por incumplimiento, será otro juez el que interviene; terminó su jurisdicción", entonces, reiteró: "no entiendo esto que vienen pidiendo ahora, una vez que el juicio ya tiene sentencia, provisión de despacho, porque tienen que hacer reuniones, dar audiencias y otra cosa más que me llaman la atención". Dijo en este sentido el fiscal de Estado que aquí no hay ningún conflicto de poderes para que se notifique al presidente de la República, al Ministerio del Interior, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y "demás instituciones nacionales". "Qué conflicto de poderes hay para notificar al Ministerio del Interior? adónde hay un Tribunal de Justicia que diga que hay una justicia independiente y que está notificando al Ministerio del Interior?". Acá hay una seria advertencia, no tiene nada que hacer el Ministerio del Interior en un fallo que es provincial por un conflicto que tiene que ver con la ley y que tiene que ver con materia salarial". Otra cuestión que advirtió el fiscal de Estado es el pedido, mediante la cédula, que se notifique a la Convención que está reformando la Constitución en la provincia. Qué tiene que ver esto? Acá hay una intencionalidad, lo que yo sostenía cuando dictaron el fallo estos jueces de que fue hecho con connotaciones, lo está confirmando esta cédula". Afirmó Mercado Luna que "están queriendo provocar antecedentes para que haya un conflicto institucional, donde no lo hay, porque se trata de un conflicto salarial". Con respecto al fallo de los jueces en esta cuestión, Mercado Luna opinó que "todos los fallos son firmes, no hay fallos firmes y no firmes. Acá hay una cuestión que no tiene que ver sólo con apreciaciones jurídicas, sino que tiene que ver con situaciones reales del funcionamiento y las disponibilidades financieras del Estado".
"El hecho de que uno recurra o no recurra, no significa de que esté consintiendo y de que encuentre la razón", consideró. Explicó el fiscal de Estado que "`presentar un recurso que tienen que ser primero tratados por ellos mismos; el recurso de apelación ante la Corte (Suprema de Justicia) tiene que ser afectado por los mismos jueces que han dictado la sentencia, es decir que el Estado tendría que encontrar una falencia constitucional en el fallo que dictaron estos jueces abogados y decirles ustedes se han equivocados, habilítenme la vía de la Corte, cosa que es imposible, por el contenido del fallo -con el cual disiento absolutamente-, sin duda que van a aferrarse y no van a hacer lugar, con lo cual generaríamos más honorarios y más demora", advirtió. Indicó que el tema "no es una cuestión jurídica, sino de razonabilidad" y aclaró que no recibió ninguna instrucción en ese sentido ni del gobernador de la provincia. "Aquí hay una cuestión lógica: este fallo que es parte de un amparo, dice que tiene que cumplirse con una ley y con una acordada del Superior Tribunal Original, que dispone en esa ley, una partida de 15 millones del año pasado para un blanqueo de adicionales dentro de la función judicial, desde jueces hasta ayudantes, esto se hizo en parte, se dio un aumento a los judiciales de 115 pesos al básico, se cumplimentó en parte un aumento, pero resulta que ahora implementar la sentencia es jurídicamente imposible y económicamente inviable, por dos razones".
La primera porque no está contemplado en el nuevo presupuesto, no están los 15 millones que había el año pasado, cada presupuesto tiene su comienzo y su fin con el año financiero, no sigue la ley y en este caso, en el año 2008 presupuestariamente no está contemplada ninguna partida adicional que sea destinada a cumplimentar con esta sentencia judicial, por lo tanto es jurídicamente imposible y económicamente inviable, según mi apreciación, porque estaríamos hablando de un impacto de mas de 15 millones, porque se aumentó el básico, todos los adicionales y todos aquellos que se hacen sobre las pautas del básico estarían año a año aumentando esos 15 millones quinientos y estaríamos incrementando casi en un 30 o 40 por ciento los 15 millones originales.
Tras aclarar que su posición tiene relación con la función de fiscal de Estado, indicó: no sé la decisión que tomará este año el gobierno, pero yo viendo y analizando el presupuesto, la situación en la que estamos, en donde el gobernador va a ver este año cómo va a contemplar la recategorización paulatina de los agentes de la administración publica, donde el que menos cobra de salario básico es de 81 pesos contra los 1.065 pesos que sería el blanqueo del aumento al último empleado de la función judicial. "Si el gobierno no cumple con esto, lo que puede pasar es que se ejecute la sentencia y el gobierno como tanto juicio perdido que hay, deberá hacerse por lo que se ha reconocido como sentencia del año pasado, pero para el futuro no ha generado absolutamente ningún derecho, yo no puedo concebir que el gobierno acepte incrementar esto y estamos hablando con cifras exactas", señaló.
La liquidación de un básico de 377 pesos que es el ayudante inferior de los tribunales, contra los 68 pesos de la administración, este de 377 se va a ir a 1.097 de básico y en la administración pública el Gobierno quiere hacer una recategorización, cómo lo va a hacer. Para este año tendríamos por los menos 18 millones para la función judicial, donde a los jueces se le va de 2000 pesos de básico a 6000 pesos. "Así es imposible tener equidad", consideró Gastón Mercado Luna. Reiteró el fiscal de Estado que no habla en nombre del gobierno, "hago una apreciación jurídica: yo diría que es imposible -ojalá se pudiera hacer o haya recursos porque hay mucha gente que aspira a mejorar su salario-, pero me parece que en este contexto donde la quincenita de 250 pesos que se paga a 25 mil empleados públicos, mes a mes insumen al año cerca de 60 millones de pesos, sin en el sector judicial, para 600 empleados de la Justicia vamos a necesitar 18 millones; no hay paridad", afirmó.
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