INSTAN A QUE LA JUSTICIA INVESTIGUE EL PATRIMONIO DE LOS KIRCHNER.

El incremento excepcional del patrimonio neto del matrimonio gobernante ha sido entre 2007 y 2008 del 158 por ciento. Si entre ambos -ella como presidenta constitucional, él como gobernante de facto- administraran los intereses del país con igual astucia, seguramente habrían salido victoriosos en las elecciones del 28 de junio. Pero por más luz que se eche sobre la habilidad de un matrimonio de incrementar de un año a otro su patrimonio de 17.824.941 a 46.036.711 pesos, todo lo que se logrará será acentuar las sombras respecto de la verdadera cuestión en debate. No está en discusión la imputación insinuada hace años por el ex presidente Menem contra Néstor Kirchner de haber ejercido de forma implacable el hábito -fulminado desde el Medioevo por la Iglesia- de cobrar intereses excesivos a los deudores que caían bajo sus decisiones. Tampoco es el punto central establecer una controversia pública sobre el tipo de inclinaciones que cada uno manifiesta en materia de inversiones privadas, sean conservadoras o de riesgo. Lo que está en juego como cuestión de entidad pública es el grado de colusión que pudiera inferirse de algunos de los ítems del patrimonio de esta sociedad conyugal y política respecto de bienes del municipio de El Calafate. En la declaración patrimonial, se comprueba que el matrimonio presidencial compró un inmueble de 20.095 metros cuadrados -o algo más de dos hectáreas- por la módica suma de 132.079 pesos. Si se trataba o no, por así decir, de una ganga notable, se supo con la venta realizada el año último de esa misma propiedad por la suma de 6.300.000 pesos. Convengamos que no es nada frecuente, ni entre los más linces para los negocios, obtener en dos años una ganancia de más de seis millones de pesos sobre una inversión que apenas había superado los 130.000 pesos. Sólo excepcionalmente los afortunados que compran en remates de mala muerte un cuadro por unos pocos pesos, pero que termina siendo la obra desconocida de un gran artista, obtienen lucros tan fantásticos como ése. Se explica, pues, el revuelo público que han provocado las sucesivas enajenaciones del bien de un ejido municipal de Santa Cruz, la provincia en la que los Kirchner han mandado con mano de hierro desde hace más de 20 años. La operación inmobiliaria sobre la cual se habían interpuesto denuncias judiciales compromete, por lo pronto, la gestión del ex intendente municipal Néstor Méndez. Fue este funcionario quien dispuso la venta al matrimonio Kirchner y a otras familias vinculadas con ellos de lotes de los que El Calafate ha quedado privado por precios irrisorios. No es la primera vez, y lamentablemente no será la última, que se abran debates sobre la confusión entre patrimonios privados y patrimonios públicos en la Argentina. Sólo a la Justicia corresponderá una palabra final sobre este escándalo. La cuestión ha tomado una dimensión amplia en circunstancias en que el matrimonio gobernante viene de ser castigado en las urnas, incluso en Santa Cruz. Tanto Menem como el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que conocen al antiguo compañero de andanzas políticas como si lo hubieran visto en pañales, han figurado entre quienes con más dureza se atrevieron a descalificarlo. La oposición no ha ido tan lejos. En Chubut, el ex presidente fue tratado de "hipócrita" por Das Neves. La palabra "hipócrita" se interpretó como la respuesta a Kirchner por haber ido a Chubut en un avión de la Fuerza Aérea que debería estar sólo al servicio de funcionarios y declarar al bajar que había sido derrotado el 28 de junio "por la vieja política". Das Neves aclaró que lo había acusado de esa manera por haberse presentado como su "amigo", cuando no lo era. Como se comprenderá, el empleo de bienes del Estado nacional de los que hace uso frecuente Kirchner en la actividad política cae en la esfera de las preocupaciones por la enajenación de bienes públicos en El Calafate. Si por esas vueltas de la política las autoridades aeronáuticas se defienden de imputaciones eventuales bajo el principio de obediencia debida, a lo mejor los acompaña la suerte. El enriquecimiento de los Kirchner se vuelve sospechoso no sólo por su dimensión, sino por el contexto en el cual se desenvuelve su círculo íntimo. El antiguo cadete del estudio jurídico de la pareja se convirtió en un próspero propietario de medios de comunicación a quien se le atribuyen ofertas multimillonarias para comprar uno de los canales de TV más caros de la Argentina. Un ex secretario de Transportes, que pasó casi toda su vida viviendo de un salario público, es investigado por la Justicia por utilizar un carísimo avión privado como si fuera propio; renunció sin explicar de quién era. El hijo de la pareja presidencial dirige una compañía de inversiones y su madre administra un hotel en El Calafate, cuya tarifa es tan onerosa que merecería pagar retenciones tan caras como las que pesan sobre la soja. Cuando la habilidad de los Kirchner para hacer dinero se inscribe en una atmósfera moral tan enrarecida, lo que a primera vista parece pericia obliga a sospechar de una práctica sistemática de la corrupción. La Presidenta y su esposo deberían despejar cuanto antes estos interrogantes. No sólo porque la sociedad ha puesto en sus manos el patrimonio público. También porque se propusieron a sí mismos, con frecuencia, como los agentes del saneamiento ético de la República. La contabilidad del matrimonio vendría a desmentir esa presentación. O, por usar las categorías de Das Neves, estaría exhibiendo un caso de irritante hipocresía. Cuando los vientos cambian, nunca se sabe hasta dónde lo harán.