La Iglesia está ìmpulsando una iniciativa para reclamarle al gobierno nacional que pague mensualmente una asignación universal por hijo de padres sin cobertura social o desocupados de todo el país. Aunque el gobierno de Cristina Kirchner no se muestra dispuesto a aceptar la idea, la comisión de pastoral social de la Iglesia podría hacer una presentación pública del proyecto para ejercer presión sobre el oficialismo. La comisión de Pastoral Social, que preside el obispo Jorge Casaretto, y la comisión Justicia y Paz del Episcopado, que encabeza el laico Eduardo Serantes -que son los organismos que presentarán las orientaciones- aspiran a que el proyecto sea el resultado de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, de tal forma que quede fuera de toda sospecha de manejo clientelístico. Y que constituya una respuesta “a un derecho de los menores por ser tales” y no un mero asistencialismo. En la reciente Semana Social que la Pastoral Social organizó en Mar del Plata, Serantes anticipó que la Iglesia tiene en mente una propuesta que “hemos llamado Ingreso Básico para la Igualdad y la Equidad en la Niñez (Ingreso B.I.E.N., por sus siglas)”, que anhelan que sea parte de “una política de Estado, independiente del gobierno de turno”. Si bien admitió que varios legisladores trabajan en el mismo sentido, dijo que la idea “es hacer un aporte más al debate”. Por otra parte, Serantes reconoció que una asignación universal para los menores pobres “no soluciona totalmente el problema de la pobreza, (esta iniciativa) deberá ser complementada con otras políticas públicas y sostenida por el apoyo de la sociedad civil en su conjunto”. Con todo, no está claro si la propuesta de la Iglesia incluirá sugerencias sobre las formas de conseguir los fondos para un subsidio que insumirá varios miles de millones de pesos. Según la Iglesia, la asignación podría surgir de la supresión de programas aislados, pero el Gobierno viene avanzando en planes sociales parciales que, para la Iglesia, llevan a sospechar que buscan un propósito clientelar. En ese sentido, entre los diputados oficialistas se habla de gravar la renta financiera, aumentar la alícuota del impuesto a las ganancias para los sectores más pudientes, o un impuesto a la herencia y al juego.
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