El contador sanatiagueño Roberto Soria detenido, escrachado y luego puesto en libertad, como si no hubiera pasado nada por la estafa de las viviendas del Estado. Luego dos manifestantes de la Escuela Normal, con orden de captura por atentado y daño a la autoridad, en base a una exposición fraguada en una comisaría. Más tarde, allanan a las 3 de la madrugada depósitos del Ministerio Desarrollo Social para desprestigiar a Délfor "Pocho" Brizuela. En este marco, la reforma judicial con las figuras de “flagrancia” y “juicio abreviado”, parecen herramientas para que los jueces hagan operaciones políticas de desprestigio, según el periodista de radio FM América, Enrique "Karim" Lanzilloto. Por su parte, en una frase poco feliz, el diario El Independiente atribuyó este domingo al gobernador Luis Beder Herrera la orden “directa” de investigar los depósitos de Desarrollo Social. El Independiente se prendió en la campaña contra Pocho Brizuela, anticipando además que “un ejército de auditores” del Tribunal de Cuentas va a desembarcar en ese ministerio. Sucede que un integrante de Coopegraf, Jorge Páez, es empleado jerarquizado del TC, y hace operaciones de prensa para ese organismo, y en contra de Brizuela, por odios personales y otras yerbas, aseguró Lanzilloto. Al denunciar los afectados una campaña de desprestigio, El Independiente le adjudicó a Beder Herrera la autoría de la denuncia. En su Mirador Político (sin firma), sostienen: “Llamó la atención que funcionarios de Brizuela salgan a denunciar una campaña de desprestigio sin identificar responsables. No obstante, se supo que esta investigación habría sido ordenada directamente por el Gobernador. ¿Se animarán estas autoridades adjudicarle al mandatario, ser artífice de una maniobra en contra de Pocho?”, concluye el diario. Ya no hace falta identificar al “artífice”. Lo dijo El Independiente: es el titular del Poder Ejecutivo. Flaco favor a Beder Herrera, por parte del “diario de los riojanos”. No aclaren tanto, que oscurecen, pidió el periodista. Por la denuncia de un custodio de apellido Godoy, designado en la época de Luis Pioli, el juez Barría ordenó el allanamiento a un depósito de Desarrollo Social en Ruta 5. Buscaban mercadería vencida, y una partida de fideos, provista por el supermercado Flyco, que no estaba supuestamente en depósito. Barría informó este viernes a Pocho Brizuela, que todo estaba “en orden”. Los fideos habían sido devueltos al proveedor, por no reunir la calidad estipulada en la licitación. A días de dejar el cargo, y en una feroz pelea por la sucesión, Brizuela sufre esta embestida con el mismo método de la Escuela Normal: una denuncia policial, y la inmediata acción de Fiscalía y el juez Barría, con espectacular operativo. Asimismo, este jueves será la última sesión de los actuales diputados. El bloque justicialista, muy preocupado por la desocupación de la clase política, se dedicó de lleno a dar un cargo a los diputados salientes. Pretenden designar en el EUCOP y en AJALAR. Jubilaron “de prepo” a 25 empleados. Echaron a los adscriptos a otras reparticiones, sostuvo Lanzilloto. Mil artilugios para crear vacantes y ocuparlas con los diputados salientes. No es nuevo. La novedad es que parece estar enojado Beder Herrera, y además, la vicegobernadora Teresita Luna expuso sus críticas, dijo el periodista de radio FM América. En ese marco, el gobernador envió el veto total de las leyes recientemente sancionadas, y que modificaban la composición de los miembros del EUCOP y la designación de las autoridades de AJALaR por parte de la Legislatura. Los vetos ingresaron este jueves. Beder Herrera vetó las dos leyes, al considerar que son una intromisión en las facultades del gobernador, ya que ninguno de los dos organismos depende de la Legislatura provincial, sino del Ejecutivo. Es el primer cortocircuito con el bloque, desde el proceso de destitución de Ángel Maza como gobernador, en el 2007.
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