EL GOBERNADOR "ADMITIÓ" UNA GRAN "CORRUPCIÓN EN EL ESTADO".

Obligado por las irregularidades detectadas en la última entrega de viviendas sociales, cuando vino la presidente Cristina Kirchner para inaugurar el plan habitacional de 501 casas, el gobierno dio a conocer este martes el resultado de las denuncias judiciales hechas por el Estado y por particulares y ventiló y admitió públicamente la existencia de una red delictiva que cobraba por adjudicar viviendas. La causa está en manos del juez penal Daniel Barría, quien investiga la comisión de varios delitos y caratuló el expediente como ‘estafas reiteradas’. En conferencia de prensa, el gobernador Luis Beder Herrera sostuvo que, hasta el momento, ‘hay un detenido de apellido Llanos (luego fue identificado como José Llanos), quien no es empleado público pero tenía conexiones fuertes dentro de la Administración de Vivienda’. Pero el juez ya tendría identificados a varios involucrados, incluídos empleados jerarquizados de esa repartición estatal. Según precisó el mandatario, hay unos 100 damnificados que habrían pagado entre 15 y 30 mil pesos -algunos de contado, otros en cuotas- para poder acceder a una casa, sabiendo que estaban cometiendo una irregularidad porque esas viviendas son construídas para atender necesidades sociales y no pueden ser vendidas. El Gobernador puntualizó que la organización delictiva que involucra a empleados del área de Vivienda aún no identificados ‘estaría funcionando desde hace un par de años’. Para Beder, se trata de ‘una sinvergüenzura sin par’ y, por eso, reclamó que ‘aquí tiene que haber presos’. El jefe de Estado admitió que la Administración de Vivienda ‘era un área que no monitoreaba personalmente, pero ahora lo voy a hacer’. Y adelantó que habrá cambios profundos en el sistema de adjudicación de las casas: ‘ya firmé el decreto por el cual durante 120 días los adjudicatarios deberán tener las viviendas bajo carácter precario y recién después, cuando prueben que las habitarán y pagarán sus cuotas, se les adjudicará formalmente’, explicó. Según el Gobernador, la estafa salió a la luz porque en la última adjudicación de viviendas, se le dio prioridad a un sin número de personas que reclamaban una casa por su condición de extrema pobreza. ‘Puse mucha presión en eso y entonces debieron quitar de las listas a los que habían pagado, que se sintieron estafados y denunciaron lo que estaba ocurriendo”, sostuvo el mandatario. Está claro que esas personas, que pagaron por tener una casa adjudicada, actuaron tambíén de modo irregular porque saben o debieron saber que no se debe pagar para acceder a viviendas sociales y ahora deberán aclarar su situación ante la justicia. Al denunciar la situación, el Gobernador habló de una ‘corrupción tremenda’ y admitió que ‘hay que revisar totalmente la estructura del Estado, estamento por estamento’ en todas las áreas. Y sobre el caso de las viviendas, reclamó. ‘aquí tiene que haber presos’. Por ahora, el único detenido es quien supuestamente ofrecía las casas a cambio de dinero, a quien el Gobernador identificó como ‘Llanos’. Pero la investigación judicial en marcha podría derivar en nuevas detenciones por el presunto delito de ‘Estafa’ y gran parte de los involucrados serían empleados estatales dependientes de la Administración de Vivienda, incluídos profesionales. El ministro de Infraestructura Javier Tineo, advirtió este martes que los involucrados en la maniobra para cobrar por la adjudicación de viviendas sociales formaron parte de ‘un plan de personas que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo una estafa’. ‘Esta investigación judicial servirá para poner luz sobre las personas que trabajamos en esto y han usado nuestros nombres para estafar a la gente’, puntualizó. Incluso el funcionario admitió haber recibido en su despacho, la semana pasada, a “un grupo que dijo representar a unas 60 familias damnificadas, engañadas en su buena fe”, quienes le plantearon lo que habían hecho para poder acceder a una vivienda. Tineo dijo que el detenido Llanos no es empleado de planta de Vivienda ni del Ministerio, pero dijo desconocer si pertenece a alguna otra repartición. ‘Era mencionado por los estafados como el gestor de estos engaños’, remarcó, al advertir que, como funcionario público, ya hizo dos denuncias judiciales para tratar de determinar la existencia de delitos. Además, el ministro reconoció que, administrativamente y de modo paralelo a la actuación judicial, se inició una investigación interna en el área de Vivienda en busca de los responsables. Y aclaró que la justicia deberá determinar la responsabilidad que le cupo a los estafados que le pagaron al mencionado Llanos, según las denuncias hechas por el mismo Gobierno. Tineo precisó también que los estafados tenían en su poder documentación apócrifa que les había entregado el estafador y no se encontraban en la base de datos de inscriptos en poder del área de Vivienda. Además, recordó que el gobierno venía advirtiendo que, para acceder a una casa social, no había que pagar a gestores o intermediarios públicos ni privados, porque ‘cada vez que había una entrega de viviendas, nos llovían denuncias de este tipo aunque no teníamos las pruebas’.