EL BID APROBÓ EL CRÉDITO DE 50 MILLONES PARA EL SECTOR VITIVINÍCOLA.

El crédito de 50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector vitivinícola es al fin una realidad. El BID aprobó el martes pasado el "reglamento operativo" y completó así el proceso de "elegibilidad" del proyecto, por lo que se calcula que los primeros subsidios se desembolsarán en marzo/abril de 2010, para la época de la Vendimia. La "unidad ejecutora (UE)" funcionará en Mendoza, se integrará con seis representantes del sector público y seis del sector privado y presentará la semana próxima la "hoja de ruta" del proyecto. Por Mendoza fue elegido Alejandro Fadel, ex secretario de la Cámara de Comercio de Tunuyán y hermano de la diputada kirchnerista Patricia Fadel; por San Juan, Marcelo Barg, consultor del BID que participó en la elaboración del plan. La lista de representantes oficiales se completa con dos delegados del ahora Ministerio de Agricultura (Carlos Parera, director regional del INTA Mendoza, y Jorge Casas, del INTA Tinogasta, Catamarca), el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV, Guillermo García) y por el INTA propiamente dicho, el titular de la regional San Juan. Por el sector privado participarán José Molina, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Eduardo Sancho, de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), Horacio Meli, de Bodegueros y Viñateros del Valle de Uco, Renzo Capese, de la Cooperativa La Riojana, Mauro Sosa, de Bodegueros y Viñateros del Este, y Juan Mangione, de la Asociación de Viñateros de Mendoza, aunque estas dos últimas designaciones no fueron del todo confirmadas. La "unidad ejecutora" es clave, pues será la que apruebe o rechace los planes que presenten los pequeños productores que, asociados a bodegas, pidan subsidio para financiar sus planes de inversión. La UE se tomará unos dos meses para evaluar cada proyecto y por eso se calcula que los primeros de-sembolsos serían para marzo/abril, la época de la Vendimia. Los subsidios serán de hasta 3.000 dólares por hectárea, con un tope de 20.000 dólares por productor. El objetivo es que estos se nucleen en grupos y firmen contratos de al menos diez años con la bodega a la que estarán vinculados en su plan de modernización productiva. Cada asociación productores-bodegas deberá aportar como contraparte una inversión propia al menos equivalente al subsidio recibido. Para financiar esa parte se trabaja en la "línea 400" de créditos del Banco Nación. Además, se considerará "contrapartida" el capital de trabajo de los pequeños productores, como mano de obra y dirección familiar. Si se trata de productores asociados a bodegas de "alta gama", el proceso de modernización y tecnificación apuntará a cuestiones de calidad; en cambio, para los productores que venden a plantas de mosto, el énfasis será lograr un mayor nivel de producción. Las propuestas deberán incluir al menos una terna de "técnicos" a cargo del plan de modernización. Quien resulte elegido deberá permanecer afectado al proyecto al menos cinco años, período en el que -se calcula- se habrá completado la "transferencia de tecnología". Se trata del "tercer eje" del Programa Estratégico Vitivinícola (PEVI), al que apunta el crédito del BID. Los otros dos son el desa-rrollo del mercado externo y el del mercado interno. La "unidad ejecutora" ya identificó unos doce grupos de productores y bodegas que están elaborando planes conjuntos y esperan que ese proceso se acelere con la puesta en marcha del crédito del BID. Una de las ideas-fuerza del proyecto, dijeron en Coviar, es incorporar a los pequeños productores al proceso de modernización y competitividad de la industria vitivinícola argentina. "En Australia, Chile, Sudáfrica y Estados Unidos la modernización vitivinícola acompañó la concentración de la producción primaria, pero aquí, en línea con el modelo europeo, queremos preservar al pequeño productor", explicaron. Los primeros desembolsos irán directamente a los proveedores de los pequeños productores, que deberán ganar esa condición a través de licitación pública. De hecho, el monto de los subsidios se fijó en función de inversiones como malla antigranizo (3.000 dólares por hectárea) y mejora de los sistemas de conducción hídrica (1.000 dólares por hectárea). Otras inversiones contempladas son recambio de plantines, saneamiento y fertilización de suelos y compra de implementos. En cambio, el programa excluye expresamente subsidiar la producción en nuevos viñedos. El énfasis es mejorar los ya existentes.