La Cámara Olivícola de La Rioja rechazó la decisión del gobierno riojano que dispuso prohibir hasta fin de año la salida de aceitunas fuera de la provincia para que sean elaboradas en otros distritos. Al respecto, la institución denunció que se "atenta contra el libre comercio". La medida oficial se conoció en las últimas horas y sólo exceptúa a aquellos productores que acrediten la propiedad de plantas elaboradoras en otras provincias. Según el gobierno, la decisión fue tomada ante la "grave crisis" que atraviesa el sector a nivel provincial y nacional, para evitar que se profundice la emergencia. El decreto establece que no se podrá trasladar aceitunas en crudo de producción local hasta el próximo 31 de diciembre. Entre las razones de la crisis el decreto menciona a nivel local "el incremento de algunos costos de producción, fenómeno que ha minado la competitividad del sector y que, conjugado con el amesetamiento de los precios internacionales como consecuencia de la crisis en los países centrales, provoca una caída significativa de los márgenes de rentabilidad". Todas estas causales combinadas más la falta de acceso al crédito y las dificultades climatológicas "ponen en riesgo la conservación de miles de puestos de trabajo, directos e indirectos" en un sector que constituye "uno de los tradicionales pilares productivos" de La Rioja, indicó. El objetivo de la medida es, para el gobierno, "asegurar la provisión de materia prima al sector industrial pues, de otro modo, la dinámica de los acontecimientos podría determinar la suspensión de sus actividades". El presidente de la Cámara Olivícola de La Rioja, Emilio Caimi, calificó al decreto de "una barbaridad porque atenta contra el libre comercio". Caimi dijo que "este tipo de medidas perjudican en lugar de beneficiar a las industrias locales porque no pueden comercializar sus productos". Reconoció que este es un año de crisis "severa, de baja producción" con pérdidas en las fuentes de trabajo: "antes se movía una cantidad importante de cosecheros y hoy todo está frenado", pero no justificó la decisión. Al contrario, el sector empresario analizará reclamar ante la justicia, aunque adelantó que pedirán una audiencia con el gobernador Luis Beder Herrera.
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