Se ha impuesto una semblanza del oficialismo que me parece certera y otra de la oposición con la que me interesa disentir. La involución sufrida por el país, a raíz del auge alcanzado por las prácticas políticas del oficialismo, nos retrotrae a un estado de precariedad institucional y social francamente alarmante. Nunca, desde que, en 1983, se recuperó la democracia, un partido gobernante se ha burlado tanto de la ley y las instituciones a las que debe su legitimidad. Resulta sorprendente, a la luz de semejante caudal de transgresiones, el cinismo con que sus voceros se presentan como víctimas de una conspiración orquestada para privarlos de sus derechos e impedirles el ejercicio de sus deberes. Nadie, hasta donde sé, caracterizó este procedimiento con más elocuencia que Alain Finkielkraut: "No hay teoría más voluptuosa que la del complot. Basta adoptarla para que se desvanezca cualquier obstáculo y el puñetero principio de realidad exhale su último suspiro. Ese discurso no falla nunca: creer en una conspiración significa ponerse al amparo de lo real. ¿Quién manipula los signos? ¿Quién intoxica la opinión? ¿Quién deforma los acontecimientos? ¿Quién si no precisamente este pulpo inaferrable que denuncio sin descanso?". Desde siempre y para siempre, "la culpa es del Otro, del Gran Antagonista: nada, absolutamente nada, se deja sin respuesta y uno mismo queda exento de antemano de cualquier replanteamiento". El proceso regresivo impulsado por el Gobierno se inicia con la homologación del adversario con el enemigo y el asentamiento del monólogo hegemónico unido a la equivalencia entre disidencia y traición. Su hilo conductor, vocacionalmente maniqueo, se tensa y se ahonda con el menoscabo de las instituciones; prosigue su avance recurriendo a la manipulación de la pobreza y a la instrumentación impúdica de la caja, para completarse mediante el saqueo de los fondos públicos, el matonaje como pedagogía disuasiva y la acumulación ostentosa de riqueza y poder. A los siniestros partidos opositores, nunca suficientemente denostados, se les suma la denuncia oficialista de un Poder Judicial mercenario y un Parlamento controlado, ahora, por quienes se empeñan en tumbar al Gobierno. Heroicamente, y aislado, el Poder Ejecutivo combate, impoluto, contra quienes, desde el campo, la industria, las empresas periodísticas y los intereses financieros, se empecinan en destruir los avances justicieros del Frente para la Victoria. Afloran por doquier perros y buitres, y a ellos suma D´Elía los tentáculos de la bestia sionista, que se ciernen sobre el cuerpo inerme de la Argentina. Mediante los términos "real" y "virtual", la oratoria gubernamental alcanza su más exquisito refinamiento analítico y remata con ellos su diagnóstico iluminado: dos poderes -los del bien y el mal- se disputan el dominio del presente y el porvenir. La gracia de obrar el bien, por supuesto, es don que recae sobre el Gobierno. Estamos ante un derrame discursivo abocado a hacerse ver como principista. Para lograrlo, sus portavoces no vacilan en recurrir a lo que sea. De la legítima habilidad operativa a la avivada, la trampa y el delito: de la brutal descalificación del disidente al apriete mafioso. Ningún elemento es impropio para asegurarle supervivencia y proyección. En su conducta, los procedimientos confesables e inconfesables se equivalen, desde que rindan el fruto esperado. Cuando les conviene, obran con verdad y por derecha, como se hizo en el reciente reclamo por las islas Malvinas. Cuando no, lo hacen mintiendo y con mala fe, como lo evidenció lo sucedido en el Banco Central mientras se desplegaba en el Congreso la catilinaria presidencial. La tribalización del cuerpo político, alentada por una festiva pasión por la intolerancia, impide completar la transición a la vida democrática reiniciada a los tropezones hace más de cinco lustros. En su afán por seguir acotando la ley en favor del poder, el Gobierno no hace más que perder legitimidad. Suma, así, a