LOS DIPUTADOS DE LA RIOJA AVANZAN CON LA CONFORMACION DE AGUAS RIOJANAS.

El Bloque Justicialista de diputados y el Bloque Frente Cívico y Social – UCR, se reunieron este martes para seguir acordando temas referidos a la futura ley para la nueva empresa Aguas Riojanas SAPEM, tales como su marco jurídico, el sistema de contralor, las nuevas formas de gerenciamiento y financiamiento del mismo, y la estabilidad de sus empleados. En la reunión, en la que participaron el actual Presidente de Aguas Riojanas SAPEM Juan Luna Corzo, y también el titular del EUCOP Félix Moya, estuvieron presentes los diputados Sergio Casas, Mario Guzmán Soria, Enrique Molina, Julio Pedroza, Luis Orquera, Alejandra Oviedo, Guillermo Galván, Judith Díaz Bazán y Juan Amado. En principio, el Presidente del Bloque Frente Cívico y Social- UCR Guillermo Galván, comentó que el EUCOP, durante la reunión, les entregó un informe que los bloques van a analizar, y que tiene que ver con “la rescisión del contrato de la empresa del agua, que por una cuestión de Estado no estamos en condiciones de dar por que es información clasificada; sabemos que la empresa privada va a iniciar acciones judiciales al Estado si no llegamos a un acuerdo, y nosotros vamos a dictaminar sobre ese informe” y que en segundo lugar durante la reunión “hemos trabajado en la nueva ley que constituya la empresa de aguas, en la que hemos fijado cinco puntos”. Sobre éstos, detalló que uno de los puntos “es el marco jurídico que va tener esta empresa, pero hay que decir con todas las letras que el Estado no está reestatizando la empresa, lo que está haciendo es conformar una empresa privada, que se va a guiar en el marco de derecho privado” y que contaría con “una participación del 99% para el Estado Provincial y el 1%, en principio, para el Municipio de la Capital”. En segundo lugar, se conversó según Guillermo Galván “el ámbito de aplicación geográfica de esta empresa, hay una inquietud de muchos colegas que compartimos, de tener una sola empresa de agua para toda la provincia, por que no puede ser tratada el agua de una forma en Vinchina y de otra forma en Chamical y Chilecito”. Hasta el momento, continuó Galván, la empresa que está creada por decreto sería una Sociedad Anónima, y nosotros “estamos discutiendo el marco jurídico, para ver si va a ser una S. A. con participación mayoritaria del Estado, o una empresa estatal, por eso digo que el Estado no a reestatizado, si no que ha pasado de una S. A. que era Aguas de La Rioja, a una S.A. en donde el Estado tiene la mayoría de las acciones”. Según el presidente del Bloque Justicialista Mario Guzmán Soria, se está buscando “crear una empresa eficaz, con ahorro, buscando inversiones ciertas y a precios razonables, buscar todas las maneras de que tengan mayor y mejor servicios todos los riojanos, no se trata solamente de ideología ni del poder que más nos guste, si no buscar cuál es la organización mas eficaz que va a tener el Estado empresa”. Continuó Guillermo Galván enumerando que entre los temas a incluir en la futura ley, también se trató el de “el contralor, por que no es lo mismo si es una empresa del Estado, que tener una S.A. con participación mayoritaria del Estado, estamos buscando los mecanismos de contralor para que en ese caso, la empresa no tenga márgenes discrecionales: por ejemplo, si hay que poner cloacas, la empresa que las coloque no puede quedar a consideración del directorio, máxime cuando la plata la va a poner el Estado, así que pensamos como Frente Cívico, que toda la plata que venga del Estado, se rija por lo órganos de contralor público, ya sea para licitación o para compra directa”. Advirtió Galván que en los dos bloques de diputados “de todos estos temas no hemos cerrado nada, los seguimos debatiendo, por que esperamos que salga algo para mucho tiempo”. Al mismo tiempo, también conversaron según Galván, con Juan Luna Corzo acerca de la “estabilidad de los trabajadores, nosotros les tenemos que dar a ellos estabilidad jurídica, que no es lo mismo que una empresa privada que se rige por una ley de contratos de trabajo, en cambio si le damos un marco jurídico donde el Estado tiene la participación mayoritaria, gozan los trabajadores de una estabilidad similar a la que tiene el empleado público”. Mario Guzmán Soria refirió que “no vamos a hacer demagogia con estos temas, vamos a tratar de hacer la mejor empresa para todos, y en cuanto a los controles, al ser una sociedad con participación mayoritaria del Estado, una SAPEM, el Estado Provincial puede proponer y definir cuáles son los métodos de contratación a que hace alusión el diputado Galván, para no dilapidar los dineros del Estado, y de eso tienen que rendir cuenta los organismos naturales del estado como el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de los instructivos que el Estado disponga para la Asamblea y el Directorio”. A su vez, explicó Guzmán Soria que “otro órgano de control es la sindicatura, bajo las directivas que haga la asamblea, también los síndicos pueden controlar lo que se compra, como se compra, que se necesita, este un control interno propio de la asamblea” y por lo tanto no quiere todavía estar “aventurando” cuál de todos estos sistemas de contralor sería el mejor, mucho depende “de la clase de personas que estén al frente de estas empresas”. Aclaró Guzmán Soria que en todos estos puntos tratados, se está llegando a un acuerdo entre los dos bloques mayoritarios de la cámara. Guillermo Galván agregó que también se acordó como punto, “el tema de que por ley, si es que va a ser una sociedad anónima, y si es que va a conformarse una empresa mixta, podamos controlar nosotros los diputados, quién ingresa a la empresa con intereses privados”. Con esto coincidió también Guzmán Soria, que sostuvo que “para darle participación a los privados, es menester que tenga participación la Legislatura, para darle autorización legislativa y saber quién será el socio”. Aseguró Guzmán Soria al igual que Guillermo Galván primero, que “están evaluando” el informe dejado por el EUCOP. Galván resaltó que “en un plano, según el informe del EUCOP, tenemos que analizar la conducta de los funcionarios - y por otro lado el Frente Cívico va a hacer una denuncia penal para determinar la responsabilidad del funcionario- y un segundo plano donde el EUCOP nos da un informe sobre la situación del servicio de la empresa, que tiene que ver con la rescisión del contrato; y aparecen elementos muy concretos que dan causales notorias para que el Estado rescinda el contrato, la idea es hacerlo por Ley”. Subrayó Guzmán Soria que el objetivo de estas reuniones de bloque fue en todo momento el de apoyar el decreto de la Función Ejecutiva para justificar la rescisión del contrato con la empresa encargada del agua, y agregó que desde el EUCOP “ellos tienen la obligación de recuperar el fondo de garantía conforme lo dice la Ley, es más, en el decreto del Ejecutivo está indicada esa obligación”. Culminó diciendo Guzmán Soria, acerca de los tiempos para aprobar esta nueva Ley que “vamos a trabajar con seriedad y dentro del marco de tiempo que nosotros nos vamos a dar, para hacer la mejor participación del Estado en un servicio esencial como es el agua potable, esperemos que en la primera sesión podamos hacer eso, pero vamos a priorizar la calidad y el estudio, para hacer la mejor de la leyes posibles” pero siempre teniendo en cuenta que en cualquier caso, en esta nueva empresa, “el Estado va a tener participación mayoritaria”.