LEGISLADORES NACIONALES REFORMARÁN LA LEY DE ESTUPEFACIENTES.

Los legisladores nacionales ya cuentan con un nuevo proyecto para modificar la Ley 23.737 (de Estupefacientes). A la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional, por medio del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se sumó el planteo que realizó el diputado por La Rioja Alberto Nicolás Paredes Urquiza (Frente para la Victoria). El proyecto del parlamentario se potencia en el Congreso semanas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la detención de consumidores de marihuana en ámbitos privados. Algo similar ocurrió con la presentación del Gobierno ya que, aunque comenzó a gestarse antes de que se conociera la sentencia, cobró bríos tras la resolución; y el comité de expertos, nombrado para evaluar los cambios, ya acercó algunas ideas. El comité de expertos nombrado por el Gobierno para evaluar cambios en la ley de estupefacientes ya formuló sugerencias al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Entre estas, reforzar la persecución del tráfico ilegal de drogas y de las redes de comercialización, instrumentar una norma para que la atención de adictos sea universal y gratuita, y reformar la asistencia. Paredes Urquiza propone crear un fondo nacional de $ 200 millones para combatir el narcotráfico y para asistir a los adictos. Este dinero, que provendría de retenciones a exportaciones, sería administrado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) y por los organismos provinciales, a partir del Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico. Otro punto del proyecto del riojano tiene que ver con la atención a los consumidores. El diputado arremetió duramente contra el fallo de la Corte ya que, según entiende, provoca un vacío legal. "Según ellos no es delito que alguien consuma en privado siempre que no dañe a terceros, pero no dice qué hacer cuando haya daños. Propongo adoptar una medida de seguridad curativa obligatoria, que no tendrá carácter de causa penal: que el Estado conmine al individuo a que se trate", dijo, en declaraciones publicadas por el medio digital "Noticias del Congreso de la Nación (NCN)". Paredes Urquiza agregó que la sentencia también es incorrecta porque reserva toda la acción individual -que no sobrepase la esfera de sí- a la decisión del individuo. "No se puede dejar que este se dañe en forma extrema, amparándonos en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Si el daño es grave, debe intervenir el Estado", dijo. Un tercer aspecto del proyecto apunta a gravar las penas. "Si permitimos la excarcelación continua a los narcotraficantes, caen y salen inmediatamente. O se cambia la política procesal o se seguirá permitiendo la evasión a la Justicia", afirmó. Consideró necesario, además, diferenciar las penas. Según dijo, para quien introduzca en el país precursores químicos las penas deben ser más severas: "hoy las penas para esto son la multa, el decomiso y la inhabilitación; ni un día de cárcel para una acción extremadamente peligrosa. Esto hay que cambiarlo en la ley", afirmó.