LA PROMICIÓN INDUSTRIAL SERÁ RELANZADA POR EL GOBIERNO NACIONAL.

Aunque con dos años de demora y un clima poco propicio para el desarrollo de nuevos negocios, el Gobierno anunciará este martes el primer llamado de licitación de la Ley de Promoción de Inversiones (LPI), que contempla beneficios fiscales para grandes y pequeñas empresas que hayan realizado inversiones entre octubre de 2007 y la actualidad y para las firmas que evalúen iniciar un nuevo emprendimiento a partir de ahora y hasta octubre del año próximo. No es el régimen que reclaman La Rioja y las provincias de la región y cuya renovación por unos 15 años podría anunciarse en los próximos días, pero algunas empresas radicadas podrían adherir a la iniciativa, aunque la generalización a todo el país les resta fuerza y competitividad. El plan contempla un cupo de $ 3.600 millones en tres años, de los cuales $ 600 millones serán exclusivos para pymes. El primer llamado sería por más de $ 1.000 millones, según anunciarán a las 11 los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Industria y Turismo, Débora Giorgi. Al igual que la ley anterior, impulsada por el ex ministro Roberto Lavagna, las empresas podrán optar entre la amortización acelerada de Ganancias o la devolución anticipada del IVA. Sólo podrán gozar de ambos aquellos casos de proyectos vinculados con la producción exclusiva para exportación o la reconversión industrial sustentable. El demorado anuncio tiene como objetivo premiar a inversiones ya realizadas –pueden presentarse proyectos avanzados y/o terminados, siempre que a octubre de 2007 no se hubieran ejecutado inversiones por más del 15%–, pero especialmente incentivar nuevos desembolsos para 2010, ya que el escenario previsto es, aunque moderado, más optimista que el de este año. Podrán presentarse proyectos de compra de bienes de capital y/o proyectos de infraestructura; estos últimos serán analizados bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal. “Tenemos una nueva herramienta de promoción, que hemos ajustado para que las pymes accedan a los beneficios sin obstáculos y en forma ágil”, había precisado Giorgi semanas atrás. Este régimen es la continuidad de la ley anterior, que entregó casi $ 1.500 millones en concepto de beneficios fiscales y generó inversiones por $ 8.600 millones. Además, esas iniciativas produjeron exportaciones por un monto 12 veces superior –u$s 5.200 millones– al beneficio fiscal otorgado. Con la ley actual, el principal objetivo del Gobierno es fomentar la inversión en pymes, que fueron las más golpeadas por la crisis financiera internacional. Es por ello, y considerando las debilidades del régimen pasado, que desde la subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme) se asesorará a los pequeños empresarios en el armado de las carpetas de los proyectos que deseen presentar. El trámite de otorgamiento de los beneficios no superará los seis meses. Según la cartera industrial, se prevén auditorías previas y durante la ejecución del proyecto. Este plazo busca resolver el problema de las importantes demoras que existieron durante la vigencia del régimen anterior, en el que las empresas que se habían acogido terminaron cobrando a los dos o tres años de haber presentado el proyecto. La reglamentación de la norma también establece la conformación de una Unidad de Evaluación (UDE), en el ámbito de la Subsecretaría de Industria, con dedicación exclusiva y permanente para analizar la factibilidad de los proyectos y la capacidad económico–financiera de las empresas que se presenten. Los proyectos elegidos para recibir los beneficios fiscales serán ponderados según la generación de empleo, el sesgo exportador, el incremento en el valor de la producción, el nivel de integración local de la producción, y la situación ambiental.