A pesar de que existen en la Argentina 31 partidos políticos nacionales y 49 agrupaciones que aguardan su reconocimiento, solo cinco están en condiciones de competir en las próximas elecciones presidenciales de 2011. Se trata de la UCR, el PJ, la Coalición Cívica-ARI, el PRO y el Frente Grande. Al momento, son las únicas fuerzas nacionales que reúnen los requisitos que exige la reforma de la ley orgánica de partidos políticos sancionada a fines del año pasado, y que ya está en vigencia. Los 26 partidos restantes, en cambio, no están inscriptos en cinco jurisdicciones, con adhesión de un piso del 4% del padrón electoral de cada distrito, necesario para ser considerado nacional a partir de la nueva norma. En la Ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, son 65 los partidos habilitados a presentarse en elecciones legislativas nacionales pero solo 24 reúnen los 4000 afiliados, cantidad mínima requerida en ese distrito para mantener la personalidad de los partidos políticos. La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad, María Servini de Cubría, quien tendrá a cargo las elecciones presidenciales de 2011, recibió ayer en el Palacio de Tribunales a 72 apoderados de partidos políticos y les recomendó que se “anticipen para resolver sus problemas”, dado que con la nueva ley “los plazos para cumplir los requisitos que impone, son improrrogables”. Si bien la magistrada reconoció que son pocos los partidos nacionales que hoy se adaptan a la nueva ley, destacó que “hay varios con posibilidades para reunir los requisitos”. Así los intimó a que adecuen sus cartas orgánicas para cumplir también con el cupo femenino en el ámbito partidario e incorporar las disposiciones relacionadas con las elecciones internas. Además, la magistrada instó al gobierno nacional a que reglamente la nueva legislación: “No estoy en contra de la ley, quiero que se reglamente por el Poder Ejecutivo, viendo los problemas de cada distrito que son diferentes”, dijo Servini a El Cronista y otros medios presentes. A principios de febrero la jueza rechazó una medida cautelar por la cual 13 partidos pidieron que se suspenda la aplicación de la nueva reforma política, pero aún no está resuelta la cuestión de fondo. En este sentido confirmó que en quince días tomará dictamen sobre los amparos presentados por las agrupaciones políticas.
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