miércoles, 27 de febrero de 2008

ROBERTO CATALAN FUE EMBARGADO POR LA JUSTICIA FEDERAL.

El juez federal Sergio Torres procesó este miércoles por "defraudación a la administración pública", sin prisión preventiva, al ex secretario de comunicación Germán Kammerath, junto con otros ex funcionarios menemistas y directivos de la empresa Thales Spectrum, incluído el ex secretario general de la Gobernación de Ángel Maza, el abogado Roberto Catalán .Es por irregularidades en la concesión en 1997 del control del espacio radioeléctrico. Torres también trabó millonarios embargos sobre los bienes de todos los procesados.En el mismo expediente el magistrado postergó, hasta la realización de medidas que ya fueron ordenadas y que "resultan de inestimable interés", la resolución de la situación procesal del ex presidente y actual senador riojano Carlos Menem, quien también fue indagado en el marco de esta investigación.El magistrado dictó el procesamiento de Jorge Justo Neuss, titular de Thales Spectrum International y accionista mayoritario de la filial argentina. Hizo otro tanto con el ciudadano francés Jean Nicolás Rostan D"Ancesune West, integrante de la firma; y Juan Carlos Casagne, titular de la filial argentina; con embargos de 200 millones de pesos en los bienes de cada uno.La medida alcanzó además a Germán Kammerath y Alejandro Cima, ex secretario y subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, respectivamente, a quienes embargó en cien millones de pesos; al ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Roberto Catalán y a sus ex vicepresidentes Roberto Uanini y Hugo Zothner, con embargos de cinco millones de pesos.Los procesamientos con embargos de cinco millones de pesos alcanzaron, por otra parte a Alberto Gabrielli, ex presidente de la Comisión de Seguimiento y Preadjudicación, Patricio Feune de Colombi, ex miembro del directorio de la CNC; Pablo Arancedo, ex Director de Asuntos Jurídicos de la CNC; Matías Bourdieu y Luis Romero, ex miembros de la Comisión.La causa se inició el 16 de julio de 2001 a raíz de una denuncia anónima que alertaba sobre la existencia de irregularidades "en el proceso de licitación mediante concurso público nacional e internacional para la concesión de los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnico de emisiones del espectro radioeléctrico

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