su creciente impopularidad la posibilidad de situarse fuera del marco constitucional. Frente a semejante caudal de irregularidades, la sociedad se inquieta y angustia al verificar el espesor de las dificultades con que tropieza la oposición para sanear las prácticas parlamentarias y contener los desbordes oficialistas. La impaciencia desnaturaliza la expectativa generada por las elecciones del 28 de junio y la convierte en acicate de una ansiedad peligrosa. Ella induce a confundir la inevitable lentitud con que se avanza hacia estrategias eficientes con una falta de idoneidad irremontable para encarar lo que cabe resolver. Es indiscutible que pericia y rapidez para orquestar su acción no les han sobrado ni a los diputados ni a los senadores no oficialistas. Y que han probado ya varias veces cuánto les cuesta constituir liderazgos consensuados. Pero la oposición es el recurso -el único recurso- del que dispone el país para construir una alternativa democrática ante un oficialismo que no lo es ni demuestra interés en serlo. Nadie sensato puede ignorar la abundancia de sus precariedades. Sin embargo, la intransigencia ante sus limitaciones actuales no ayudará a mejorar lo que es indispensable. Es preciso que la opinión pública, sin abandonar su vigilia crítica, se reconcilie con la paciencia. Ser exigentes no es lo mismo que ser fundamentalistas. Ciudadanos y verdugos no ejercen el mismo oficio. Y no habrá renovación parlamentaria auténtica si a ese aprendizaje se le niega el derecho de cumplirse en un escenario de extrema complejidad. Todo esto requiere cultura cívica, y no se la va a lograr sin templanza y reflexión. Ello no vale sólo para los políticos. Vale también -y mucho- para la sociedad, que es, después de todo, el suelo donde crece la clase dirigente. En conclusión: la oposición parlamentaria se encuentra hoy triplemente acosada. En primer término, por sus propias dificultades para proceder como debe. En segundo término, por un oficialismo que teme los progresos de esa oposición y se desvela por impedirlos. En tercer término, por una sociedad que, harta de las desmesuras del Gobierno, no tolera sus desaciertos y demoras para desbaratarlas y cae en el facilismo de la impaciencia y la subestimación, confundiendo lentitud con inmovilidad, lo complejo con lo simple, el desorden con la impotencia y la vida parlamentaria con un mostrador que debería expedirse con la celeridad de un fast food . No se trata, insisto, de justificar a quienes tienen responsabilidades mucho más altas que los anémicos servicios que prestan. Se trata de entender por qué esa disonancia entre exigencias y recursos no se puede superar sin una laboriosa decantación. Aprender a devolverles vida a la ley y valor a las instituciones ha sido, en la Argentina, un aprendizaje con frecuencia superficial y siempre discontinuo. Revertir esa discontinuidad exige algún tiempo más que un último mes de verano. Por fin: la mayoría parlamentaria, que hoy se mueve todavía como un oso en un bazar, está integrada por fuerzas de centroizquierda, de centroderecha y de centro sin más. Ellas constituyen, en conjunto, el capital ideológico y programático más amplio y auspicioso con que puede contar una democracia. La aptitud negociadora que, en el marco de la ley, puedan desarrollar esas fuerzas será la que garantice el buen funcionamiento de la República y asegure su salida del pantano en que hoy se hunde. El oficialismo lo sabe. Por eso lo desvela esa posibilidad de diálogo y convivencia. El oficialismo sabe y hace saber, además, que entre sus expectativas y propósitos no figura el encuentro con sus adversarios. La única ley a la que se somete es la de la supremacía irrestricta de su voz. Lo suyo no es la centroizquierda ni el centro ni la centroderecha, sino el pragmatismo descarnado que le impone su gravísimo apego al poder.
viernes, 19 de marzo de 2010
NO ES RAZONABLE PEDIRLE MILAGROS A LA FLAMANTE MAYORÍA OPOSITORA EN EL CONGRESO.
