"Pese a no haber sido aprobados nuestros proyectos por la Convención Constituyente, la Unión Cívica Radical (UCR) continúa luchando y exigiendo al oficialismo una verdadera reforma judicial, que torne operativa una auténtica independencia del Poder Judicial". Así, configurando una crítica enérgica, pese a que se formula desde la mas absoluta minoría y el silencio o la poca atención que le prestan los medios masivos, el opositor radicalismo fustigó al justicialismo por la calidad institucional que impone en la reforma de la justicia. En un documento distribuído a la prensa, la UCR sostiene que "una de las actividades fundamentales del Estado es la administración de Justicia, y la dependencia política de los jueces que la componen coloca a los ciudadanos que requieren rápida y objetiva resolución de los litigios que afectan su vida, sus derechos y sus bienes, en una situación de indefensión, ya que no sabe si en el fallo que se dicte prevalecerá lo que mande la ley o algún interés oculto de algún personaje político con influencia en el tribunal que dicta la sentencia". La UCR dice que eso "no sucedería nunca si los magistrados fueran consagrados por sus virtudes y antecedentes profesionales y académicos, y no por sus méritos políticos". En la Convención Constituyente el radicalismo dice haber "buscado, mediante propuestas concretas formuladas en proyectos, la transparencia en la designación y además, garantizar la idoneidad no solo de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, sino también del Fiscal General y del Defensor General". "Para ello hemos propuesto modificar la integración del Consejo de la Magistratura, incluyendo representantes de los sectores políticos, de los jueces de todas las instancias, del Colegio y Consejo de Abogados, y del ámbito Académico, en número igualitario para asegurar el equilibrio que debe existir en la toma de decisiones", subraya el radicalismo. "También propusimos que el Consejo de la Magistratura efectúe una selección de aspirantes evaluando y analizando los antecedentes de los postulantes mediante un concurso público y abierto y emitiendo luego una propuesta vinculante para el Gobernador, siempre respetando un “estricto” orden de mérito en los postulantes", añade la oposición.
"Creemos que resulta imperioso dinamizar la Justicia, fortalecerla y dotarla de independencia, y esto se logra despolitizando la designación y destitución de los jueces. Es el único camino, ninguna otra reforma será sustancial si primero no se concreta en la práctica la independencia del poder judicial, tan brillantemente declamada en el Artículo 128 de nuestra Carta Magna", sostiene el radicalismo. "Lamentamos que el oficialismo en la provincia no haya seguido el modelo del kirchnerismo de la provincia de Chaco, donde el gobernador Capitanich acaba de enviar un proyecto para la modificación de la Constitución Provincial, con el objeto de introducir el previo concurso público de antecedentes y oposición, como requisito para la selección de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General de la Provincia del Chaco".
"El estado actual de crisis institucional que padece nuestra Provincia se debe, entre otras cosas, a la manifiesta falta de independencia del Poder Judicial local, por lo que podemos afirmar que no habrá democracia en La Rioja mientras no se haga realidad este principio fundamental del Estado de Derecho, único camino para que el Poder Judicial esté integrado por dignos profesionales que se dediquen a administrar justicia de acuerdo a la Ley y no a las órdenes dadas por el político que los nombró y al que deben obedecer para no ser destituidos", remarca el radicalismo. Pero ello, dice la UCR, "exige un gesto de grandeza republicana por parte de quienes detentan el poder político, y más aún, supone un cambio en el modelo político institucional que, evidentemente, el Gobierno no está dispuesto a concretar". "Una reforma más. Una histórica oportunidad de comenzar a corregir viejos errores, lamentablemente desaprovechada", concluye lapidariamente el radicalismo.
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