LA EMPRESA AGUAS DE LA RIOJA PIDE UNA INDEMNIZACIÓN DE 12 MILLONES DE PESOS A LA PROVINCIA.

Los representantes de la empresa Aguas de La Rioja, que hasta tenía la concesión del servicio de agua potable en los departamentos Capital, Chamical y Chilecito hasta el pasado mes de enero, mantienen su decisión de optar por un perfil muy bajo en el conflicto que se instaló luego de la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado provincial contra la ex concesionaria, desde la empresa insisten en que ciertos aspectos de la causa judicial que se desarrolla en los estrados judiciales riojanos no son correctos, aseguran tener los elementos que demuestran que la Provincia no cumplió con el contrato de concesión y que se realizaron las inversiones que en su momento se habían pautado con las diferentes autoridades provinciales que gobernaron La Rioja. El silencio de la entidad de capitales correntinos también se relaciona con el compás de espera que determinaron sus responsables, para analizar qué camino van tomando las medidas judiciales iniciadas por el Fiscal de Estado y ahora impulsadas por la Fiscalía General. Pero ese silencio sería la estrategia para reclamar una indemnización de 12 millones de pesos por el corte unilateral del contrato de concesión, ya que fue el Estado quien dio por terminada la relación en forma unilateral. El pedido habría llegado a la justicia provincial, quien no lo avalaría, pero todo llegaría a la Corte Suprema de Justicia, que podría transformarse en un mega juicio contra el Estado provincial, que en caso de perderlo sería pagado con la coparticipación federal. Mientras tanto, asesores de la Legislatura destacaron que los propios legisladores se habrían dado cuenta que todas las objecciones realizadas a la empresa Aguas de La Rioja, como contratos laborales, no les compete a ellos, ya que es una política exclusiva de la firma concesionaria. Es decir, que bajo ese argumento, los diputados podrían investigar cualquier política interna de empresas privadas radicadas en la provincia. Hay que destacar que el contrato de concesión, al igual que con la empresa EDELaR, es muy básico debido a que son meramente distribuidores de lservicio y todo el peso de la inversión corre por cuenta del Estado. Este jueves hubo una señal clara de la Legislatura, ya que la ley de creación de la empresa que tendrá a su cargo el servicio de distribución de agua potable para las ciudades capital, Chilecito y Chamical, pasó para la próxima sesión. Los diputados decidieron continuar con el tratamiento y estudio de toda la documentación que conformará la nueva empresa, con participación estatal mayoritaria, con el fin de no cometer los mismos errores. El tratamiento del proyecto de ley para la conformación de la empresa, habría sido uno de los temas más importantes que tenía la Legislatura para tratar y aprobar, pero en la Comisión de Trabajo Parlamentario, a instancias del Frente Cívico y Social-UCR, se solicitó una prórroga a los fines de concluir y acordar las formas de control externo que tendrá la SAPEM, moción que se consensuó. De esa forma, el tratamiento y posible aprobación quedó para la próxima sesión. Por su parte, la causa judicial en la cual se investiga a la ex concesionaria de agua potable, Aguas de La Rioja, tuvo en las últimas horas importantes novedades. Los fiscales Emilio Canavesio y Cristina Fernández del Moral de Santander liberaron varios oficios para tratar de determinar la veracidad de lo denunciado por la Fiscalía de Estado provincial. Uno de los oficios fue dirigido al Ente Único de Control de las Privatizadas (EUCOP). Al organismo encargado de controlar a la empresa concesionaria, se le solicitaron datos sobre: los bienes muebles de la entidad, los bienes inmuebles de la empresa, copia del contrato de concesión del servicio en los departamentos Capital, Chilecito y Chamical e inventario de las posesiones de la empresa de capitales correntinos. En ese mismo oficio se pide que se precise si la empresa pagó el canon mensual que determinaba el convenio legal y las tasas correspondientes. Otra de las medidas judiciales se dirigió al Ministerio de Hacienda de la Provincia, que comanda el ministro Ricardo Guerra. En este caso la Justicia quiere saber cuántos recursos le aportó la Provincia a la concesionaria y en qué momento histórico se realizaron esos aportes.