lunes, 3 de diciembre de 2007

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SUSPENDERIA LA FERIA JUDICIAL.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) podría poner en discusión la suspensión de la feria judicial, tras el paro de los empleados afiliados a la Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ) que se extendió por más de 100 días. Esas medidas de fuerza fueron un golpe al corazón a la alicaída justicia riojana, que según estadísticas tan solo el 1 por ciento de las causas llegan a juicio, y eso ya tiene sus repercusiones en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) con el malestar de los internos. El conflicto de los trabajadores judiciales se extendió por casi cuatro meses y luego se reinició la actividad en el marco de las demandas salariales del sector, que solicitó la ley de enganche, es decir que se iguale los sueldos que se pagan a nivel nacional. Ahora el máximo tribunal pondría en discusión que la feria no se extienda por un mes sino que sea acotada o suspenderla, con el fin de acelerar el proceso judicial.El conflicto tuvo varias aristas, ya que la ATJ había presentado un recurso de amparo ante el TSJ en donde “pedimos la inconstitucionalidad del Decreto 1.774 y la aplicabilidad de la Ley de Presupuesto”, informó en ese momento el sindicalista Horacio Juárez. Los trabajadores judiciales reclamaban la aplicación de la norma a partir de la cual deben asignarse 15,5 millones de pesos para el blanqueo de sus salarios. Hasta ahora el Gobierno sólo dispuso incorporar unilateralmente 115 pesos al básico, decisión que el gremio judicial rechaza. Previo a la última decisión gremial, hay que recordar que los trabajadores judiciales levantaron la medida de fuerza en dos oportunidades. La primera fue a fines de julio cuando el gremio judicial levantó el paro por una semana para concurrir a una serie de reuniones con el ministro de Gobierno y Derechos Humanos Lázaro Fonzalida. Y el segundo levantamiento ocurrió el 7 y 8 de agosto cuando la Asociación depuso la medida para acudir a la conciliación obligatoria con el Gobierno Provincial en las instalaciones de la Subsecretaría de Trabajo. El 14 de agosto la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Nicolás Maza, declaró ilegal todas las medidas de fuerza dispuestas por los trabajadores dependientes del Poder Judicial nucleados en la ATJ.Los abogados, otros de los damnificados por la medida de fuerza, en varias ocasiones intentaron mediar ante las autoridades para solucionar el conflicto. Sin embargo, nadie respondió al pedido. Tanto los miembros del Colegio como el Consejo de Abogados acompañaron a los trabajadores en las diversas marchas que realizaron por las calles céntricas. Tras fracasar las opciones para superar el conflicto sindical que mantenía paralizado el servicio de Justicia, ambas entidades intentaron consensuar una posición para determinar los pasos a seguir

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