Los microcréditos están destinados a personas, grupos asociativos de escasos recursos, y a organizaciones de la sociedad civil no lucrativas que procuren autompleo en producción de manufacturas, inserción laboral de discapacitados o comercialización de bienes y servicios urbanos o rurales, con activos que no superen las 50 Canastas Básicas Totales. Entre los beneficiarios se cuentan asociaciones sin fines de lucro, civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas. Al fundar su iniciativa, el legislador chileciteño sostuvo que “la política productiva del gobernador Luis Beder Herrera puede contar así con una herramienta para la inclusión social de los sectores más vulnerables”. También destacó que el Gobierno nacional cuenta con un fondo de 100 millones de pesos para otorgar microcréditos, con acceso desde las provincias sin límite de cantidad, es decir que lapresentación de proyectos indicará la suma a que puede aspirar la Provincia.
En consonancia con la citada ley 26.117, la norma local crea un Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, hoy a cargo de Delfor Brizuela. Entre sus principales funciones está la de administrar el Fondo Provincial específico, al que podrá incorporar fondos públicos y privados.
Contará con una Comisión Provincial con carácter descentralizado encargada de asignar los microcréditos en base al Registro Provincial de Instituciones de Microcrédito. Tendrá al frente un Coordinador General y un representante de la Cámara de Diputados, más un Consejo Asesor integrado ad honoren (sin retribución alguna). Cabe agregar que las operaciones de microcréditos estararán exentas de tributar Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos, Automotor y Aclopados, y como la ley solicita la adhesión de los municipios, en los que el pedido sea aceptado quedarán también exentos de tasas municipales. Pedroza consideró “estratégica” la norma sancionada “por cuanto se proyecta sobre la política económica, generando una estructura distinta, la de la denominada economía social, solidaria y cooperativa, diferente a la sustentada en las finanzas convencionales. Agregó que “al facilitar emprendimientos de quienes no tienen acceso al crédito bancario, los microcréditos no son sólo mensurables en términos económicos, sino en desarrollo social y humano”. Los aspectos no contemplados en la ley serán reglamentados por el Ejecutivo, quien además queda facultado para reasignar las partidas presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
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