SINDICAN A BEDER HERRERA COMO UN ASIDUO VISITANTE DE LOS DESPACHOS K.

Los papeles no mienten. En realidad, a la vuelta de seis años de gestión kirchnerista, con los datos que quedaron registrados en la Jefatura de Gabinete de la Nación podría reconstruirse la relación entre el gobernador, Luis Beder Herrera, y los inquilinos de la Casa Rosada. Creado a fines de 2003 mediante decreto 1.172 por el ex presidente Néstor Kirchner, en el Registro de Audiencias de Gestión de Intereses todo funcionario nacional, con rango superior al de director general, debe cargar en un sistema interno las audiencias (concretadas, derivadas o rechazadas) inherentes a la función que ejerce en el Ejecutivo Nacional. Esa información, al alcance de la ciudadanía en el sitio web (www.mejordemocracia.gov.ar), debe ser volcada directamente por cada ministro o secretario de Estado. El sistema también permite una búsqueda por individuo solicitante. Con sólo escribir el apellido de una persona, aparecen en el registro todas las audiencias por ella pedidas. Entre los gobernadores, puede decirse que es un habitué de los pasillos de la Casa Rosada. Según el Registro Público de Audiencias de la Nación, desde 2004 Luis Beder Herrera mantuvo 33 reuniones oficiales con funcionarios nacionales. Una cifra muy por encima de la conseguida por Alberto Rodríguez Saá (San Luis), que sólo obtuvo un encuentro oficial; pero muy por debajo de los números obtenidos por Jorge Capitanich: el chaqueño protagonizó 65 audiencias desde 2004 en adelante. El registro de audiencias de gestión de intereses fue instaurado en 2003. Allí, todos los secretarios y ministros de la Nación deben consignar con quiénes se reúnen de manera oficial. Alperovich figura séptimo, detrás del ya mencionado Capitanich, del mendocino Celso Jaque (57), del chubutense Mario das Neves (42), del santiagueño Gerardo Zamora (37), del bonaerense Daniel Scioli (34) y del tucumano José Alperovich. (32). En el caso del gobernador riojano, desde noviembre de 2004 a febrero de este año, tiene en su haber 33 reuniones con funcionarios nacionales de distinto rango. Y el sistema es tan preciso que permite sacar conclusiones y datos anecdóticos. El decreto firmado por Néstor Kirchner en 2003 es una suerte de código de transparencia que regula distintos instrumentos orientados a ampliar la participación ciudadana y transparentar la gestión. En este caso, establece que los secretarios y ministros de Estado deben registrar todos los encuentros en los que una persona pretenda influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de un funcionario público. "Este procedimiento permite conocer cuáles son los intereses en juego en la discusión de una política pública, democratizando el proceso político", sostiene el reglamento. Sin embargo, esa obligación se cumple a medias. Cualquier persona que verifique que un funcionario no publica sus audiencias puede denunciarlo ante la Oficina Anticorrupción.