El gobernador Beder Herrera puso de manifiesto que el 99 por ciento de los delitos que no son graves quedan sin resolver. Ratificó que se avanzará en lo penal, en el cambio hacia el sistema acusatorio donde el juez impartirá Justicia y un administrador conducirá las cuestiones financieras, gastos y pagos. Aseveró que “lo vamos a hacer le guste a quien le guste, porque la gente tiene que volver a creer en la Justicia” de La Rioja. El mandatario provincial respondió a medios radiales de Chilecito la consulta sobre la situación de la justicia. En ese sentido, señaló que “nosotros estamos terminando el edificio judicial, vamos a hacer la reforma judicial que será muy importante y se van a invertir 12 millones para la digitalización e informatización del sistema judicial que cambiará absolutamente” y añadió que “las inversiones van a ser muy importantes”. Sobre el pronunciamiento del Colegio y Consejo de Abogados dijo que “los amigos se quejan y tienen razón y derecho a quejarse; yo he hablado con algunos de ellos y sé que muchos no están de acuerdo en cuanto a la reforma del tipo penal que queremos hacer”. Beder Herrera reveló que “solamente el 1 por ciento de los delitos llegan a juicios penales; es lógico ellos lo ven desde el punto de vista de los abogados. Pero yo lo veo desde el punto de vista del Gobierno”, indicó. Argumentó que “el servicio de Justicia solamente lo puede prestar el Estado, no hay un particular que pueda hacer justicia” dijo y subrayó que “si nosotros tenemos solamente el 1 por ciento de los casos que llegan a juicio, significa que el 99 por ciento de los delitos de la provincia de La Rioja quedan impunes”. Inmediatamente advirtió que “eso nosotros lo tenemos que cambiar, le guste a quien le guste, lo vamos a hacer por la gente, porque tiene que volver a creer en la justicia de La Rioja”. El Gobernador reveló que el porcentaje de aceptación de la Justicia provincial es de los más bajos y contrastó con la situación que se vive en Copiapó, Chile, donde la justicia “tiene un 80 por ciento de aceptación”. Para el gobernador “en los delitos que no son tan graves no se puede demorar más de 48 horas en resolver; no podemos tardar años y seguir gastando plata, porque la plata de la Justicia se gasta lo mismo pero sin embargo no hay (justicia)” aseveró. Asimismo, enumeró que el sistema acusatorio impera en el mundo y en el caso de la Argentina dijo que “en la mayoría de las provincias ya está o lo están implementando”. En ese sentido, ratificó que “en La Rioja no lo vamos a parar por más que haya algunas personas que no aceptan este sistema”. Ante una consulta, Beder Herrera explicó que con este nuevo sistema, “los jueces van a estar entre 7 a 8 horas en el estrado. Le vamos a poner administradores de la Justicia que son los que se van a ocupar de determinar los gastos, pagos, manejar los viáticos. El juez va hacer solamente lo que le corresponde hacer: administrar justicia” declaró. Finalmente, consideró que cuando pase eso, el 99 por ciento de la población va a estar de acuerdo con el sistema”. Las entidades de los abogados, el Consejo Profesional y el Colegio, dieron a conocer un documento conjunto donde advierten sobre ‘la peor crisis de la historia’ en la justicia provincial y denuncian una presunta ‘maniobra para reducirla a una mera dependencia’ de los otros poderes del Estado. Reclaman mas jueces, mejores sueldos y mas inversión. Los abogados exigen la “inmediata integración del Superior Tribunal de Justicia en el número de 5 miembros de acuerdo a lo que manda la nueva Constitución” y la ”inmediata recomposición salarial para los jueces, funcionarios y empleados judiciales, que están muy por debajo de la media histórica y donde un juez de Paz de otras provincias, o personal de maestranza de la Justicia Federal tienen mejor remuneración que un camarista riojano”. Piden además el “inmediato aumento del presupuesto de la justicia riojana, con elevación del porcentual del Presupuesto Provincial 2010, que permita el correcto funcionamiento de la justicia en toda la provincia”. Y, entre otros reclamos, piden “el inmediato aumento en por los menos un 30% de la estructura judicial en toda la provincia, para lo cual solicitamos se suspenda toda erogación para la justicia que no sea destinada exclusivamente a estos efectos”.
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