EL TREN BALA PONE AL GOBIERNO ENTRE LA ESPADA Y LA PARED, DEBERÁ PAGAR UNA MULTA MILLONARIA.

A cuatro años de haberlo anunciado, el gobierno sigue sin saber qué hacer con el tren bala. Ahora, por la mejora del clima financiero internacional, el Estado argentino puede volver a tomar un crédito para construirlo. Pero por un acuerdo anterior, si el gobierno decide no aceptar el crédito, tendría que pagar una multa de más de 500 millones de dólares. De acuerdo con el contrato que firmó el Gobierno con el consorcio Veloxia (integrado por la francesa Alstom, la española Isolux y las argentinas Iecsa y Epema), en caso de que los seguros de la deuda argentina bajen de los 800 puntos básicos (un indicador de que el país está en condiciones de pagar sus obligaciones financieras), el Estado no está obligado a tomar créditos para el proyecto. Ocurre que ese índice estuvo por encima de los 800 puntos desde el comienzo de la crisis financiera internacional en 2008, pero ahora, tras el canje de deuda argentina, bajaron a 755. El consorcio que ganó la licitación del tren bala considera que, en ese punto, el gobierno está obligado a aceptar el crédito de más de 3.000 millones de dólares del banco francés Natixis, según dijo uno de sus miembros al diario El Cronista Comercial. “Por encima de los 800 puntos básicos el costo del financiamiento ronda un 17% anual en dólares, pero por debajo se ubica debajo de 10 por ciento. Si no toman el financiamiento muy barato que les estamos ofreciendo, es causal automático para que el consorcio pida la rescisión del contrato, que implica una compensación de un 15% del monto total”, afirmó una fuente del proyecto al matutino. Es decir, el gobierno tendría que abonar 500 millones de dólares. El tren bala fue anunciado durante el mandato de Néstor Kirchner, el 26 de abril de 2006. Cristina Fernández firmó el contrato con Veloxia dos años después. Las críticas al proyecto, el conflicto con el campo y la crisis internacional pusieron al tren bala en un limbo. El consorcio ganador de la licitación quiere una definición del gobierno sobre el tema, ya que éste pide mantener el proyecto a flote pero no lo termina de concretar.