GRISELDA HERRERA ESTA ENTRE LOS DIPUTADOS QUE NO PRESENTARON SU DECLARACION JURADA.

Apesar de que la Justicia puede sancionarlos con penas que van desde los 15 días hasta los dos años de prisión, más inhabilitación especial perpetua, 57 diputados nacionales todavía no presentaron las declaraciones juradas correspondientes al 2008. Diecisiete de ellos incluso deben las de años anteriores. Los casos más llamativos son los de la radical chaqueña Margarita Beveraggi y el de la kirchnerista de La Rioja Griselda Herrera, que finalizan su mandato dentro 17 días y desde el 2005 no cumplieron con el requisito previsto en la Ley de Ética Pública, según Crítica de la Argentina. Más allá de que algunos puedan decir que su retraso se debe a la distracción, o que su tiempo está dedicado a los grandes temas de la política nacional, lo cierto es que todos los meses llega a sus despachos la nota que remiten las autoridades del cuerpo en la que les recuerdan su mora. Los parlamentarios tienen tiempo hasta mayo de 2010 para entregar las declaraciones de 2009. Para esa fecha habrán vencido el impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, que es obligación incluir en la presentación. La teoría dice que las declaraciones de los parlamentarios y la de los funcionarios públicos deben presentarse ante la Comisión Nacional de Ética Pública, un organismo inexistente. Su creación estaba prevista en la ley de Ética que se sancionó en setiembre de 1999, cuando Carlos Menem estaba a punto de dejar la Casa Rosada. Diez años después de la entrada en vigor de la norma, su nombre es desconocido por los más destacados legisladores del Congreso. Integrada por 11 miembros que incluía a un representante de la Corte Suprema, uno del Poder Ejecutivo y otro por la Procuración General, más ocho ciudadanos elegidos en una resolución conjunta por ambas cámaras, la comisión nunca fue creada. Son las autoridades de Diputados y del Senado las que reclaman y guardan por 10 años las declaraciones de los parlamentarios. Una copia es remitida a la Oficina Anticorrupción. Aunque la ley contempla que se puede acceder a ellas, hacerlo es una tarea más que compleja, de la que la mayoría de los interesados terminan desistiendo. De ajustarse a la ley, 24 diputados de este lote de 57 tendrán que apurarse ya que su mandato finaliza dentro de 17 días. Tal es el caso de los kirchneristas Edgardo Depetri –no presentó ni el 2007 ni el 2008–; Francisco Ferro, de la Coalición Cívica, que debe dos años de declaraciones juradas; el puntano Luis Lusquiños, que también adeuda dos años; el peronista disidente de Río Negro Julio Arriaga, que no presentó los últimos dos años, o el radical entrerriano Sergio Varisco, que debe las presentaciones de 2006, 2007 y 2008. La santiagueña Marta Velarde, incorporada hace no mucho a la Coalición Cívica, también debe esos tres años y al igual que Varisco, Arriaga o Depetri finaliza su mandato el 10 de diciembre. La misma urgencia tendrá que emplear el kirchnerista Dante Dovena, que debe las declaraciones de los últimos 3 años. Aunque su mandato llega hasta el 10 de diciembre, en caso de que un nuevo legislador electo por el Frente para la Victoria decida sumarse a la larga lista de testimoniales que no asume su banca, volverá a jurar por cuatro años como diputado. Al igual que Dovena, el kirchnerista bonaerense José María Díaz Bancalari adeuda tres años de declaraciones juradas. Claro que tendrá más tiempo para presentarlas, ya que tiene mandato vigente hasta 2011. Entre los diputados que al igual que Díaz Bancalari deben presentaciones y su gestión finaliza dentro de dos años, se encuentran: el kirchnerista Ariel Pasini, que adeuda el 2007 y 2008; Victoria Donda, que debe también esos dos años, la diputada del PRO Lidia “Pinky” Satragno, que tiene pendiente la presentación del 2008 y el porteño Claudio Lozano, que no presentó los dos últimos años. Cierto es que muchos de estos 57 diputados muestran un estilo un tanto “despistado” para los compromisos burocráticos. De hecho, varios de los integrantes de este grupo ni siquiera presentaron su currículum vitae para que la Cámara lo incluya en su página web. Por citar algunos de este núcleo, ni Dovena, ni Donda, ni Ferro, ni Díaz Bancalari, ni Lusquiños entregaron por escrito su derrotero profesional para que éste se pueda consultar debajo de su foto en el sitio oficial del cuerpo. La penalización corre por cuenta de la Justicia, siempre y cuando algún ciudadano comprometido decida hacer alguna presentación en los tribunales. Ahí comenzará el largo periplo que determinará si la falta de presentación de las declaraciones juradas fue hecha de manera “maliciosa”, requisito para la existencia de delito. Que lo declarado coincida con la realidad es otro tema. En ese caso la AFIP tiene mucho que decir. El incumplimiento de la ley de ética no respeta fronteras políticas. Por algo, ni el actual oficialismo ni la oposición mostraron ninguna voluntad de constituir la comisión responsable de recibir y monitorear las declaraciones juradas de los parlamentarios, del presidente, vice, ministros, jueces y el resto de los funcionarios públicos.