Se ha impuesto una semblanza del oficialismo que me parece certera y otra de la oposición con la que me interesa disentir. La involución sufrida por el país, a raíz del auge alcanzado por las prácticas políticas del oficialismo, nos retrotrae a un estado de precariedad institucional y social francamente alarmante. Nunca, desde que, en 1983, se recuperó la democracia, un partido gobernante se ha burlado tanto de la ley y las instituciones a las que debe su legitimidad. Resulta sorprendente, a la luz de semejante caudal de transgresiones, el cinismo con que sus voceros se presentan como víctimas de una conspiración orquestada para privarlos de sus derechos e impedirles el ejercicio de sus deberes. Nadie, hasta donde sé, caracterizó este procedimiento con más elocuencia que Alain Finkielkraut: "No hay teoría más voluptuosa que la del complot. Basta adoptarla para que se desvanezca cualquier obstáculo y el puñetero principio de realidad exhale su último suspiro. Ese discurso no falla nunca: creer en una conspiración significa ponerse al amparo de lo real. ¿Quién manipula los signos? ¿Quién intoxica la opinión? ¿Quién deforma los acontecimientos? ¿Quién si no precisamente este pulpo inaferrable que denuncio sin descanso?". Desde siempre y para siempre, "la culpa es del Otro, del Gran Antagonista: nada, absolutamente nada, se deja sin respuesta y uno mismo queda exento de antemano de cualquier replanteamiento". El proceso regresivo impulsado por el Gobierno se inicia con la homologación del adversario con el enemigo y el asentamiento del monólogo hegemónico unido a la equivalencia entre disidencia y traición. Su hilo conductor, vocacionalmente maniqueo, se tensa y se ahonda con el menoscabo de las instituciones; prosigue su avance recurriendo a la manipulación de la pobreza y a la instrumentación impúdica de la caja, para completarse mediante el saqueo de los fondos públicos, el matonaje como pedagogía disuasiva y la acumulación ostentosa de riqueza y poder. A los siniestros partidos opositores, nunca suficientemente denostados, se les suma la denuncia oficialista de un Poder Judicial mercenario y un Parlamento controlado, ahora, por quienes se empeñan en tumbar al Gobierno. Heroicamente, y aislado, el Poder Ejecutivo combate, impoluto, contra quienes, desde el campo, la industria, las empresas periodísticas y los intereses financieros, se empecinan en destruir los avances justicieros del Frente para la Victoria. Afloran por doquier perros y buitres, y a ellos suma D´Elía los tentáculos de la bestia sionista, que se ciernen sobre el cuerpo inerme de la Argentina. Mediante los términos "real" y "virtual", la oratoria gubernamental alcanza su más exquisito refinamiento analítico y remata con ellos su diagnóstico iluminado: dos poderes -los del bien y el mal- se disputan el dominio del presente y el porvenir. La gracia de obrar el bien, por supuesto, es don que recae sobre el Gobierno. Estamos ante un derrame discursivo abocado a hacerse ver como principista. Para lograrlo, sus portavoces no vacilan en recurrir a lo que sea. De la legítima habilidad operativa a la avivada, la trampa y el delito: de la brutal descalificación del disidente al apriete mafioso. Ningún elemento es impropio para asegurarle supervivencia y proyección. En su conducta, los procedimientos confesables e inconfesables se equivalen, desde que rindan el fruto esperado. Cuando les conviene, obran con verdad y por derecha, como se hizo en el reciente reclamo por las islas Malvinas. Cuando no, lo hacen mintiendo y con mala fe, como lo evidenció lo sucedido en el Banco Central mientras se desplegaba en el Congreso la catilinaria presidencial. La tribalización del cuerpo político, alentada por una festiva pasión por la intolerancia, impide completar la transición a la vida democrática reiniciada a los tropezones hace más de cinco lustros. En su afán por seguir acotando la ley en favor del poder, el Gobierno no hace