La Sala de Sentencia de la Legislatura provincial suspendió e inició juicios políticos a los jueces de instrucción, Miguel Ángel Morales, y de ejecución penal, Guillermo Boiero, tras denuncias hechas por familiares del joven asesinado Diego Pérez Santacroce. Los diputados que integraron la Sala consideraron que ambos magistrados son pasibles de juzgamiento por haber incurrido en las figuras de "incumplimiento de los deberes de funcionarios público" y "mal desempeño de sus funciones". A Morales, la familia de la víctima del crimen por el cual fue condenado Héctor "Tirabombas" Palacios lo había denunciado por el presunto delito de prevaricato -por haber adelantado su opinión sobre el caso en un reportaje televisivo- y a Boiero lo denunció por haber autorizado que Palacios -sentenciado a perpetua- salga del penal donde cumple la condena para realizar refacciones en la casa de su madre, a escasas semanas del fallo condenatorio en su contra. Ahora comienzan a correr los plazos de las notificaciones propias de la sustanciación del proceso de enjuiciamiento político de ambos magistrados, ya suspendidos. La suspensión aplicada a Morales deja a la justicia penal de la Capital en una situación de absoluta precariedad y emergencia, porque solo queda en funciones un juez, Alejandro Arce.
Es que la Capital tiene tres juzgados de instrucción. Además del hoy suspendido Morales, a mitad de año corrió la misma suerte el ex juez Daniel Moreno. Como no se designó reemplazante, ahora solo queda en funciones Arce.
La decisión política de suspender y enjuiciar a Morales, llama la atención. Es que se trata del magistrado que la semana pasada hizo una fuerte advertencia sobre la falta de independencia del poder Judicial, al considerarlo presa del sistema de gobierno que concede al Ejecutivo la administración de los recursos de las tres Funciones del Estado.
"No puede ser que el presidente del Tribunal Superior de Justicia tenga que pedirle plata para funcionar al ministro de Hacienda", había dicho Morales, quien preparaba un proyecto para presentar ante la Convención Constituyente.
También despertó suspicacias en los observadores políticos el hecho de que Morales era el juez que investigaba presuntos delitos cometidos por el ex diputado e intendente electo de Arauco, Gustavo Minuzzi, cuando desempeñó la función pública en la década del 90, durante el gobierno de Bernabé Arnaudo.
Se trata de un presunto fraude con la entrega de subsidios a una organización intermedia, que nunca recibió el dinero erogado por el Estado con ese fin.
Morales había dejado trascender su intención de citar a Minuzzi para indagarlo, sin descartar que pudiese ordenar su detención en la causa. Y para eso, necesitaba que el intendente electo perdiese sus fueros como legislador. Por eso Minuzzi había logrado que la Cámara del Crimen hiciera lugar a un recurso de habeas corpus preventivo en su favor, reconociéndole inmunidad parlamentaria.
Morales cree que tras el pedido de juicio político en su contra está el jefe de los fiscales, Claudio Ana
Así lo sostuvo el suspendido juez cuando tomó conocimiento, en agosto pasado, del pedido de juicio político presentado en su contra por Juan Sabas Pérez, tío de la víctima del crimen, Diego Pérez Santacroce.
Según Sabas Pérez, había varias razones para formular el pedido de enjuicimiento al magistrado, aunque la causa que se presentó con mas explicación fue la de un presunto prevaricato, porque el magistrado habría adelantado públicamente su opinión sobre el caso en un reportaje televisivo.
En aquel entonces, Morales había emitido un documento publicando su opinión en el que sostenía que “hay quienes pretenden someter a los jueces y ganar espacios desplazando al que les estorba”.
“No es lo mismo juicio político que maniobra política”, advertía el magistrado desde el título de su despacho de prensa, al pronunciarse respecto del pedido de juicio político solicitado a la Legislatura “por un señor Pérez” (Cornelio Saavedra Pérez). Sostuvo en ese momento que la presentación “huele a torpe maniobra política diseñada en el Ministerio Público Fiscal, lugar al que aquél (Pérez) concurre con sugestiva frecuencia y es atendido con preferencial y amistoso trato”. Ponía de resalto que Pérez “ataca mi actuación en el caso Pérez Santacroce”, pero no hace lo mismo “con la del Dr. Salvador Ana, quien presidió el tribunal de juicio y resolvió en idéntico sentido al que yo resolví en su momento”. Opinaba Morales que el denunciante (Juan Sabas Pérez) “o no sabe lo que dice, o está siendo instrumento de la corporación que integran el Fiscal General, Claudio Ana, y el fiscal de Chamical, Hugo César Montivero, entre otros, con los cuales he mantenido y sostengo profundas diferencias”.
Agregaba que “con el mismo ‘criterio’ que pide mi juicio político, debió haber requerido el juicio político del Dr. Salvador Ana, por cuanto yo procesé al imputado Héctor Hugo Palacios, y el Dr. Salvador Ana —como presidente del Tribunal de juicio, lo condenó—, no sin antes declarar nulo el procesamiento dictado por mí, para finalmente resolver lo mismo que resolví, pero después de dos años. ¿Cómo se entiende?”. preguntaba el juez ahora suspendido en aquel momento.
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