La presentación de distintos organismos en la audiencia pública no vinculante donde se revisará el contrato entre el Estado Provincial y Aguas de La Rioja dejará a un paso la determinación sobre el futuro de la firma en la Provincia. La audiencia, que en principio fue establecida para el pasado 4 de noviembre, fue prorrogada y aún no tiene fecha. El proceso fue iniciado el pasado 29 de septiembre en el marco de la intervención del servicio por 90 días dispuesto por el Ejecutivo provincial mediante el decreto Nº 1238/09. La audiencia pública se concretará en los términos del artículo Nº 40 de la Ley Nº 6281, que establece el Marco Regulatorio del Servicio de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales; y el procedimiento aplicable será el reglamento de audiencias públicas, establecido por resolución EUCOP Nº 009 del 24 de agosto del 2006, que ya está homologado y que determina que el público podrá participar oralmente en la audiencia. Los resultados de la audiencia pública se procesarán por el EUCOP y luego se dará a conocer el resumen con el informe técnico. Existen varias organizaciones interesadas en participar de este mecanismo que no es vinculante. Entre ellos el radicalismo que ya anunció su participación en la discusión del contrato de la empresa que tiene concesionado el servicio en Capital, Chilecito y Chamical. Este último vive una crisis hídrica que llevó a racionalizar el uso del agua. Hace dos semana el interventor de la firma Juan Luna Corzo aseguró que la empresa tiene un pasivo de 35 millones de pesos y que la situación financiera de la privatizada es por demás delicada. Luna Corzo informó que este pasivo fue detectado a partir de la auditoría realizada por la UCI al tiempo que destacó que la firma le reclama al Estado provincial una deuda de 20 millones de pesos que -afirmó- "se deberá revisar". El funcionario criticó a la empresa y la responsabilizó por la crisis hídrica que atraviesa la ciudad de Chamical al sostener que no hizo inversiones para evitar dicha crisis. El funcionario también recalcó que para el Estado el objetivo primordial es priorizar la prestación del servicio y los derechos de los usuarios por encima de cualquier otro interés. Por ahora el gobernador Luis Beder Herrera descartó la estatización del servicio de agua.
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