más que perder legitimidad. Suma, así, a su creciente impopularidad la posibilidad de situarse fuera del marco constitucional. Frente a semejante caudal de irregularidades, la sociedad se inquieta y angustia al verificar el espesor de las dificultades con que tropieza la oposición para sanear las prácticas parlamentarias y contener los desbordes oficialistas. La impaciencia desnaturaliza la expectativa generada por las elecciones del 28 de junio y la convierte en acicate de una ansiedad peligrosa. Ella induce a confundir la inevitable lentitud con que se avanza hacia estrategias eficientes con una falta de idoneidad irremontable para encarar lo que cabe resolver. Es indiscutible que pericia y rapidez para orquestar su acción no les han sobrado ni a los diputados ni a los senadores no oficialistas. Y que han probado ya varias veces cuánto les cuesta constituir liderazgos consensuados. Pero la oposición es el recurso -el único recurso- del que dispone el país para construir una alternativa democrática ante un oficialismo que no lo es ni demuestra interés en serlo. Nadie sensato puede ignorar la abundancia de sus precariedades. Sin embargo, la intransigencia ante sus limitaciones actuales no ayudará a mejorar lo que es indispensable. Es preciso que la opinión pública, sin abandonar su vigilia crítica, se reconcilie con la paciencia. Ser exigentes no es lo mismo que ser fundamentalistas. Ciudadanos y verdugos no ejercen el mismo oficio. Y no habrá renovación parlamentaria auténtica si a ese aprendizaje se le niega el derecho de cumplirse en un escenario de extrema complejidad. Todo esto requiere cultura cívica, y no se la va a lograr sin templanza y reflexión. Ello no vale sólo para los políticos. Vale también -y mucho- para la sociedad, que es, después de todo, el suelo donde crece la clase dirigente. En conclusión: la oposición parlamentaria se encuentra hoy triplemente acosada. En primer término, por sus propias dificultades para proceder como debe. En segundo término, por un oficialismo que teme los progresos de esa oposición y se desvela por impedirlos. En tercer término, por una sociedad que, harta de las desmesuras del Gobierno, no tolera sus desaciertos y demoras para desbaratarlas y cae en el facilismo de la impaciencia y la subestimación, confundiendo lentitud con inmovilidad, lo complejo con lo simple, el desorden con la impotencia y la vida parlamentaria con un mostrador que debería expedirse con la celeridad de un fast food . No se trata, insisto, de justificar a quienes tienen responsabilidades mucho más altas que los anémicos servicios que prestan. Se trata de entender por qué esa disonancia entre exigencias y recursos no se puede superar sin una laboriosa decantación. Aprender a devolverles vida a la ley y valor a las instituciones ha sido, en la Argentina, un aprendizaje con frecuencia superficial y siempre discontinuo. Revertir esa discontinuidad exige algún tiempo más que un último mes de verano. Por fin: la mayoría parlamentaria, que hoy se mueve todavía como un oso en un bazar, está integrada por fuerzas de centroizquierda, de centroderecha y de centro sin más. Ellas constituyen, en conjunto, el capital ideológico y programático más amplio y auspicioso con que puede contar una democracia. La aptitud negociadora que, en el marco de la ley, puedan desarrollar esas fuerzas será la que garantice el buen funcionamiento de la República y asegure su salida del pantano en que hoy se hunde. El oficialismo lo sabe. Por eso lo desvela esa posibilidad de diálogo y convivencia. El oficialismo sabe y hace saber, además, que entre sus expectativas y propósitos no figura el encuentro con sus adversarios. La única ley a la que se somete es la de la supremacía irrestricta de su voz. Lo suyo no es la centroizquierda ni el centro ni la centroderecha, sino el pragmatismo descarnado que le impone su gravísimo apego al poder.
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