EN MENDOZA LA PUJA JUDICIAL SE TORNA COMPLEJA Y LA CORTE SUPREMA TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA.

Según el constitucionalista Víctor Ibáñez, la situación se ha tornado de "gravedad institucional" y sólo tendrá una resolución definitiva cuando la Corte Suprema de la Nación resuelva la presentación de Mendoza. El mapa del Nuevo Cuyo hoy es una sumatoria de cantones promocionados y no. Es que la vía judicial para la resolución del conflicto generado por el decreto 699 que extiende los beneficios impositivos por 15 años, ha permitido que la norma firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se aplique en San Juan y La Rioja (donde los jueces federales de esas provincias fallaron a favor de las presentaciones de no innovar), según el diario Los Andes. Esto sucede según el constitucionalista Víctor Ibáñez, quien señala que la situación se ha tornado de "gravedad institucional" y sólo tendrá una resolución definitiva cuando la Corte Suprema de la Nación resuelva la presentación de Mendoza. La promoción industrial siempre fue un latiguillo inentendible para los ciudadanos de a pie. Ahora la cuestión se ha complicado más aún, gracias al capítulo judicial que inició Mendoza y en el que el resto de las provincias involucradas se embarcaron paulatinamente. Todo empezó con la presentación de la Provincia ante la Corte Suprema por inconstitucionalidad del decreto 699. Luego, llegó la presentación de la Cámara de Comercio de San Rafael ante el juez federal Héctor Acosta, quien hizo lugar al pedido de los empresarios y suspendió la aplicación hasta que se defina la cuestión de la inconstitucionalidad del decreto. Y luego, las provincias de San Juan y La Rioja respondieron por la misma vía, en los juzgados federales de primera instancia de su tierra, quienes definieron en contrario de Acosta. Según Ibáñez, esta sucesión de fallos hace que el decreto esté vigente en San Juan y en La Rioja, mientras que en Mendoza rige la decisión de Acosta. "Esto sucede por que el control de la constitucionalidad es difuso. Todos los jueces pueden hacerlo. Esto permite que hayan surgido fallos discordantes" en las distintas provincias. La Corte Suprema tiene la última palabra y es la que define finalmente, por lo que Ibáñez entiende que el máximo tribunal debe apurar el caso presentado por Mendoza para cerrar el conflicto generado por estos "fallos discordantes". "No necesariamente tiene que resolver la cuestión de fondo, pero sí puede resolver si el decreto se aplica o no hasta que esté resuelta la inconstitucionalidad". Según el letrado, el decreto 699 es inconstitucional por exceso de delegación legislativa. Pero sostiene que es posible que la Corte no defina la situación de fondo ajustándose a derecho, puede dirimir el conflicto con una resolución equitativa para todas las partes "como se hizo en el caso de Mendoza y La Pampa por las aguas del Río Atuel". El intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, promete apoyar al Gobernador en caso de que "tome las riendas del Gobierno, ejerza el cargo para el que fue elegido y deje las posiciones tibias" frente a las humillaciones que sufre Mendoza ante la Nación y los dichos del gobernador sanjuanino José Luis Gioja, quien "basureándonos a todos los mendocinos, nos tilda de perros del hortelano. El Gobernador se tiene que pone los pantalones y pedir un desagravio para todos los mendocinos". Cornejo señala que Jaque debe "exigir un régimen compensatorio para todas las pymes" afectadas por la promoción, a cargo de la Nación, "ya que desde allí parten estas injustas y discriminadoras medidas" comentó.