CRISTINA UN NUEVO ESCÁNDALO, MAYOR QUE EL PRIMERO.

Sobre los escombros de una derrota, la Presidenta decidió construir un nuevo (y, seguramente, más grande) escándalo. Cualquier atisbo de fractura opositora se diluyó ayer después de escuchar a Cristina Kirchner. Era evidente la estrategia del Gobierno de golpear con un arma más novedosa y sorpresiva las puertas del Banco Central y de hacerse rápidamente de una parte importante de las reservas nacionales. Después de un largo panegírico sobre sí misma, y cuando la nación política ya se había cansado de esperar una noticia, la novedad que la Presidenta dio en el Congreso fue una insistencia en el método de doblar la apuesta y de nunca rectificarse. La oposición corría ayer en busca de un juez que frenara otra vez la aplicación del nuevo decreto de necesidad y urgencia. Era tarde. El decreto de diciembre fue derogado y, por lo tanto, ya es una cuestión abstracta en manos de la Corte Suprema de Justicia. ¿La oposición judicializaba la política, como denunció Cristina? Es probable. Pero, ¿qué otro remedio le quedaba si el Poder Ejecutivo se negó a enviar un proyecto de ley al Congreso para consensuarlo con la oposición? ¿Cómo deberían reaccionar los opositores si la Presidenta abrió las sesiones ordinarias del Congreso anunciándole a éste que lo evitaría? ¿Cómo, si la vida normal del Parlamento se inauguró con un decreto de necesidad y urgencia, un método creado precisamente para esquivar a los legisladores? En rigor, fue el Gobierno el que obligó a una judicialización de la política con el decreto anterior. Como se lo recordó la primera Cámara judicial que ratificó la resolución de la jueza María José Sarmiento, el Gobierno podría haber convocado en diciembre a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir la transferencia de reservas. Luego, el ex presidente del Banco Central Martín Redrado no tuvo más remedio que recurrir a la Justicia cuando el Gobierno decidió, el Día de Reyes, desconocer su estabilidad jurídica al frente de la conducción monetaria. Directamente lo echó. El Gobierno no está seguro de nada en el Congreso y sólo trata de evitarlo, mediante decretos de necesidad y urgencia o sacándole el quórum necesario para debatir. Ayer sólo cambió el orden de los ingredientes, pero cocinó la misma ensalada que en diciembre. Hay, sí, una diferencia notable con lo que ocurrió hace dos meses. Esta vez tiene al frente del Banco Central a una presidenta disciplinada, Mercedes Marcó del Pont, quien, al revés de lo que hizo Redrado, se apresuró con los trámites para transferir una porción de las reservas a las cuentas del gobierno federal. ¿Por qué sabía el directorio del Banco Central del contenido de ese decreto con la suficiente antelación como para que su directorio lo haya tratado ayer mismo? Legisladores opositores enviaban cartas documento a Marcó del Pont y redactaban nuevas presentaciones judiciales. La desesperación en las filas de la oposición era casi palpable. En efecto, todo parecía tarde ya. El kirchnerismo había jugado con las cartas marcadas mientras confundía a los opositores con eventuales proyectos de leyes sobre el manejo de esas reservas. Las codiciadas reservas del Banco Central estarían ya en poder del Gobierno. Una comisión bicameral, dijo Cristina Kirchner, supervisará el uso de esas reservas. Pura formalidad si el dinero está en manos de los Kirchner. Los legisladores fueron condenados a opinar sobre hechos consumados, no a resolver sobre las reservas. El "país real" de los Kirchner, del que no habló la Presidenta, es así de escarpado y de tortuoso. ¿Qué sucedería si la Justicia les ordenara devolver esos recursos al Banco Central? Siempre tendrán la posibilidad de mandarle al Central bonos para cobrar dentro de muchos años. Lo mismo ocurriría si el Congreso rechazara el nuevo decreto de necesidad y urgencia. Los Kirchner nunca devuelven lo que ya se llevaron. "La situación se vuelve así muy difícil, casi irrespirable", deslizó ayer uno de los legisladores opositores que participaba de incipientes negociaciones sobre un proyecto de ley que nunca llegó. ¿Cómo sobrevivirá una política que ha perdido ya los signos más elementales de la necesaria confianza? ¿Cómo convivirán los exponentes partidarios, en los próximos casi dos años, con un matrimonio que se las ingenia para darles la razón sólo a sus más acérrimos oponentes, que entrevén trampas hasta cuando ellos sonríen? Esas son las preguntas que no tienen respuestas, pero que trazan un horizonte cargado de peligros y de albures. Lo que queda de los Kirchner será siempre, definitivamente, peor. El manejo de las estructuras de la administración (y la deserción política e institucional de muchos funcionarios) le permite a la pareja gobernante, no obstante, pequeñas conquistas en el país de fantasía que levantaron. Más de una hora y media habló ayer la Presidenta y no nombró ni una sola vez la palabra "inflación", que es la primera preocupación de la sociedad y el principal problema político y económico del país actual. Tampoco habló de la pobreza (salvo para autoelogiarse) ni de la escasa inversión privada que promueve la falta de seguridad jurídica. Inseguridad que ayer aumentó en dosis considerables, luego de que el Gobierno decidió ignorar al Congreso. El fuego del escándalo, que estalló ayer sobre las cenizas del viejo escándalo, eclipsó otros momentos memorables del discurso de la Presidenta. El hilo de su discurso discurrió sobre el "país real", el suyo, y el "país mediático", el del periodismo. Nombró despectivamente a algunos diarios, entre ellos LA NACION, para quejarse de que ambos países eran muy distintos. ¿Por qué tendrían que ser iguales? Si fueran similares, ¿no se produciría de hecho otra deserción, la de la prensa en este caso? Insistir sobre estos conceptos es ya inútil: los Kirchner creen que sus problemas se deben a que el Indec no maneja los diarios. Basta. No discuten más. Hubo instantes que no carecieron de hipocresía. Uno de ellos fue cuando se refirió a jueces inservibles, algunos opositores y otros, corruptos. En esos mismos momentos, su operador judicial todoterreno Javier Fernández trataba de salvar, como lo viene haciendo en los últimos días, al inverosímil juez Faggionatto Márquez. Sometido estos días a un jury que podría expulsarlo de la Justicia, Faggionatto Márquez está sentado frente a un tribunal de siete jueces; se necesitan cinco votos para echarlo de la Justicia. Con una causa por enriquecimiento ilícito posterior a su suspensión como juez (y con una espectacular auditoría puesta en marcha por la Corte sobre su gestión), el oficialismo avanza sobre dos jueces del tribunal, el camarista Jorge Villada y el abogado Daniel Medah, para convencerlos de que se sumen a los votos de dos legisladores kirchneristas que apoyarían a Faggionatto Márquez. Si Fernández tuviera éxito, Faggionatto Márquez volvería al juzgado de Campana. ¿Será así la Justicia a la que aspira Cristina Kirchner? No fue la única contradicción. ¿Para qué se respaldó en el Fondo Monetario si después diría que no le cree? ¿Para qué destrató a los radicales, justo cuando ellos habían decidido no faltar a la Asamblea Legislativa, contra la intuición de Elisa Carrió? ¿Para qué habló de una economía inigualablemente buena si su gobierno ejecutó el arrebato de reservas al Banco Central, en medio de la noche y a hurtadillas, con la definitiva y ciega decisión de los desahuciados?

Joaquín Morales Solá. LA NACION.