EL GOBIERNO AVANZA PREPARANDO A JUECES Y POLICIAS.

Finalizaron las Primeras Jornadas y Talleres sobre la Ley de Desfederalización de Estupefacientes, organizadas por la Escuela de Capacitación Judicial, "Doctor Joaquín Víctor González", dependiente del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Gobierno. La capacitación estuvo dirigida a integrantes de la Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Escuela de Policía y avanza pese a que desde el propio seno del gobierno se ha puesto en duda la capacidad del Estado provincial para entender en las causas judiciales por drogas, tal cual lo expresado el viernes por el ministro de Desarrollo Social, Délfor Brizuela. En cambio, el ministro de Gobierno, Carlos Luna, consideró como "un hecho trascendente el taller", y agregó que "estamos en un momento histórico porque nos hemos venido informando en cada una de las exposiciones, de las charlas, que la totalidad piensa lo mismo, de un modo u otro, y creo que el compromiso es una palabra que simboliza y que sintetiza el momento". Asimismo manifestó "para todos los que estamos aquí, especialmente los jueces, operadores directos de la justicia, tal vez la respuesta mas fácil a una iniciativa de estas características podría ser dejemos todo como esta, porque en definitiva la respuesta mas liviana, más descomprometida, es no meternos, y creo que hay un compromiso y que estamos dispuestos a hacernos cargo de un tema que no es fácil, de un tema que entraña muchísimo desconocimiento, de un tema que mueve intereses, y que también tiene un contexto de desconocimiento agregado a otros que podría ser hasta la mezquindad de quienes lucran con este tema de la droga". "En este lugar y nombre del gobernador y del gobierno, lo que queremos es expresarle es que existe una firme voluntad política de avanzar en este tema, estamos convencidos de que la lucha contra el delito no podrá avanzar seriamente si no damos un combate exitoso en la lucha contra las drogas", señalo el funcionario. Luna sostuvo que "hay temas como este de la seguridad en general que tienen que definir en el conjunto tres o cuatro cosas importantes, una de ellas y la central, es que necesitamos articular un nuevo discurso político que reconozca que el tema del desarrollo humano es fundamental, el tema de la inclusión social es central, el tema del reconocimiento y la posterior explicación de la multi causalidad del delito tiene que ser explicada a partir del consenso entre nosotros". "Tenemos que aprender a transmitir al resto de nuestra sociedad, que no hay una sola medida para combatir con eficacia y eficiencia el delito hay un conjunto de acciones que podemos llevar adelante, y esta adhesión a la ley de estupefacientes es una de ellas, que nos mueve a un fuerte proceso de profesionalización de la fuerza policial, de toma de conciencia en los niveles políticos, del respaldo político y económico a la Función Judicial y al Servicio de Seguridad de la Policía", enfatizó. El funcionario dijo "estamos convencidos de que nuestros jueces pueden, de que nuestra policía puede, de que entre todos podemos hacerlo, no nos resignamos a ese mensaje que nos dicen que por que hay algún juez cuestionado, o porque hay un juez preso o porque hay policías sumariados, no sirve nuestra fuerza, ni sirve nuestra justicia, al contrario hay que sostener y defender que lo que estamos haciendo es necesario para sostener la credibilidad de las instituciones". Por ultimo el ministro se comprometió en nombre del Ejecutivo Provincial a "seguir profundizando la capacitación y el respaldo para que estas acciones nos permitan salvar a nuestros jóvenes, porque la salvación de nuestros jóvenes es en definitiva la salvación de nuestra sociedad". A su turno el presidente del Tribunal Superior de Justicia y director de la Escuela de Capacitación Judicial, Ángel Ávila, manifestó que "la Escuela finaliza una nueva tarea, en este caso encomendada por el gobierno provincial, como la capacitación del personal policial y penitenciario, lo que sirvió también para nuestros propios operadores judiciales, y todos aquellos que participaron intensivamente a lo largo de estas tres semanas". "El objetivo de política criminal del gobierno provincial al adherir a la ley nacional, que permite la competencia local para algunos de los delitos previstos por la ley 23.737 como así también las figuras atenuadas cuya creación se dispone, concretamente las conductas de quienes tengan estupefacientes para consumo propio, o simplemente lo tengan, o lo comercialicen, entreguen, suministren o faciliten en dosis fraccionadas destinadas al consumidor final, son el marco legal sobre los que recaerá la investigación y el juzgamiento", señalo el funcionario judicial. El presidente del Tribunal de Justicia comentó que "en este curso expusieron operadores policiales, técnicos especializados en las ciencias forenses y también seleccionados juristas, se han brindado conocimientos no solo de las leyes que se aplicaran, sino los parámetros que devienen de aplicación obligatoria según la jurisprudencia nacional e internacional en orden a la problemática de la política criminal en materia de drogas, esencialmente algunos de los efectos o consecuencias sociales negativas". "Se han trabajado y estudiado numerosos casos para lograr la aplicación efectiva de la ley con seriedad y eficacia en el marco de la política publica racional, coherente y respetuosa de los principios constitucionales básicos, algunos temas centrales en los que se apoyo la enseñanza impartida son en primer lugar el conocimiento del tipo de drogas y la conciencia de los efectos nocivos, la detección del bien jurídicamente protegido, la tutela de la salud publica, pautas procedí mentales sobre tenencia, allanamientos, secuestros entre otras, los medios de prueba su adquisición, valoración, y cuestión procesal y por ultimo las normas de competencia que regirán a partir del 1 de enero del año próximo", explicó el miembro del Tribunal Superior de Justicia. Finalmente Ávila dijo que este curso continuará en las circunscripciones del interior y se extenderá a otros cursos que se organizaran antes de que entre en vigencia de la ley.