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Los mercaderes de la droga no descansan nunca y permanecen al acecho para sembrar la semilla de adicción en la población incauta o vulnerable. La Rioja en los últimos tiempos cambió para mal, al dejar de ser una provincia de tránsito para el tráfico de estupefacientes y convertirse en una importante consumidora. Este tema suena a tabú en algunos sectores de la sociedad, especialmente en aquellos donde el poder de decisión es más grande. "No te metas, es un tema muy pesado", suelen ser las frases repetitivas que se pronuncian para que nadie haga nada. Pero, ¿hasta cuándo se extenderá esta falta de compromiso de la sociedad en su conjunto? Es momento de hacer frente a una realidad incontrastable. Los últimos operativos de las fuerzas policiales, tanto provinciales como federales, y que culminaron con la incautación de cocaína y marihuana, volvió a poner al descubierto la magnitud de una estructura delictiva especialmente diseñada para la comercialización, pero más grave aún para la producción. En un barrio de la zona noroeste se pudo encontrar una plantación de marihuana en sus diferentes estadios, incluso semillas. De acuerdo con el Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de la Argentina, el 3,5 por ciento de los estudiantes consumieron droga alguna vez en su vida, un aumento del 170 por ciento en apenas cuatro años. El consumo de todas las sustancias adictivas va en aumento en nuestro país a medida que se eleva la edad de los estudiantes. La acción de estas bandas criminales siempre es cambiante; cuando fracasa, las correcciones parecen estar previstas; las tácticas de ocultamiento y los itinerarios elegidos para el transporte de las sustancias tóxicas se valen constantemente de la innovación y la sorpresa. Un ejemplo de esto, es la siempre vigente versión de la existencia de pistas clandestinas en el interior de la Provincia. El presidente de la Asociación Antidroga de la República Argentina, Claudio Izaguirre, denunció que una de las 1.500 pistas que hay en el país, estaría situada en Arauco. Nunca se pudo corroborar a ciencia cierta, pero hasta la propia Policía siguió la hipótesis de una avioneta que aterrizó en la zona y que utilizaron los asaltantes del banco de Aimogasta, hace unos años atrás. Dicho sea de paso, nunca más se supo algo al respecto y el dinero ni los ladrones aparecieron jamás. Una simple mezcla de tierra con keroseno, con una cobertura de 1 cm. de tierra suelta, brinda una plataforma de aterrizaje con la dureza de la piedra, y apta aún en tiempos de lluvia. También las desérticas rutas de la zona servirían para ese propósito tranquilamente. Todos recordarán que Carlos Menem en su presidencia y antes de construir la controvertida pista de Anillaco, aterrizaba en plena ruta, cerca del Señor de la Peña. Cada avioneta puede transportar hasta 600 kg de droga, y se calcula que realizan más de 100 viajes diarios en todo el norte del país. Organizaciones Civiles contra la Trata de Personas vienen denunciando que las mismas avionetas del narcotráfico son utilizadas para traficar personas. Esta denuncia, como muchas otras que circulan, no deben caer en saco roto y tomarse como un mero cruce de acusaciones entre dos eternos rivales políticos, el intendente de Arauco, Gustavo Minuzzi y el diputado del lugar, Nicolás Martínez. De lo contrario, se adopta el camino más corto que es decir: "Esta es una pelea de intereses políticos" o "se trata de una campaña de un sector". Más grave aún es acusar a los medios de comunicación como responsables de indagar y exponer ante la opinión pública las distintas versiones sobre un hecho, incluso con la velada amenaza de exigir que se presenten en la justicia para develar los orígenes de la información. Las autoridades policiales, judiciales, legislativas y ejecutivas no deben dejarse arrastrar por estas disputas, e ir a fondo con las investigaciones y la lucha contre el tráfico de droga para aminorar el alto consumo que ya existe. Todos deberían seguir los lineamientos que el propio Gobernador fijó al respecto, al decir que será inflexible con quienes cometen este tipo de delitos. En caso de banalizarse este análisis, lo único que estaremos haciendo es dándole la razón a muchos que hablan de la protección que, desde el poder político, se les otorgaría a los traficantes. Las opiniones al respecto están divididas, aunque todos coinciden en que estos mercaderes buscan permanentemente ampararse bajo la sombra protectora del poder. Las últimas detenciones realizadas por Gendarmería en la ruta que une Capital con Aimogasta, despertó las más furibundas acusaciones. Al margen de algunos nombres en especial que trascendieron, uno de los detenidos es conocido en el ambiente de la noche riojana y con sólo clickear su nombre en Facebook, aparecen nombres de "amigos" muy conocidos. Claro que esto no quiere decir demasiado, pero la semilla de la duda ya queda sembrada. Esta semana se rumoreó que pagarían una fianza de 100.000 pesos para liberarlo, cifra para nada accesible para cualquier hijo de vecino. Inmediatamente, el común de la gente piensa cuán fácil es transitar con 1,5 kg de cocaína por la ruta y a los pocos días gozar de la libertad. Mientras, unos 1.500 jóvenes fueron salvados de intoxicarse con el polvo blanco, si se calcula que cada dosis es un gramo de droga. Sin embargo, el verdadero castigo que deberían merecer estos individuos, puede quedar en la nada. Vale entonces analizar el fallo que el Tribunal Oral Federal debió dictar el viernes contra una persona que estaba acusada de comercializar droga, pero que en el proceso no pudo comprobarse y fue castigado por tenencia simple de estupefacientes. El problema está dado en la marcha de la instrucción del caso por las grandes dificultades que padecen los investigadores para probar que un individuo vende droga. Días y días de esfuerzos y desvelos pueden desmoronarse en un segundo, si el vendedor logró despojarse de la droga o si los elementos que se analizan no son suficientes para la defensa judicial de los fiscales. Hasta en eso, la Policía y la justicia corren con desventajas. Las recomendaciones internacionales insisten en los beneficios de una mejor coordinación de los esfuerzos emprendidos por organismos que luchan contra el narcotráfico. El valor de las políticas preventivas y la función de la familia en esta lucha incesante contra un enemigo tan siniestro, son fundamentales. Es menester reiterar la necesidad urgente de poner en práctica políticas de Estado capaces de terminar con este drama que crece sin parar y que nos desborda por todos lados. En consecuencia, deben encararse acciones más vigorosas contra las actividades delictivas que toman a La Rioja como mercado de consumo, aspecto que está estrechamente ligado con el desenvolvimiento de las operaciones de tránsito que, en definitiva, las sustentan y favorecen. Indudablemente, estos hechos aconsejan el máximo estado de alerta y vigilancia, precaución que -por otra parte- debería ser permanente. La necesidad de perfeccionar -si no de transformar- los mecanismos de vigilancia que se utilizan en la provincia es una de las deudas que más rápidamente deberían saldarse. Hoy, la Argentina necesita más que nunca una legislación clara y concisa que castigue con toda la fuerza del Estado a quienes se hallan embarcados en este tipo de hechos. Mientras, la sociedad riojana no debe seguir resignada ante la agresión del narcotráfico: de ningún modo debe sentirse "atrapada y sin salida" ante la tremenda amenaza que se cierne sobre la salud y la seguridad de sus miembros. Hay que dejar de lado los temores y ser capaces de denunciar, de expresarse, para que los responsables de envenenar a la porción más importante de cualquier sociedad, que son los jóvenes, no continúen produciendo un daño irreparable e hipotecando el futuro de nuestros hijos.
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