Los diputados del oficialismo retomaron su embestida contra las empresas privatizadas de servicios públicos y, en la sesión ordinaria de este jueves, votaron la prórroga de la ley que los declaró en emergencia económica, administrativa y financiera y que impide aplicar aumentos de tarifas, al tiempo que mantiene en revisión los contratos de concesión. Así, la Cámara prorrogó hasta el 31 de diciembre los alcances de la ley 8211, votada en noviembre del año pasado, que alcanza a las empresas Edelar, Aguas de La Rioja y el Nuevo Banco Rioja. Antes de la sesión que presidió el diputado Roberto Meyer y durante la cual la iniciativa se votó por unanimidad, el diputado Jorge Machicote había criticado duramente a las privatizadas, lo que repitió luego en el recinto. La medida afecta a todas las privatizadas en general pero, especialmente, a la distribuidora de energía Edelar, que preveía aumentar las tarifas durante el segundo semestre del año, para lo cual había fijado una audiencia pública a realizarse el 3 de julio venidero. En tono crítico con las privatizadas, Machicote cuestionó a Edelar porque "no hay inversiones a tono con el crecimiento de la demanda" de energía y puso como ejemplo los reclamos de llevar luz al barrio Seipos y a la zona rural de la Capital, además de otros problemas que subsisten con el abastecimiento energético en el interior. Para Machicote, el Estado se está comportando "como un socio bobo" porque es quien paga las inversiones para mejorar los servicios, mientras las privadas "no ponen un centavo". "Antes de aumentar las tarifas, deberían llamar a audiencia pública para discutir la calidad de los servicios y un plan de obras y expansión", disparó el legislador al justificar la prórroga de la ley durante la sesión ordinaria, en el recinto del Colegio de Ciencias Económicas, donde sesionó la Cámara por última vez porque ahora decidió mudarse a las instalaciones del Concejo Deliberante capitalino, mientras terminan de remodelar la Legislatura. Machicote también cuestionó la tarifa social que beneficia a los sectores de menores recursos, porque el monto mínimo establecido "lo paga el Estado y los privados no pagan nada". Allí fue cuando disparó: "basta de negociados, porque desde esta Cámara, los vamos a controlar".
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