EL 30% DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS GANAN MENOS DE DOSMIL PESOS.

Son tres millones de argentinos según el Indec. No llegan a cubrir la canasta básica de alimentos y sus sueldos están lejos de alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que es de 1.500. La odisea cotidiana de sobrevivir con diez billetes de cien. Estos tres millones de personas concentran el 8,9% de los ingresos y suelen ser empleados informales o trabajadores de media jornada. Se beneficiaron de la Asignación Universal por Hijo implementada por el Gobierno, aunque ahora la inflación está erosionando el poder de compra de sus ingresos. Más de tres millones de trabajadores cobran en mano salarios menores a los mil pesos mensuales. El 10% más pobre gana en promedio $ 251, el siguiente 10% alcanza los $ 576 y el posterior grupo llega a $ 914. Todas estas personas no obtienen el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que es de $ 1.500, y debería actuar como el piso salarial para los que no se encuentran en los Convenios Colectivos de Trabajo. Tampoco pueden comprar la canasta básica empleada para calcular la pobreza, que contiene alimentos y servicios básicos. El INDEC informó que a fines del año pasado costaba $ 1.020, y las consultoras aseguraban que estaba en torno de los 2 mil pesos. En el otro extremo, la situación del 10% más rico es completamente distinta: ganan desde $ 3.800 hasta $ 50 mil, concentran el 28,2% del total de los salarios que se pagan en el país y cobran 22 veces más que el decil más pobre. “La mayoría son salarios informales y están por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, aseguró el director de la consultora SEL, Ernesto Kritz. El especialista en economía laboral explicó que el informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) refleja la extensión del mercado no registrado, porque esta situación afecta a cerca del 25% de los trabajadores. Kritz agregó que una de las primeras medidas para combatir el empleo en negro sería implementar un monotributo laboral para las personas que están en relación de dependencia, pero desarrollan sus actividades en comercios de pequeña escala. “Uno tendería a pensar que después de varios años de crecimiento económico la retribución al trabajo debería estar en mejores condiciones”, manifestó el economista de la UBA Javier Lindenboim. El director del CEPED agregó que “el informe del INDEC muestra que los problemas de distribución no tienen tanto que ver con la desigualdad, sino con la baja retribución del trabajo en la Argentina, y esto es importante, porque el Gobierno cree que si hay un número más grande de trabajadores se resuelve el problema de la pobreza, y no necesariamente es así”. “La Argentina tiene una economía dual porque existe un sector informal con ingresos de subsistencia, y otro más desarrollado que es más pujante y suele dedicarse a los servicios”, explicó la directora de Política Fiscal del Cippec, Luciana Díaz Freís. La investigadora aseguró que es necesario plantear medidas como el ingreso ciudadano, que actúan como un piso, y mejoran tanto la situación de los que trabajan como de los que no. También destacó la importancia de desarrollar políticas de inserción laboral para que se creen más puestos. Y de aplicar medidas tendientes a mejorar el servicio educativo y de la salud, para cubrir algunas actividades que si no correrían por cuenta de las personas. En el Gobierno reconocen por lo bajo que existe un sector de la población que arrastra problemas estructurales y que no podrá salir adelante independientemente de que la actividad económica crezca al 5 por ciento. A diferencia de los mileuristas, estas personas arrastran años de exclusión social y tienen un atraso educativo que les hace muy difícil insertarse en un mercado laboral cada vez más competitivo. Ante este panorama, la presidenta Cristina Fernández anunció a fines del año pasado la implementación de la Asignación Universal por Hijo. La transferencia consiste en girar $ 144 por mes, y después otros $ 36 que se entregan cuando se comprueba que el chico asistió a la escuela y recibió todas las vacunas. Sin embargo, como se dijo, el aumento del costo de vida fue erosionando el poder de compra de esta transferencia y deterioró la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad.