Más allá del análisis jurídico e institucional que merece la afirmación de Cristina Fernández diciendo que no acatará la orden del juez y que seguirá usando las reservas, el dato económico sería el siguiente. Así como ahora se apropia por decreto de U$S 6.500 millones de las reservas, ha dejado sentado el antecedente por el cual mañana puede firmar otro decreto apropiándose de otro cifra igual, mayor o menor de las reservas argumentando que tiene que hacer frente a cualquier pago sin importarle lo que diga la Justicia o el Congreso. Más allá de que los tenedores de bonos puedan estar contentos por asegurarse el pago, lo concreto es que al ignorar el marco institucional, Cristina Fernández empieza a gobernar por decreto, con lo cual el ciudadano queda indefenso. Por ejemplo, ante el gran problema fiscal que tiene el Gobierno, podría emitir un decreto aumentando impuestos sin pasar por el Congreso, la Justicia rechazar el decreto y Cristina Fernández cobrarlo igual usando el monopolio de la fuerza que le fue conferido para defender los derechos de los habitantes. Claramente, más que generar confianza con esta medida, su accionar produce incertidumbre porque entramos en un sistema de gobierno que no está dispuesto a acatar la división de poderes. Todos los derechos de propiedad pasan a estar sujetos a los humores del matrimonio que por un simple decreto puede apropiarse de los ingresos o patrimonios de la población y no dejar actuar a la Justicia argumentando que judicializa la política. Pero, ¿por qué Cristina Fernández llegó a este extremo? Porque en realidad no quiere hacerse cargo del costo político de asumir el fenomenal desborde de gasto público que ellos mismos generaron. Un solo ejemplo basta para tener una idea. Mediante una política demagógica, su esposo y ella se negaron a mover las tarifas de los servicios públicos, generando una ficción de bienestar económico. En 2006 el monto total de los subsidios y préstamos al sector privado era de $ 8.800 millones de pesos y en el 2009 había trepado a los $ 33.334 millones (más del 80% son subsidios a la energía y el transporte). El incremento del gasto en subsidios fue de $ 24.534 millones, unos U$S 6.323 millones al tipo de cambio actual. Es decir, casi el Fondo del Bicentenario o ahora del Desendeudamiento. Si no hubiesen generado esta maraña de subsidios hoy dispondrían de ese dinero sin necesidad de tocar las reservas. Claro, demagógicamente se argumentará que subir las tarifas es equivalente al ajuste salvaje, sin embargo, como las reservas fueron compradas con el impuesto inflacionario, la gente ya pagó el ajuste salvaje vía la inflación y la consiguiente pérdida en su poder adquisitivo. Por eso, es falso el argumento del Gobierno de que no quiere hacer el ajuste de los ingresos para pagar la deuda. Ya lo hizo aplicando tasas de inflación de dos dígitos y en espiral. En todo caso, el argumento valedero del Gobierno sería el siguiente: vamos a pagar con reservas porque ya hicimos un ajuste salvaje vía el impuesto inflacionario. Cuando en el 2005 le pagaron al FMI por anticipado la deuda, la tasa promedio de esos préstamos era de poco más del 3% anual. Cambiaron deuda al 3% anual por deuda con Chávez al 15% anual. Hoy, si Argentina quisiera tener financiamiento barato podría recurrir al FMI, del mismo organismo que gustosamente y sin hacerle asco recibieron U$S 2.500 millones en DGS que ya se los gastaron, y pedir U$S 6.500 millones a una tasa que muy difícilmente superaría el 3% anual. Cancelarían deuda al 15% por deuda al 3%, que se reduciría al 2,5% manteniendo las reservas y neteando el 0,5% que gana por la colocación de las mismas. No se afectaría el respaldo de los pasivos del Central y se cumpliría con los acreedores a tasas muy convenientes. Claro que aquí hay un punto a considerar. Para poder acceder a un préstamo del FMI sin condicionalidades, habría que cumplir con el artículo IV de dicha institución. ¿Qué significa esto? Mostrar las cuentas y transparentar el Indec. Si hoy Argentina no tiene acceso a créditos más baratos es por culpa del matrimonio que destrozó el Indec para esconder la realidad sobre inflación, pobreza e indigencia. Por supuesto que eso le sirve a Cristina Fernández para decir que la Argentina real es la que muestra el Indec. Pero, como decía mi abuelita, la vida es dura. Si uno decide hacer una macana como esa, luego tiene que pagar el costo de decirle a la sociedad que los datos que venían dándose hasta ahora no eran los de la Argentina real, sino que eran datos una Argentina virtual. Pero si pedirle al FMI es una herejía para el matrimonio, podrían ahorrarse $ 2300 millones que costó en subsidios Aerolíneas Argentinas en el 2009, otros $ 1400 millones de la estatizada AYSA y los $ 800 millones que cuesta el fútbol para todos entre derechos y costos de producción. Ahí solo tienen $ 3500 millones tirados a la basura que reducirían las necesidades de financiamiento. Y estoy seguro que si, por decirlo suavemente, ajustaran bien el lápiz podrían ahorrase un 5% en los costos de las obras públicas, un número nada despreciable a la hora de buscar recursos, por no hablar de otros gastos que tienen más olor a clientelismo político que a necesidades sociales. El Gobierno está actuando como una familia que gasta más de lo que le ingresa para darse la gran vida, y como no tiene plata para pagar la deuda, decide vender sus activos (auto, casa, etc.) para pagarla con tal de seguir viviendo como reyes. Cuando se acaban los activos, el ajuste del gasto aparece inevitablemente. Eso es lo que el Gobierno quiere evitar. Hacerse cargo del desmadre de gasto público que generaron en esos casi 7 años y, en todo caso, seguir consumiendo activos (ya se gastaron los ahorros de la gente en las AFJP) y ahora van por las reservas. Por lo tanto, el problema no es si se paga con las reservas o no, sino que el problema está en la inconsistencia de la política fiscal, porque el camino que siguen llevará a que luego se apropien de más reservas, luego de más y así sucesivamente. El problema de fondo es que el matrimonio no quiere hacerse cargo del desborde fiscal, y para ello argumenta que los que dicen que no gasten tanto son unos salvajes que quieren que la gente se muera de hambre. Que disfrutan viendo a la gente en la miseria y desnutrida, mientras la triste realidad es que el BCRA liquida el poder de compra de la población elevando la productividad en la fabricación de billetes que cada vez valen menos. Me parece que la desesperación del Gobierno es que no existe el ánimo destituyente que denuncia. Por el contrario, eso no existe. El drama que tiene es que luego del resultado electoral del año pasado, deben empezar a manejarse dentro de las reglas de juego de la República y eso los obliga a seguir en el cargo asumiendo el costo de los errores cometidos. Como no quieren asumir ese costo generan un conflicto de poderes que termina produciendo más incertidumbre política con inevitable impacto sobre la economía.
sábado, 6 de marzo de 2010
LA PRESIDENTA Y EL USO DE LAS RESERVAS: EMERGENTE DESBORDE FISCAL.
Más allá del análisis jurídico e institucional que merece la afirmación de Cristina Fernández diciendo que no acatará la orden del juez y que seguirá usando las reservas, el dato económico sería el siguiente. Así como ahora se apropia por decreto de U$S 6.500 millones de las reservas, ha dejado sentado el antecedente por el cual mañana puede firmar otro decreto apropiándose de otro cifra igual, mayor o menor de las reservas argumentando que tiene que hacer frente a cualquier pago sin importarle lo que diga la Justicia o el Congreso. Más allá de que los tenedores de bonos puedan estar contentos por asegurarse el pago, lo concreto es que al ignorar el marco institucional, Cristina Fernández empieza a gobernar por decreto, con lo cual el ciudadano queda indefenso. Por ejemplo, ante el gran problema fiscal que tiene el Gobierno, podría emitir un decreto aumentando impuestos sin pasar por el Congreso, la Justicia rechazar el decreto y Cristina Fernández cobrarlo igual usando el monopolio de la fuerza que le fue conferido para defender los derechos de los habitantes. Claramente, más que generar confianza con esta medida, su accionar produce incertidumbre porque entramos en un sistema de gobierno que no está dispuesto a acatar la división de poderes. Todos los derechos de propiedad pasan a estar sujetos a los humores del matrimonio que por un simple decreto puede apropiarse de los ingresos o patrimonios de la población y no dejar actuar a la Justicia argumentando que judicializa la política. Pero, ¿por qué Cristina Fernández llegó a este extremo? Porque en realidad no quiere hacerse cargo del costo político de asumir el fenomenal desborde de gasto público que ellos mismos generaron. Un solo ejemplo basta para tener una idea. Mediante una política demagógica, su esposo y ella se negaron a mover las tarifas de los servicios públicos, generando una ficción de bienestar económico. En 2006 el monto total de los subsidios y préstamos al sector privado era de $ 8.800 millones de pesos y en el 2009 había trepado a los $ 33.334 millones (más del 80% son subsidios a la energía y el transporte). El incremento del gasto en subsidios fue de $ 24.534 millones, unos U$S 6.323 millones al tipo de cambio actual. Es decir, casi el Fondo del Bicentenario o ahora del Desendeudamiento. Si no hubiesen generado esta maraña de subsidios hoy dispondrían de ese dinero sin necesidad de tocar las reservas. Claro, demagógicamente se argumentará que subir las tarifas es equivalente al ajuste salvaje, sin embargo, como las reservas fueron compradas con el impuesto inflacionario, la gente ya pagó el ajuste salvaje vía la inflación y la consiguiente pérdida en su poder adquisitivo. Por eso, es falso el argumento del Gobierno de que no quiere hacer el ajuste de los ingresos para pagar la deuda. Ya lo hizo aplicando tasas de inflación de dos dígitos y en espiral. En todo caso, el argumento valedero del Gobierno sería el siguiente: vamos a pagar con reservas porque ya hicimos un ajuste salvaje vía el impuesto inflacionario. Cuando en el 2005 le pagaron al FMI por anticipado la deuda, la tasa promedio de esos préstamos era de poco más del 3% anual. Cambiaron deuda al 3% anual por deuda con Chávez al 15% anual. Hoy, si Argentina quisiera tener financiamiento barato podría recurrir al FMI, del mismo organismo que gustosamente y sin hacerle asco recibieron U$S 2.500 millones en DGS que ya se los gastaron, y pedir U$S 6.500 millones a una tasa que muy difícilmente superaría el 3% anual. Cancelarían deuda al 15% por deuda al 3%, que se reduciría al 2,5% manteniendo las reservas y neteando el 0,5% que gana por la colocación de las mismas. No se afectaría el respaldo de los pasivos del Central y se cumpliría con los acreedores a tasas muy convenientes. Claro que aquí hay un punto a considerar. Para poder acceder a un préstamo del FMI sin condicionalidades, habría que cumplir con el artículo IV de dicha institución. ¿Qué significa esto? Mostrar las cuentas y transparentar el Indec. Si hoy Argentina no tiene acceso a créditos más baratos es por culpa del matrimonio que destrozó el Indec para esconder la realidad sobre inflación, pobreza e indigencia. Por supuesto que eso le sirve a Cristina Fernández para decir que la Argentina real es la que muestra el Indec. Pero, como decía mi abuelita, la vida es dura. Si uno decide hacer una macana como esa, luego tiene que pagar el costo de decirle a la sociedad que los datos que venían dándose hasta ahora no eran los de la Argentina real, sino que eran datos una Argentina virtual. Pero si pedirle al FMI es una herejía para el matrimonio, podrían ahorrarse $ 2300 millones que costó en subsidios Aerolíneas Argentinas en el 2009, otros $ 1400 millones de la estatizada AYSA y los $ 800 millones que cuesta el fútbol para todos entre derechos y costos de producción. Ahí solo tienen $ 3500 millones tirados a la basura que reducirían las necesidades de financiamiento. Y estoy seguro que si, por decirlo suavemente, ajustaran bien el lápiz podrían ahorrase un 5% en los costos de las obras públicas, un número nada despreciable a la hora de buscar recursos, por no hablar de otros gastos que tienen más olor a clientelismo político que a necesidades sociales. El Gobierno está actuando como una familia que gasta más de lo que le ingresa para darse la gran vida, y como no tiene plata para pagar la deuda, decide vender sus activos (auto, casa, etc.) para pagarla con tal de seguir viviendo como reyes. Cuando se acaban los activos, el ajuste del gasto aparece inevitablemente. Eso es lo que el Gobierno quiere evitar. Hacerse cargo del desmadre de gasto público que generaron en esos casi 7 años y, en todo caso, seguir consumiendo activos (ya se gastaron los ahorros de la gente en las AFJP) y ahora van por las reservas. Por lo tanto, el problema no es si se paga con las reservas o no, sino que el problema está en la inconsistencia de la política fiscal, porque el camino que siguen llevará a que luego se apropien de más reservas, luego de más y así sucesivamente. El problema de fondo es que el matrimonio no quiere hacerse cargo del desborde fiscal, y para ello argumenta que los que dicen que no gasten tanto son unos salvajes que quieren que la gente se muera de hambre. Que disfrutan viendo a la gente en la miseria y desnutrida, mientras la triste realidad es que el BCRA liquida el poder de compra de la población elevando la productividad en la fabricación de billetes que cada vez valen menos. Me parece que la desesperación del Gobierno es que no existe el ánimo destituyente que denuncia. Por el contrario, eso no existe. El drama que tiene es que luego del resultado electoral del año pasado, deben empezar a manejarse dentro de las reglas de juego de la República y eso los obliga a seguir en el cargo asumiendo el costo de los errores cometidos. Como no quieren asumir ese costo generan un conflicto de poderes que termina produciendo más incertidumbre política con inevitable impacto sobre la economía.
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