EL GOBIERNO DEMORA LA DEVOLUCION POR LAS RETENCIONES AL VINO.

Los anuncios efectuados por la Presidenta durante el agasajo de las Fuerzas Vivas de Mendoza, habían generado un dejo de satisfacción entre los industriales vitivinícolas. Cristina Fernández, durante su discurso, anticipó que reduciría, de 5 a 2,5% las retenciones a las exportaciones que les cobra al vino y al mosto. De todas maneras, a pesar de ser una medida que tiene su base entre los exportadores, la jefa del Estado destacó que el dinero será transferido directamente a los viñateros de hasta 20 hectáreas, a través de la Coviar, para subsidiar la asociatividad y la integración de la cadena productiva. Ese dinero -se indicó- se sumará al plan de integración productiva que se financiará con el crédito del BID y permitirá pasar de 6.000 a 10.000 productores primarios beneficiados por año. En ese entonces se estimó que el dinero que el Estado “devolvería” por la reducción de las retenciones podría ser de 10 a 20 millones de pesos al año, pero hoy se habla de 54 millones y los 10 millones sólo constituirían la primera partida para asistir a productores o bodegas pymes, con subsidios o créditos blandos. Además, el monto total sería distribuido entre todas las provincias vitivinícolas. El tema de las retenciones -especialmente las “móviles” que afectaron a la soja y a otros granos- tuvieron en vilo al país durante varios meses del año pasado y, ante el reclamo de los productores, en el sentido de que el dinero no retornaba al sector, desde la Presidencia de la Nación se prometieron caminos, escuelas, hospitales y viviendas para los trabajadores rurales, obras en su mayoría aún no concretadas. En el caso del vino, el anuncio se produjo el 7 de marzo, por lo que transcurrieron más de ocho meses y no ha llegado un solo peso de los prometidos. Según se afirma, el dinero no baja directamente al sector porque se intentaría “evitar” que suceda con el vino lo mismo que sucediera con la pera y la manzana, productos en los cuales el dinero de las retenciones se entregó -según el Gobierno- a los grandes exportadores, pero no bajó a los productores. Es por eso que se habría establecido que fueran lo gobiernos provinciales los que elaboren propuestas, por lo que funcionarios mendocinos ya han mantenido reuniones con sus pares de La Rioja y de San Juan para comenzar a diagramar conjuntamente los proyectos vitivinícolas que se desarrollarán. Se está trabajando sobre cuatro ejes temáticos: mejora en la calidad de los productos, especialización de la uva que se destina a jugo concentrado, el apoyo a la promoción de las exportaciones de pequeñas y medianas bodegas y al desarrollo del vino artesanal. Las carpetas respectivas se enviarán a la Secretaría de Agricultura a fines de este mes y, una vez que el organismo nacional le dé el visto bueno, recién podrán comenzar a transferirse los fondos a las provincias. Por lo que, de funcionar aceitadamente los mecanismos -un aspecto difícil si los hay- el dinero podría volver recién a fines de diciembre. Pero con la salvedad de que este año sólo recibirán 10 de los 54 millones. En una primera etapa se concederán 5 millones para proyectos de pequeños productores y los 5 restantes para la promoción de los productos vitivinícolas en el mercado interno y externo. Cabría preguntarse cuáles son los motivos que llevan al Gobierno nacional a adoptar el criterio de no reducir directamente las retenciones, en lugar de integrar un fondo para después distribuirlo de acuerdo a proyectos. La respuesta es que la filosofía impuesta por la gestión Kirchner en los últimos seis años es la de entregar todo como subsidios, de modo tal que sea quien fuere y por cualquier motivo, los gobiernos del interior del país deban viajar a Buenos Aires para pedir -no reclamar- lo que les corresponde. La vitivinicultura argentina cuenta con un organismo público-no estatal, integrado por los gobiernos nacional y provinciales y los sectores privados, para canalizar convenientemente el dinero de las retenciones. Es el dinero del sector, el cual tiene derecho a manejar ese fondo, en lugar de mendigar como está sucediendo con todos los fondos que se manejan discrecionalmente desde el Gobierno nacional.