CAYÓ DETENIDO OTRO SOSPECHOSO POR LAS ESTAFAS DE VIVIENDAS.

La policía local logró este miércoles la detención de otro presunto involucrado en la investigación abierta sobre las estafas con la venta de viviendas sociales. Según fuentes judiciales, el detenido es Miguel Ángel Ahumado, un presunto ‘intermediario’ que no es empleado público y que habría estado ofreciendo casas a particulares a cambio de fuertes sumas de dinero. Ahumada, dijeron fuentes judiciales, fue apresado en la ciudad de Olta, donde presuntamente se hallaba oculto porque la policía lo estaba buscando desde la semana pasada. Estaba en un hotel, con identidad cambiada y, al ser identificado por la policía, no se resistió. En el caso ya está detenido otro presunto ‘intermediario’ de la red delictiva denunciada el martes por el gobernador Luis Beder Herrera, quien lo identificó como José Llanos. La causa está en manos del juez penal Daniel Barría, quien investiga la comisión de varios delitos y caratuló el expediente como ‘estafas reiteradas’. El martes, Barría le dijo a la prensa local que hay varios involucrados mas sujetos a investigación. Según el gobierno y las denuncias hechas por casi un centenar de supuestos damnificados, las viviendas sociales se ‘vendían’; es decir, se ‘vendía’ el derecho a resultar adjudicatario. Los ‘interesados’ pagaron cifras que iban de 8.000 hasta 30.000 pesos. Pero todos sabían que cometían una irregularidad, porque conocían que se trataba de planes habitacionales que se adjudican a beneficiarios inscriptos en la Administración de Vivienda, según el grado de necesidad. La justicia está tratando de probar si, además, hay funcionarios y empleados involucrados en la red delictiva. De hecho, los presuntos ‘intermediarios’ mencionaban a varios de ellos y hasta mostraban papeles firmados por responsables del área de Vivienda. Además, los damnificados sostenían que, en varias oportunidades, los intermediarios les mostraban las casas aún no adjudicadas, lo que implica que tenían contactos concretos con funcionarios estatales para poder acceder a las viviendas. La denuncia hecha por el gobierno el martes, cuando se involucró a la repartición estatal en las estafas, no cayó bien en los empleados quienes realizaron este miércoles una asamblea y plantearon su malestar al titular del área, Carlos Crovara. De todos modos, Crovara dijo que ‘si existe alguna conexiòn (con empleados del área) hay que encontrarla y (los responsables) tiene que ir presos”. Además, dijo que se inició una investigación administrativa interna que, “hasta el momento, no ha detectado ninguna irregularidad en las adjudicaciones”. Crovara se entrevistó este miércoles con el jefe de los fiscales, Claudio Ana, para conocer el estado de la investigación judicial e intercambiar elementos que podrían constituir pruebas para esclarecer el caso.