LA SENADORA TERESITA QUINTELA IMPULSA EL ABORTO NO PUNIBLE.

El kirchnerismo impulsa en el Senado una reforma al Código Penal para evitar que se produzcan dilaciones arbitrarias en la realización de los abortos no punibles. Con el caso de María, la niña de 15 años violada de Comodoro Rivadavia, que todavía espera una autorización de la Justicia para interrumpir la gestación forzada, como telón de fondo, tres senadoras del Frente para la Victoria y dos de Tierra del Fuego, aliados al oficialismo, presentaron un proyecto de ley que clarifica con una interpretación amplia los permisos para abortar vigentes y castiga con prisión de un mes a dos años a las autoridades hospitalarias que no garanticen su acceso en un plazo de tres días. “Sería un primer eslabón, una primera respuesta frente al problema del aborto. En el resto del bloque hay acuerdo”, señaló a Página/12 la senadora del FpV Nancy Parrilli (Neuquén), quien acompaña con su firma la iniciativa elaborada por su compañera de bancada Elena Corregido (Chaco). El proyecto se presentó el mismo día que volvió a ingresar a la Cámara de Diputados el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que despenaliza esta práctica dentro de las primeras doce semanas del proceso gestacional. En diálogo con este diario, ayer Corregido se mostró de acuerdo con una ley “de plazos” que legalice el aborto. “Los argentinos nos debemos una discusión sobre el aborto. Podríamos tomar el ejemplo de España”, consideró Corregido. Pero en lo inmediato, indicó, se debe clarificar el alcance del artículo 86, inciso 1º y 2º, que define los permisos para interrumpir voluntariamente un embarazo. “Estamos aclarando un artículo para que nadie pueda desde su posición ideológica impedir el ejercicio de un derecho”, señaló Corregido. “Obligar a cualquier mujer que fue violada a llevar a término un embarazo implica, como dijo el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, atribuirles a las mujeres actos heroicos que el Derecho no puede imponer”, agregó. El proyecto modifica el artículo 86 y establece que el aborto no será punible en las siguientes circunstancias:

1. Si se realiza para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. En este caso, el concepto de salud “será interpretado de manera integral como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad”. 2. Si la mujer necesita recibir tratamiento médico y éste estuviera contraindicado durante el embarazo. Este permiso está inspirado en el caso de Ana María Acevedo, la joven de 20 años santafesina, que tenía tres hijos, y murió el 17 de mayo de 2007, luego de que se le negara el tratamiento que requería por padecer un cáncer de mandíbula debido a que estaba embarazada. 3. Si el embarazo fuera consecuencia de una relación sexual no consentida o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer. En estos casos, no exige que haya denuncia penal. La iniciativa establece que el peligro para la salud o la vida de la mujer deberá “ser avalado por la opinión de un profesional matriculado de la salud, distinto del que practique o dirija la intervención”. En ningún caso, señala, se requerirá la opinión de un “Comité de Etica”. Los abortos no punibles deberán realizarse en los servicios públicos en un plazo no mayor a tres días desde su solicitud. El proyecto contempla la objeción de conciencia, que deberá ser declarada por escrito. Pero se aclara que no podrá ser “institucional”, por lo que “las autoridades de las instituciones públicas de salud deberán garantizar los recursos físicos y humanos para el ejercicio del derecho que esta ley confiere a las mujeres”; de no hacerlo en un plazo de tres “se los considerará comprendidos dentro de las causales del artículo 248 del Código Penal”, que castiga el incumplimiento de los deberes de funcionario público. El proyecto lleva las firmas de las kirchneristas Corregido, Parrilli y de Teresita Quintela (La Rioja), José Carlos Martínez y María Rosa Díaz, del bloque Afirmación por una República Igualitaria, de Tierra del Fuego, aliados al oficialismo. “El Estado tiene que poner luz en este asunto”, dijo Corregido y consideró como una “situación de profunda injusticia”, los obstáculos que enfrentan las mujeres en el país para acceder a un aborto no punible.