EL DIPUTADO JULIO PEDROZA BRINDÓ DETALLES SOBRE RESICIÓN DE CONTRATO DE EMPRESA AGUAS DE LA RIOJA.

El diputado chileciteño, Julio Pedroza expuso los motivos por los cuales la Cámara de Diputados avaló el DNU del Ejecutivo Provincial que dio curso a la rescisión del contrato con la empresa Aguas de La Rioja. Y precisó mecanismos de contralor que tendrá la nueva SAPEM “Aguas Riojanas”. Pedroza se refirió a principios constitucionales que, contemplados en el artículo 66º de la Carta Magna de la Provincia, “allí se indica que los servicios públicos pertenecen originariamente a la Provincia, según su naturaleza y características, y pueden ser concedidos a particulares para su explotación”. El legislador hizo un racconto que “se inicia en el año 94 con la sanción de la Ley 5.977, donde se preveía la privatización y/o concesión de los servicios de agua potable y energía eléctrica. Además, en el artículo 2º de esta ley se le concedía a la empresa la facultad de establecer cualquier tipo fusión, es decir, sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, todas figuras jurídicas que permitían realizar todo tipo de actividades”. “En el año 94 –continúa Pedroza- en Chilecito, nos opusimos a la privatización del servicio de agua potable. Pues la Constitución en su artículo 65º sobre los dominios y usos del agua, y establece que las aguas de lagos, ríos y lagunas, y aguas en superficie pertenece al Estado Provincial. Entendíamos que el agua y los filtros que poseía Chilecito, como la red de distribución del agua potable y la red cloacal son patrimonio del Estado. Por tanto, la empresa se encargaría de la instalación de medidores y a partir de allí realizar su negocio”. Julio Pedroza aseveró que “el gobierno provincial de ese momento tenía la idea del negocio. Y no nos hemos equivocado, ya que sistemáticamente se vieron perjudicados los departamentos de Capital, Chilecito y Chamical. Posteriormente, se sancionan dos leyes; una del año 96, Ley 6.281 que establece el marco regulatorio del servicio público de la provisión de agua potable y cloacas, y la Ley 7.663 del año 99 donde se dispone la creación de Aguas de La Rioja S. A. cuya mala prestación del servicio perjudico al Estado Provincial y a los mencionados departamentos”. Pedroza indicó que “en el año 2002, se realizaron un serie de actos administrativos donde los chileciteños recibimos una cachetada por parte del Estado Provincial, pues se realiza un contrato de compraventa del paquete accionario de Aguas de La Rioja S. A. donde la empresa Latin Aguas se hace cargo del 10 por ciento, y 90 por ciento queda en manos de Sudoeste S. A. que fue suscripta el 27 de marzo del año 2002.” El diputado chileciteño relato que “después de celebrados los actos administrativos, se entró en un periodo de negocios espurios en torno a la prestación del servicio de agua potable” y añadió que todo lo actuado “tenía el aval, y estaba bajo el paraguas político de la Función Ejecutiva de ese momento”. En el año 2007, explicó el diputado “cambia la conducción política-institucional de la provincia de La Rioja; y a partir de los primeros meses de 2008 se comienzan a receptar correspondencias por parte la empresa donde informaban no estar en condiciones de prestar el servicio y solicitaban renegociación del contrato de concesión, fundamentalmente para el incremento de tarifas. El Estado Provincial no le dio cabida a ello, y mediante Decreto Nº 1.011 del año 2009 dispone una auditoría general a la empresa Aguas de La Rioja, donde participan todos los organismos de contralor: EUCoP, Secretaria del Agua, UCI con anuencia del Ministerio de Hacienda de la Provincia, a fin de verificar la calidad en la prestación del servicio de agua”. “Ante las anomalías y dificultades que se presentan –prosigue Pedroza- mediante Decreto Nº 1.233 de la Función Ejecutiva se procede a la intervención del servicio de agua potable por el término de 90 días. Entre las principales dificultades en materia de servicio se cuentan: 12 pozos de agua en Capital estaban fuera de servicio, faltaban elementos de reposición en las perforaciones fuera de servicio; existía un promedio de tres perforaciones que por mes quedaban fuera de servicio. Permanentemente se informaba, a través de los medios de prensa, sobre problemas de mantenimiento y falta de reparación de pérdidas de agua en el ámbito de los Dptos. Capital, Chilecito y Chamical”. Pedroza subrayó que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados solicitó a las autoridades del EUCoP la nómina de autoridades que ejercían cargos, tanto en el Ente Único de Control de Privatizaciones, como de la empresa Aguas de La Rioja. “con la firma del Ingeniero Esteban Orlando Díaz, como Director de Agua Potable y Saneamiento de EUCoP, nos informa que las autoridades principales del Ente entre los años 2001 y 2007 fueron el Ing. Angel Miguel Asis, Ing. Pedro Osmar Wassan y el Sr. Félix Martín Moya. Asimismo, se informa que el Sr. Gustavo Ramón Macagno fue Presidente de la empresa Aguas de La Rioja entre abril de 2001 hasta abril de 2002; y luego fue representante de la provincia en el Directorio de la Empresa entre abril de 2002 y marzo de 2007”. Julio Pedroza se refirió a la creación de la nueva empresa y afirmó que “se ha constituido una SAPEM Aguas Riojanas S. A. y desde la Cámara de Diputados hemos solicitado que se hagan controles internos a través de Contaduría General, control externo que lo realiza el Tribunal de Cuentas, y el control político por parte de los cuerpos colegiados y la Cámara de Diputados; donde cada seis meses se deberán elevar informes sobre el estado de funcionamiento y movimientos patrimoniales, económicos-financieros de la empresa. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados detalló el paquete accionario: “las acciones de tipo A pertenecen al Estado Provincial, en el orden del 96 por ciento, el 3 por ciento le corresponde a los Municipios, y el 1 por ciento a los empleados o un particular” y agregó que “el Estado no podrá enajenar acciones a aquellos miembros que cumplen funciones en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Provincial; y como Estado deberá poseer el 66 por ciento de las acciones, como mínimo, para poder tener mayoría calificada en la asamblea de accionistas, donde se determinarán las operaciones comerciales que se pueden llevar adelante”. Pedroza también aseveró que “se está trabajando para conformar un órgano de contralor específico para todas las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria en el ámbito de la Provincia de La Rioja”.